Andalucía Acoge acaba de editar un breve monográfico sobre el Padrón Municipal. Un ‘Acoge Propone’, como se titula la publicación, en el que expone sus propuestas para garantizar la inclusión y el acceso a derechos básicos de cualquier persona, con las mismas obligaciones y garantías que el resto de sus vecinos y vecinas.
¿Por qué es clave hablar en términos de vecindad? El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 12, establece que “todas las personas con vecindad administrativa” en la Comunidad Autónoma son destinatarias de las políticas públicas y, por tanto, titulares de los derechos y las obligaciones contenidos en el Título I de la norma. Para conseguir esa vecindad administrativa se debe contar con inscripción en el Padrón Municipal. Por tanto, este es el punto de partida, la puerta que abre la titularidad efectiva de derechos a cualquier persona.
Las propuestas de este ‘Acoge Propone’ están destinadas de un modo específico a las administraciones públicas, con especial énfasis en los ayuntamientos, que son los máximos responsables de esta gestión. En definitiva, persiguen que los servicios sociales municipales realicen los trámites adecuados que permitan el empadronamiento de personas sin domicilio e infravivienda.
Facilitar el empadronamiento de todas las personas que vivan efectivamente en los municipios, independientemente de las características de su domicilio y de su situación administrativa, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, es una obligación por parte de las administraciones locales.
Son muchas las trabas que dificultan o incluso evitan el empadronamiento, no solo a la población extranjera, sino también a otras personas en situaciones de vulnerabilidad o precariedad, como personas residentes en infravivienda o en situación de calle, que no tienen por qué tener origen extranjero.
En la práctica, la inscripción de este tipo de empadronamientos es muy complicada o prácticamente nula por una falta de voluntad política, a pesar de que existe una normativa clara al respecto.
A la merma general de derechos se une, en el caso de las personas migradas, que esta inscripción también es importante porque representa una prueba clara de estar residiendo en un municipio, lo cual ayudará en el camino hacia la regularización de su situación administrativa en el territorio español.
“El Ayuntamiento no empadrona en la chabola y he tenido que pagar 200 euros para poder empadronarme en Huesca, lo cual es un problema porque no puedo desplazarme hasta allí para renovar o hacer cualquier otra gestión”. Éste es el testimonio de un hombre de nacionalidad maliense en situación administrativa irregular de 26 años, que reside en uno de los asentamientos chabolistas de la Comarca de Níjar (Almería). Declaraciones recogidas en el informe ‘Asentamientos 2022. Consecuencias de la discriminación en los asentamientos en la Comarca de Níjar‘.
El ‘Acoge Propone’ subraya, asimismo, en la línea del testimonio anterior, la comisión de prácticas fraudulentas relacionadas con la inscripción en el padrón y el acceso a la vivienda, como la compra/venta irregular de certificados de empadronamiento, o abusos en las condiciones económicas por parte de las personas propietarias de los domicilios.
Incluso se detiene en los casos de discriminación por parte de los consistorios, en los que se dificulta la inscripción mediante trámites innecesarios como la verificación personal de residencia, dejar que se agote el plazo de tres meses para una resolución favorable o la denegación sin el denominado trámite de audiencia. Se insiste en cuestiones muy importantes como la correcta protección de los datos o la mejora del conocimiento técnico por parte del personal administrativo.
En el capítulo de propuestas, este breve informe incide en la necesidad de suprimir estos requisitos y prácticas, que impiden ejercer sus derechos a estas personas y acceder a las políticas públicas gestionadas por los ayuntamientos. Pone especial énfasis en el reconocimiento de vecindad, entendiendo éste como el impulso de mecanismos que permitan el acceso en condiciones de igualdad a los derechos sociales y políticos de todas las personas que residan en un municipio.
De ahí que desde Andalucía Acoge se recalque la pertinencia de impulsar nuevas herramientas y recursos municipales para mejorar la gestión del sistema de empadronamiento, o se proponga la implementación campañas de sensibilización e información que pongan especial énfasis en los agentes implicados, tales como la administración pública o los propietarios de viviendas.
Huelga decir, a modo de cierre de este artículo, que desarrollar acciones que mejoren el acceso a los diferentes derechos sociales mejora la vida de toda la población, incluso de aquella que parece no tener dificultades en ese momento para alcanzarlos.
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