La televisión afronta en el último trimestre de este 2014 su cambio más importante desde el apagón analógico de 2010 y la obligatoriedad por parte de los usuarios de comprar decodificadores de la TDT. Antes de enero, varias televisiones públicas y privadas dejarán los diales que ahora ocupan y se mudarán a otros para dejar pista de aterrizaje a la telefonía móvil de alta velocidad (4G). El cambio implica la resintonización de 10 millones de hogares en España, más de 200.000 instalaciones comunitarias en Andalucía, y será polémico: las empresas alertan de que no hay tiempo para completar semejante faena y los consumidores critican que, otra vez, serán los ciudadanos los que paguen la factura.
En qué consiste el cambio
España se adapta a la normativa de “Dividendo digital”, que reserva una parte del dial al 4G (de los 790 a los 862 MHz) y obliga a los canales que emiten en esta banda a mudarse a otra parte del espectro. Este cambio se regulará a través del llamado Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre, que el Gobierno debe aprobar en las próximas semanas después de tres años de retrasos. Es una de las tareas urgentes del nuevo curso escolar.
La modificación afectará directamente a la señal que los usuarios reciben en su casa. Es decir, de no recibir asistencia, dejarán de ver la televisión en enero de 2015, fecha que el ministro de Industria, José Manuel Soria, tiene marcada como límite para la mudanza.
En un plazo de tres meses y medio, las empresas especializadas en instalación de telecomunicaciones deben enviar a sus operarios a cada bloque de vivienda para revisar los equipos, modificar frecuencias en centralitas, instalar filtros para evitar interferencias y realizar cambios en módulos o algunos otros equipamientos. Como cada instalación es distinta, las modificaciones necesarias también lo serán.
Contrarreloj inviable
A la Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones (FAITEL) no le salen las cuentas. Según sus datos, en Andalucía existen casi 200.000 instalaciones comunitarias, edificios de vecinos que requerirán asistencia prioritaria (las instalaciones individuales solo requerirán una resintonización de canales, salvo casos excepcionales). Suponiendo que haya 90 días laborables para revisar fincas, habría que despachar más de 2.200 cada día, en un sector en el que apenas hay varias decenas de empresas autorizadas para prestar este servicio. “No podemos triplicar o cuadruplicar las plantillas, y aunque lo hiciéramos, ese tiempo es el que una empresa necesita para formar a un trabajador para un empleo de estas características”, sostienen fuentes de FAITEL.
En tres meses, se abrirá un mercado provechoso con un gran desembolso que será obligatorio para los usuarios. Por eso, desde la organización de consumidores FACUA temen que se propicie una explosión de servicios pirata, sin garantías para el consumidor.
“Además de adecuar las instalaciones, hay que conseguir que las dos señales, la de televisión y la de telefonía, convivan, y esto puede generar problemas de recepción”, apuntan las mismas fuentes de FAITEL, que se quejan de los retrasos acumulados por parte del Gobierno y de la falta de información sobre este proceso.
Los usuarios pagan
Para los consumidores, la incertidumbre es la misma. “Uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que la gente no tiene ni idea de lo que está por venir”, lamenta Enrique Piñero, miembro del gabinete jurídico de FACUA. El desconocimiento no es solo técnico, pues, salvo cambio de última hora, serán los usuarios los que paguen la resintonización de sus instalaciones a través de las comunidades de vecinos.
Las primeras estimaciones apuntan a que la intervención costará entre 20 y 25 euros por vecino. Tanto FACUA como FAITEL se apresuran a rechazar la cifra. Sostienen que es imposible hacer una estimación, puesto que cada caso tendrá sus especificidades: habrá comunidades en las que haya que hacer numerosas modificaciones o cambios drásticos, y otras en las que apenas haya que tocar nada. Sí coinciden en que el usuario pasará por caja, a pesar de que agentes sociales como UGT han pedido al Gobierno que incluya una partida presupuestaria con este fin. “No habrá muchas quejas porque se hará en régimen de comunidad, y las comunidades suelen pagar, aumentando sus cuotas o con sus fondos propios, sin presentar queja. La comunidad de vecinos es un agente débil desde el punto de vista del consumo, lo que no quiere decir que no nos enfrentemos a un gran problema”, razona el especialista de FACUA.
La transición debería cubrirse con los casi dos mil millones de euros que el Estado consiguió en la subasta de las licencias de 4G realizada en 2011, pero el Gobierno del Partido Popular destinó esos fondos a otros fines. Ahora son las compañías telefónicas las que presionan para disponer de espacio para sus servicios de 4G antes del plazo límite de enero de 2015, en una contrarreloj asfixiante y de resultado incierto. Los especialistas vaticinan que en la transición habrá problemas para ver la tele.