Durante los últimos 21 meses de tramitación intermitente de la ley para regularizar cultivos de regadío junto a Doñana, el Gobierno andaluz, PP y Vox siempre han defendido que se trataba una norma “de ordenación del territorio” —recalificación de parcelas de secano a regadío—, pero no de gestión de recursos hídricos. Por eso, argumentaban, la ley se ha tramitado en la Comisión parlamentaria de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, y no en la de Medio Ambiente o en la de Agricultura y Agua.
Sin embargo, durante el próximo mes en el que tendrá lugar la negociación entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para acordar una solución al conflicto de Doñana —con la ley suspendida en el Parlamento—, la Consejería de Articulación Territorial no formará parte del equipo negociador designado por el presidente Juan Manuel Moreno.
La primera reunión bilateral se celebró este lunes en Sevilla, con la presencia de tres consejeros andaluces y sus viceconsejeros: el titular de Presidencia, Antonio Sanz; el de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco; y la de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Local, Carmen Crespo. La responsable de ordenación del territorio, Rocío Díaz, ha sido excluida de la mesa de negociación, porque su consejería —donde se enmarca la ley— “no tiene competencias en las áreas que se van a tratar”, confirman fuentes del departamento.
El encuentro se ha demorado más de dos horas y media. Ambas partes han lanzado el mismo mensaje, sin detalles sobre el contenido, pero subrayando “la sensación” compartida “de haber avanzado”. Por parte del Ministerio, los representantes han sido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela; la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, y el director de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Rodríguez.
Los tres consejeros que negocian en nombre de la Junta de Andalucía son los que arroparon a Moreno, la semana pasada, en la reunión y posterior comparecencia conjunta con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Palacio de San Telmo, para anunciar que se suspendía la tramitación de la polémica ley para negociar una solución alternativa con los 350 millones de euros extraordinarios que ofrece ahora el Gobierno.
La ausencia en la mesa de negociación de la consejera responsable de la ordenación del territorio contradice el relato con el que el PP ha defendido la ley de regadíos durante los últimos 21 meses. La proposición de ley de PP y Vox se estaba tramitando en la comisión de Fomento del Parlamento, porque los populares siempre han mantenido que la norma “regulaba una cuestión relativa a suelos, no al agua”.
Sin embargo, para el Gobierno, los grupos de izquierdas en la oposición, la comunidad científica y los ecologistas, este argumentario del PP no era sino “un eufemismo”. Un “trampantojo” -en palabras de Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana- por el que la ley permitía recalificar parcelas de secano en cultivos de regadío, pero sin agua. La Junta facilitaba derechos de agua, pero las competencias para conceder ese agua dependían del Gobierno central (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), manifiestamente en contra de la medida y de ampliar la zona regable.
Este planteamiento llegó a manos de la Comisión Europea que, con el borrador de la ley en la mano, advirtió a España de que se exponía a sufrir multas millonarias si la norma andaluza llegaba a aprobarse tal cual (con la reapertura del procedimiento de infracción por incumplir el compromiso de preservar el acuífero de Doñana, ya muy sobreexplotado).
El inicio de las negociaciones entre la Junta y el Ministerio de Transición Ecológica ha resituado el marco de debate en el lugar que siempre denunciaron los sectores más beligerantes contra la ley: “disociar la regularización y ampliación de cultivos de regadío en el entorno de Doñana del debate sobre la crisis hídrica que afecta al Parque Nacional y a toda Andalucía es falaz”, advirtió el propio Delibes en el Parlamento.
Una y otra vez, el PP siguió defendiendo que “ninguna parte de la ley habla de agua”, de hecho, su portavoz parlamentario, Toni Martín, corrigió durante meses a los periodistas cuando le preguntaban directamente por “la ley de regadíos” junto a Doñana. “Es una ley de ordenación del territorio y recalificación. Nosotros no tenemos competencias en materia de agua”, aseguraba.
La semana pasada, tras sellar un principio de acuerdo con la ministra Ribera, el presidente Moreno escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Posponemos un mes el debate de la Ley de Regadíos para favorecer un acuerdo positivo para todos”, asumiendo abiertamente que la norma genera expectativas de riego en parcelas de secano (con agua “en superficie”, que en teoría debe ser trasvasada con infraestructuras hidrológicas estatales que aún no están construidas).
Aunque Moreno hizo suya la reivindicación de los agricultores y la proposición de ley registrada por PP y Vox -antes de las elecciones andaluzas de 2022-, formalmente el proyecto no emana de su Gobierno, sino de su grupo parlamentario, que lo registró como una propuesta de “calificación del territorio”.
