“Es muy difícil vivir así. Una persona, da igual que sea hombre o mujer, sin documentación, sin poder trabajar, sin techo, sin agua y sin luz, lejos del pueblo sin transporte (…) siempre con miedo de que te coja la policía y te devuelvan para tu país (…) ¿Tú crees que una vida así no es difícil hasta para un animal?” Con testimonios como éste, de una mujer marroquí de 36 años, desde Andalucía Acoge hemos realizado una investigación orientada a recabar y sistematizar información sobre las situaciones de discriminación en el acceso a los derechos que sufren las personas migradas en los asentamientos agrícolas de la provincia de Huelva y la Comarca de Níjar (Almería).
La situación en la que viven las personas que se ven obligadas a estar en los asentamientos es de extrema exclusión y se llevan arrastrando desde hace 30 años. Tienen grandes dificultades para acceder al agua, mucho más si se encuentran en asentamientos alejados de los núcleos urbanos, lo que hace que deban acarrear garrafas para poder beber, cocinar y asearse. Más complejo aún es disponer de la electricidad suficiente ya que esta no puede almacenarse y deben buscarse la vida con baterías de coches, pequeños generadores de gasolina o enganchándose a torres de luz cuando es posible, con el alto riesgo que eso conlleva.
Asimismo, las personas que han participado en este informe sobre asentamientos (elaborado en 2022) señalaban otras dos grandes dificultades en su día a día, por un lado, la complejidad de gestionar los residuos que se generan y por otro el déficit (cuando no la inexistencia) de transporte público para poder desplazarse al trabajo o al núcleo urbano para realizar gestiones o simplemente pasear.
Vecinos y vecinas invisibilizados
La población (y la realidad) de los asentamientos es muy diversa. Entre otras variables podemos señalar que la población de los asentamientos está formada por un lado por personas temporeras que acuden expresamente a las campañas y por otro lado por personas que viven de manera estable en los asentamientos, es decir son vecinos y vecinas de los territorios pero que no son reconocidos por la administración.
Entre las conclusiones más significativas de la investigación está la dificultad que se encuentran las personas que viven en los asentamientos para poder empadronarse. Una acción que no sólo es un derecho, sino una obligación para todas las personas que residen en los municipios de España. En el caso de los asentamientos de Níjar sólo 3 de cada 10 hombres disponen de empadronamiento y esta cifra se reduce a 1 de cada 10 en el caso de las mujeres. En Huelva la situación es algo diferente ya que el número de personas con un perfil temporero es mayor y muchas se encuentran empadronadas en los municipios donde residen habitualmente. Aun así, la mitad de las personas que se encuentran en los asentamientos de Huelva están sin empadronar.
El disponer de empadronamiento supone un reconocimiento de la vecindad administrativa, lo que permite, entre otros derechos, el acceso al catálogo de prestaciones de los servicios sociales. Además, en el caso de las personas migrantes en situación administrativa irregular es un paso fundamental para su proceso de regularización. La falta de empadronamiento dificulta, además, el conocer el número exacto de las personas que residen de manera estable en los asentamientos. La negativa por parte de los ayuntamientos a empadronar y la gran importancia del mismo hace que muchas personas se vean obligadas a conseguirlo de manera irregular, llegando a pagar hasta 600 euros por un trámite que es gratuito, y volvemos a insistir, una obligación.
El problema de acceso a la vivienda es algo extendido a toda la población (no solo de estos municipios, sino de toda España). El parque de viviendas en alquiler es muy reducido y el de viviendas sociales prácticamente inexistente. Si a esto se le une el racismo estructural que sufren las personas migradas, aunque hay personas residentes en los asentamientos que podrían pagar un alquiler, no encuentran personas que les alquilen.
Esclavitud moderna en plena Europa
Otro de los elementos analizados en el informe ha sido las condiciones laborales en las que desarrollan sus trabajos las personas que viven en los asentamientos. Un joven de Mali nos decía en una de las entrevistas “aquí sólo nos quieren para trabajar, sin poder quejarnos y sin derechos. Somos como animales para ellos. Para conseguir los papeles todo vale dinero, el contrato, el empadronamiento… lo saben, pero no hacen nada.”
En muchos casos conseguir un contrato no te asegura unas condiciones dignas, de hecho, muchas personas deben incluso comprarlos para poder conseguir su regularización, llegando a pagar más de 5000 euros. Algunos de los datos más significativos sobre esta realidad son que más del 95% manifiestan no tener vacaciones y en muchos casos (67% en Huelva y 22% en Níjar) ni siquiera descanso dentro de la jornada laboral. Jornadas que pueden llegar a ser de 7 días a la semana y de 10 horas al día y que aún así no les aseguran cobrar lo que establece el convenio, un 94% en Huelva y un 88% en Níjar cobran por debajo del jornal. Tener la documentación en regla no libra de tener estas duras condiciones, pero los casos de las personas en situación irregular son objeto de mayor explotación al no tener alternativa posible.
Todas las personas que participaron en la investigación manifestaron haber sufrido episodios de discriminación, incluso por parte de la propia administración. Así mismo un número importante había sido (o estaba siendo) víctimas de trata o sufrido delitos de odio. Sin embargo, las denuncias son mínimas debido a la dificultad de acceder a una denuncia segura mezcla del miedo por la situación documental, la poca confianza en la policía o la incertidumbre de las consecuencias.
Algunas propuestas para avanzar en la solución
En el informe recogemos hasta 71 propuestas para avanzar en la solución de esta realidad tan compleja. Cualquier propuesta de acción que pretenda ser sostenible en el tiempo, hasta la erradicación de los asentamientos, pasa por un trabajo coordinado entre todos los agentes implicados en esta realidad: La Administración Pública en sus tres niveles y competencias, el tejido empresarial, la sociedad civil organizada y las propias personas que se ven obligadas a vivir en los asentamientos.
Esta coordinación debe construirse a partir de propuestas viables y dialogadas, generando espacios de relación estables que desarrollen dinámicas constructivas y de corresponsabilidad. Dichos espacios deberían tener un nivel estatal, autonómico y comarcal. Acabar con una realidad que lleva tres décadas y que afecta a numerosos territorios requiere de una estrategia integral que, más allá del nivel de competencias administrativas, ahonde en un compromiso político, instrumentos financieros suficientes y una perspectiva comunitaria.
Dicha estrategia debe romper con las dinámicas cortoplacistas y sectoriales, para aportar un enfoque de derechos, multidimensional y de sostenibilidad. Al tratarse de una estrategia a largo plazo debe ir concretándose en planes operativos donde se recojan las acciones concretas y se doten de los correspondientes recursos.
Como sociedad no podemos permitir que esta situación continúe enquistada, el primer paso es dejar de invisibilizar a estas personas y tratarlas con la dignidad que les corresponde, como a un vecino o vecina más.
Los informes que hemos presentado en este artículo se han elaborado en el marco del proyecto “GERMINAL. Generando conocimiento para la defensa de los derechos de las personas forzadas a vivir en asentamientos agrícolas” Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 dentro de la convocatoria de programas subvencionados con cargo al 0,7% del I.R.P.F. e impuesto de sociedades.