Niños adoptados en un limbo judicial: hasta 10 años esperando unos apellidos en Andalucía

Tres de cada cuatro propuestas de adopción de la Junta de Andalucía los últimos 10 años ya tienen una resolución judicial que las hace irreversibles. Sin embargo, hay un porcentaje elevado de niños que se quedan en el limbo judicial mientras se resuelven sus casos, a veces esperando más de una década para pertenecer a su nueva familia con todos los derechos. 

“Si te toca Cádiz, es la tormenta perfecta. Me lo han dicho los propios técnicos de la Junta de Andalucía: los juzgados están más colapsados que en otros sitios y encima es la provincia con más menores declarados en desamparo y, por tanto, propuestos para adopción”, explica una madre que hace 10 años que espera la resolución judicial. Ella y su marido tienen a la niña desde 2014, cuando nació, porque se la dieron en acogimiento preadoptivo con dos meses de vida. Pero después de todos estos años, la niña sigue sin tener sus apellidos. 

“Es frustrante porque ella que ya está preguntando por qué en el colegio la llaman por unos apellidos que no son los nuestros, los de sus padres. Ella dice que no quiere ser esa otra niña”, tercia el padre. “Ponte en una hipótesis: mañana yo me muero, llega la resolución judicial dentro de un par de meses. ¿Cómo va mi mujer a inscribirla en el Registro civil? ¿La dejan ponerle mi apellido o ya sólo podrá llevar los de la madre?”, se pregunta esta familia de la que, como el resto de las que figuran en este artículo, guardamos el anonimato por respeto a la intimidad de los menores. En este caso, como en otros, la oposición de la familia biológica a la retirada la lleva a litigar, y el colapso de los juzgados de familia en Cádiz entierra la resolución judicial en montañas de papeles.

“Se eternizan decisiones que lleven a los menores hasta una familia de adopción. Por otro lado, las que tienen niños de acogida esperando adoptantes no tienen contacto ni información ninguna de los juzgados. Desconocen los procesos judiciales y no tienen acceso a informe alguno. Entendemos que cualquier tipo de colapso judicial perjudica a todos los usuarios, por supuesto, con mayor sensibilidad a los menores, que son siempre la parte más vulnerable del sistema”, apuntan desde la Asociación de Adopción y Acogimiento (AFAM) con sede en Granada y que trabaja en toda Andalucía.

¿Se puede hacer algo ante situaciones tan desesperantes? Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recuerdan que el ciudadano tiene derecho a presentar quejas por dilaciones en los procedimientos, si bien no llevan un registro de cuántas han recibido por casos de adopción. Fuentes del organismo explican que “se puede acceder a la Secretaría de Gobierno del TSJA y se puede contactar por mail para detallar el caso”. Desde 2015, además, el TSJA informa en su web de todas las quejas recibidas, si bien sólo se indica su decisión y el número de procedimiento. No se aclara de qué tipo son, por lo que no es posible contar con esa información.

Todo el proceso “es eterno”

No es sólo la resolución judicial, según apuntan desde AFAM, sino que todo el proceso se prolonga demasiado, también el administrativo: “Los plazos son demasiado largos. El proceso es muy complejo, ya que se intenta determinar que las familias que quieren adoptar sean adecuadas para ello. Éstas han de cumplir determinados requisitos, hacer formación y pasar las pruebas que determinarán si son idóneas o no. Y, una vez emitido el certificado de idoneidad, comienza una nueva espera hasta que llega la asignación del menor. Son muchas las familias que están en alguna de estas situaciones”.

En opinión de esta organización, “hay que tomar conciencia de que cada día que un menor pasa sin una familia que le dé estabilidad, es un día perdido en su crecimiento físico, psicológico y emocional”. Todo esto “se comprende menos cuando hay familias que sufren larguísimas esperas esperando la asignación”.

Ponen otro ejemplo de lo duro que puede ser el proceso: el caso de tres hermanos de 5 y 3 años y otro de 11 meses, que fueron separados al retirarlos de su familia biológica y se repartieron en dos familias de acogida de urgencia. Un año después se optó por la adopción, “con la idea de mantenerlos separados como durante el acogimiento, a pesar de haber fomentado la relación entre hermanos más allá del régimen de visitas y sin tener en cuenta que los acogedores habían mantenido, con un cuidado exquisito, el vínculo entre los tres, al observar la estrecha relación existente entre ellos”. Los acogedores manifestaron su rechazo en una entrevista con los técnicos asignados al expediente de estos menores, tras la cual, les prometieron buscar una única familia.

“Tres semanas después de la reunión, informan a los acogedores de que han encontrado dos familias para sus niños argumentando que no había, en Andalucía, ninguna con idoneidad concedida para adoptar tres. Los acogedores, buscando una salida, y respaldados por las asociaciones, presionaron para que se buscasen familias valientes, con idoneidad para dos menores, dispuestas a adoptar tres de una sola atacada. Y se consiguió. No es tan difícil hacer las cosas bien, basta voluntad y no perder la idea de que estamos hablando de niños vulnerables a los que proteger”, exponen desde AFAM.