Eso permitió a la Junta eludir los informes técnicos y jurídicos obligatorios para poder impulsar un proyecto de ley directamente desde el Consejo de Gobierno. Los letrados de la Cámara también emitieron un informe reprochando al Ejecutivo que hubiera elegido la fórmula de ley para regular algo que podría haber aprobado directamente como un decreto, sin necesidad de involucrar al Parlamento. “No es justificado” ni “razonable” ni “proporcionado” crear una “ley singular” para regularizar unos cultivos de regadío junto al Parque Natural, cuando la Junta podría hacerlo aprobando un reglamento con la recién aprobada Ley andaluza del Suelo.
El PP defendió la vía de la proposición de ley, argumentando que era “más democrática”, porque permitía hacer partícipe a los grupos de la oposición y a los agentes sociales y económicos en el trámite de audiencia. En realidad, el contexto electoral y la competición entre PP y Vox por el voto rural tuvo un peso significativo en este embrollo, como han admitido ambos partidos a posteriori.
El grupo ultraderechista se adelantó al registrar la proposición de ley en esta legislatura [en el mandato anterior lo hicieron de la mano, también con Ciudadanos], empujando a los populares a impulsar un texto alternativo para evitar que el grupo ultraderechista capitalizase la indignación y el favor electoral de los agricultores que esperan ver regularizadas sus tierras.
La ley no cuantifica la superficie total amnistiable -muchos de ellos han sido multados por esquilmar el acuífero de Doñana-, ni el PP ha dado nunca la cifra exacta, aunque la Junta notificó a la Comisión Europea que ascendían a 748,62 hectáreas. La pelea por el relato -si la norma hablaba o no implícitamente de un agua que no existe- se ha desarrollado en el Parlamento andaluz con todas estas contradicciones.
Aunque la ley se tramitaba en el marco de Articulación del Territorio, ni la consejera del ramo actual ni su predecesora [Marifrán Carazo, actual alcaldesa de Granada], han tenido que responder jamás a preguntas de la oposición sobre dicha ley en el Pleno en los últimos 21 meses. Los grupos de izquierdas -Por Andalucía y Adelante Andalucía- dirigían preguntas al Consejo de Gobierno -sin precisar qué consejería era la competente para responder-, los servicios de gestión parlamentaria estudiaban el contenido de la pregunta, proponían qué miembro de la Junta debía responder y la Mesa tomaba la última decisión. En todos los casos, confirman fuentes parlamentarias, el interlocutor fue siempre el consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta -en una ocasión el de Presidencia-, pero nunca la de Fomento.
La consejera de Fomento no tiene que dar cuenta ni defender esta ley en comisión parlamentaria, al ser una iniciativa de dos grupos (PP y Vox). Sólo una vez, el pasado abril, el diputado socialista Mario Jiménez, le preguntó sobre la polémica orden desde el ámbito de sus competencias: el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas en la Corona Norte de Doñana, de 2014 [el llamado Plan de la Fresa]; y el POTA o Plan de Ordenación Territorial de Andalucía.
La respuesta de la consejera fue tan política como lo había sido la pregunta: “En 2014, el anterior Gobierno socialista legalizó 9.300 hectáreas [de 11.000]. ¿El problema de Doñana en la actualidad se soluciona dejando sin cobrtura legal 700 hectáreas? El Gobierno andaluz cree firmemente que es posible alcanzar una sostenibilidad real salvaguardando los valores de Doñana y ofreciendo una solución a las 650 familias que el PSOE dejó injustamente fuera de la regularización de 2014”.
La negociación Gobierno-Junta de Andalucía discurre en paralelo a los principales actores afectados. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, autorizó un “plan de acción” para solucionar el conflicto en Doñana que trascendía al Ministerio de Transición Ecológica, aunque todo esté pilotado por Ribera.
Se ha implicado a seis ministerios y un presupuesto estimado de 350 millones de euros para activar un plan de desarrollo económico y social para la comarca onubense. La filosofía de partida pasa por diseñar una alternativa viable a la limitación de la producción del cultivo de la fresa en el entorno de la mayor reserva natural de Europa, el mismo esquema que se ha usado en el Mar Menor o en la reconversión del sector minero de Asturias con los cierres de las minas en los años 90.
A falta de perfilar los detalles, la música de fondo ya ha despertado la susceptibilidad de los agricultores más esperanzados con la ley que acaba de frenarse en el Parlamento. El portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Julio Díaz, ha admitido este lunes su “escepticismo” y defiende que “es compatible aprobar la ley de regadíos y después llegar a un acuerdo con los agricultores”.
“La ministra podría ser persuasiva con algunos agricultores que se quieran jubilar o vender sus tierras una vez que estén reconocidas como regadío”, ha subrayado. Sin embargo, desde el minuto uno Ribera dejó claro que el Gobierno no contempla ninguna solución que implique “más agua” o “más recursos hídricos”, y también ha sido tajante a la hora de descartar la compra de las parcelas susceptibles de recalificación si se aprobara la ley.
Esta discrepancia con los agricultores irrumpirá en la mesa de negociación este miércoles, cuando la Plataforma de afectados ha sido convocada a un encuentro en Huelva con representantes del Gobierno y la Junta.
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