El pasado mes de diciembre, hace apenas unos meses, el Partido Popular de Andalucía se abstuvo de la tramitación de la propuesta de Ley de Concordia entre los españoles del partido de extrema derecha Vox. Esta iniciativa hubiera permitido derogar la vigente Ley de Memoria Histórica de Andalucía de 2017, aprobada sin votos en contra, y que dio lugar a un marco normativo que, ya con el Gobierno de la Junta en manos de los populares, no se ha desarrollado. No es de extrañar después de que Mariano Rajoy presumiera en 2015 de asignar “cero euros” a la Ley de Memoria Histórica nacional, a la que se opuso el PP en 2007. El PP no aludía ni a la “memoria histórica” ni a la “concordia” en su programa de 2018 (aunque sí en los acuerdos de investidura con los de Abascal) mientras que en el de ahora de 2022 promete aprobar “una Ley de Concordia de Andalucía que apueste por la convivencia y la dignidad de las víctimas”.
Del 15 de marzo de 2017 al 15 de diciembre de 2021, de una abstención a otra, pasaron 1.736 días. En ese intervalo de tiempo, tres años y medio gestionando las políticas de memoria histórica en manos de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP), quien considera que “no es bueno buscar el conflicto desenterrando esos horrores”, en alusión a la presencia de los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano en la basílica de la Macarena de Sevilla.
La administración autonómica “se atribuye méritos pero no hace nada”, ha denunciado en los últimos meses la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, en referencia principalmente a las actuaciones en las fosas. “Hay mucha gente que está sufriendo por no saber dónde están sus seres queridos y yo estoy volcada en eso”, dijo la consejera en aquellas mismas declaraciones.
Pues bien, la Junta, a través del Comisionado de la Concordia, este sí creado en 2020, ha “colaborado” para la exhumación de 607 víctimas o cuerpos, en palabras de la propia consejera en uno de los escasos balances que ha hecho de su gestión en torno a la materia, aunque los expertos aseguran que es una cuenta difícil dado el estado de muchos de los restos. Según detallan las asociaciones memorialistas, a falta de un balance oficial por parte de la Consejería de Cultura, la administración autonómica “se arroja como mérito propio los convenios con otras administraciones, la financiación de otras administraciones y las intervenciones anteriores ya aprobadas y comprometidas”. Dice el portavoz de la coordinadora, Antonio Manuel Mateos, que “la única aportación” para ejecutar convenios que ha realizado la Junta en la actual legislatura ha sido la de los 265.000 euros, como ya informó este medio, correspondientes al primer pago del convenio firmado con Ayuntamiento de Sevilla, Diputación y Gobierno de España para exhumar los cuerpos enterrados en la fosa común de Pico Reja, que data de 2017. “La Junta se limita a anunciar actuaciones en fosas, pero ni interviene ni financia”, resume Mateos, en alusión a la “inacción” de la Junta.
“Nada” se sabe de las actuaciones del comisionado, Francisco Javier Arroyo Navarro, según lamentan fuentes de la coordinadora de asociaciones memorialistas, que lamentan que “incluso se ha ausentado de reuniones”. Una de sus apariciones fue en la fosa 702 de Jaén cuando se iniciaron los trabajos, financiados por el Estado. Allí comentó a representantes de una asociación jiennense “que si estaba la zona en mal estado, se podía hacer un monumento”. “El monolito lleva más de diez años hecho. Ese es el nivel del 'comisionado fantasma'”, denuncian las fuentes, que añaden que hacía alusión al estado de un cementerio antiguo, el de Jaén, con una tierra que corroe los cuerpos, por lo que había dudas de si los trabajos de exhumación podrían recuperar restos de víctimas de la represión.
El balance que hace la Junta en este ámbito “durante los años de Gobierno de Juanma Moreno” en su programa electoral para el 19J es reivindicar “por la vía de los hechos otro de los grandes legados de la Transición: la búsqueda del consenso y el acuerdo con el que piensa diferente”, con “la concordia como la hoja de ruta que ha marcado nuestras actuaciones, frente a aquellos que quieren volver a las dos Españas ya superadas”. Cierto es que los programas no repasan las actuaciones que se han hecho, pero la Consejería, pese a la insistencia de este periódico en los últimos meses, no atiende a la petición de información en ese sentido.
El PP opina que “la división y el enfrentamiento deben salir de la hoja de ruta de Andalucía” y que “es el momento del encuentro y la unidad entre andaluces”, por lo que apuesta por “la Concordia para mirar al futuro y también al pasado”. “Cuando algunos se empeñan en devolver a nuestra sociedad a las dos Españas, con discursos de división y rencor, nuestra respuesta seguirá siendo concordia y encuentro. Así lo hicieron los protagonistas de la Transición. Debemos poner en valor su legado como la mejor garantía de convivencia”, dice el PP en su nuevo programa. Acto seguido señala, eso sí, que “siempre tendremos presentes a las víctimas del terrorismo, muchísimos de ellos andaluces. Ellos son la conciencia de la democracia española. Los asesinos intolerantes les arrancaron la vida y nosotros honraremos siempre su memoria”.
En cuanto a otras cuestiones relativas a la memoria histórica durante la legislatura, la Junta justificó a finales de marzo que no se hubiera reunido desde su aprobación, en julio de 2020, el Comité Técnico que debe relacionar los elementos contrarios a la memoria histórica que deben ser retirados o eliminados en Andalucía. La consejera Del Pozo explicó que la normativa “no establece un número concreto de reuniones ni una periodicidad en el tiempo para su convocatoria” y que solamente había habido cuatro solicitudes en ese sentido.
Este tema en concreto, según la denuncia de las asociaciones memorialistas, ha permitido “conflictos” como los ocurridos tras la retirada de la cruz de homenaje en Aguilar de la Frontera (Córdoba), la revisión en la nomenclatura de calles en Córdoba, el espacio dedicado en El Puerto a “un teórico del franquismo” como José María Pemán o no abordar la retirada de los restos de Queipo de Llano de la basílica de la Macarena.
Otros “incumplimientos”, según las denuncias de la coordinadora de entidades, es que “no se ha completado ninguna tramitación de nuevos lugares ni senderos de Memoria de Andalucía” mientras “siguen aguardando 34 solicitudes de inscripción” en el inventario. También denuncia la coordinadora que de las subvenciones de 2020 para proyectos de investigación en materia de memoria histórica que ascendían a 260.000 euros se financian 20 proyectos (nueve ayuntamientos, siete asociaciones y cuatro universidades) por valor de 75.000 euros (un 29% del presupuesto previsto). “Y en este 2021, solo se ha ejecutado el 0,74%”, ha subrayado el portavoz.
También merece la pena recordar la manifestación del pasado 13 de noviembre en las calles de Sevilla en la que el movimiento memorialista andaluz, junto a otras organizaciones, partidos y sindicatos, exigieron a la Junta que cumpla la Ley andaluza de Memoria. “Esto es un problema de todos los demócratas, de izquierdas o de derechas. Nos jugamos el futuro, no el pasado, y de eso tiene que darse cuenta la sociedad, porque es una cuestión en la que cabemos todos. Las leyes hay que cumplirlas, te gusten más o te gusten menos”, denunciaron en aquella movilización.
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