En la entidad apuntan que, “de alguna manera, la ley de protección de la infancia y la adolescencia, de 2015, obliga a la administración a escuchar a las familias que tienen a los niños de acogida a la espera de adopción, sobre cualquier aspecto relacionado con las necesidades y características del menor, debido a la experiencia y conocimiento de éstas por haber convivido, a veces durante mucho tiempo, con el mismo”. En general, reconocen, “se les escucha, pero pocas veces se tienen en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones”.

Por eso exigen que “se cumpla la ley atendiendo a los estatutos de autonomía y a los protocolos de actuación y que se refuercen las plantillas de los equipos profesionales intervinientes en todo el proceso, y al mismo tiempo, que se eviten los cambios constantes de personal”.

Desde la Junta de Andalucía exponen que la adopción responde al derecho que todo niño tiene a “crecer en el seno de una familia que vele por su desarrollo integral, cubriendo todas sus necesidades físicas, psíquicas y emocionales”. Recuerdan que en la política de protección de menores se prioriza el mantenimiento en el seno de su propia familia, apoyando a aquellas que lo necesitan con recursos en su medio. “Sin embargo, en algunas ocasiones no es suficiente porque se dan determinadas circunstancias que hacen imposible garantizar la protección del menor. En estos casos, es necesario declarar la situación de desamparo y optar por el acogimiento por parte de la familia extensa, por una ajena si no es posible y, en última instancia, por la adopción”, señalan las mismas fuentes.

Lo cierto es que la adopción se realiza siempre por resolución judicial y es la única medida de protección de carácter irreversible por expreso imperativo legal. La demanda de la mayoría de las familias es de menores de corta edad y sin problemas especiales. Sin embargo, la realidad es que aproximadamente el 70% de los niños que se proponen para adopción presentan alguna necesidad especial o característica que puede dificultar ese proceso (mayores de 7 años, grupos de hermanos, con problemas de salud, con discapacidad…). 

En los siguientes cuadros se recoge el número de propuestas de adopción presentadas por la Junta de Andalucía a los juzgados y las constituidas los últimos 10 años.  

En los últimos 10 años se han propuesto 1.651 adopciones a los juzgados, según datos de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, destacando 2023 con un total de 225 y la provincia de Cádiz, con 488. En el mismo periodo, han sido constituidas 1.238 adopciones, siendo 2021 el año récord, con 168, y de nuevo Cádiz, la provincia con más (261). Pero, precisamente, esas mismas cifras revelan que Cádiz es la provincia con mayor diferencia entre las adopciones propuestas por la Junta de Andalucía y las cerradas por los juzgados. De este modo, en una década, el porcentaje de las resueltas por los juzgados se ha situado en un 53,48%, la cifra más baja de todas las provincias.

“Los bebés no se enteran de lo que pasa”

Detrás de estas cifras, niños, con historias como las de un pequeño que fue entregado a una de las familias de acogida de AFAM recién nacido y recién salido del hospital, donde estuvo veinte días recuperándose del síndrome de abstinencia causado por el consumo de drogas durante el embarazo. “Como parecía bien y su madre había renunciado a él tras el parto, se presentaba como un 'caso caramelo' para llevarlo a adopción en un par de meses, al cumplir el plazo establecido por si la madre se retractase”, cuentan sus padres de acogida.

Pero se alargó. Tras cuatro meses, se les informó de que los padres biológicos se habían reconciliado, pese a una orden de alejamiento, que intentarían rehacer su vida, que reclamaban al niño y que se empezaría el régimen de visitas en breve. “Con seis meses, comenzaron las visitas con los padres biológicos, pero el bebé, en cuanto oía sus voces, entraba en pánico y se aferraba a los brazos de la trabajadora social que vigilaba el encuentro, sin parar de llorar. Cuando lo sacábamos de allí, tardaba días en poder conciliar el sueño, con sobresaltos cada media hora. Vista la reacción del niño y la incapacidad de los padres, cuando cumplió los nueve meses decidieron cortar las visitas y pasarlo a adopción”, explican.

Incluso así “pasaron otros seis meses para que entrara en la 'bolsa para adopción'”. Cuando tenía casi año y medio les avisaron de que había una familia interesada en adoptarlo y que, como se acercaban las vacaciones de verano, intentarían hacer el trámite rápidamente para no extenderlo hasta otoño. “Lo que no nos comunicaron era que el desacoplamiento, terminología técnica, o transición, como preferimos llamarlo nosotros, sería de tres días, con la excusa de que los bebés no se enteran de lo que pasa. Después de discutir sobre lo inconveniente de tanta premura, tras dieciocho meses de convivencia con él, conseguimos prolongar a seis días el periodo de transición, obtuvimos en veinticuatro horas fotografías y vídeos y procuramos preparar al bebé para que el cambio de familia fuese lo más natural posible. Pese a todo, fue un éxito y aceptó a sus nuevos padres sin mayores problemas en un tiempo récord. Si se puede llamar así, puesto que sus padres llevaban nueve años esperando un bebé y tuvieron que llevárselo sin la documentación pertinente porque no habían tenido tiempo de prepararla”.