El Pacto para la Mejora de la Atención Primaria entre Junta de Andalucía y sindicatos, suscrito en junio de 2023, preveía en su punto 19 la contratación de 69 Facultativos Especialistas de Área (FEA) en Psicología Clínica, apostándose en aquel documento por “proyectos prioritarios” como la atención a la salud mental por trastornos graves (TMG) o la incorporación en las UGC de salud mental de un psicólogo dinamizador de las interacciones asistenciales con atención primaria. La pandemia hizo estragos y el Gobierno autonómico aseguró que se pondría las pilas en ese sentido. El propio presidente, Juan Manuel Moreno, en una sesión de control en el Parlamento dijo que los problemas relacionados con la salud mental estaban en el foco de la acción política de su gobierno.
Pues bien, ni CCOO ni UGT ni CSIF ni SATSE saben “nada” de esas contrataciones acordadas, que de momento impide a Andalucía salir del último puesto en cuanto a psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes: 3,22 aquí, mientras la media en España es de 6 y de 18 en Europa, según los últimos datos de la Sociedad Española de Psicología Clínica (ANPIR). Los tiempos no corren a favor para darle la vuelta a la situación, si bien fuentes oficiales de la Consejería de Salud aseguran que las contrataciones vinculadas a aquel pacto se harán “antes de que acabe el año”.
Las organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de Sanidad que firmaron aquel pacto no tienen información concreta al respecto, lamentando la falta de comunicación relativa a lo firmado. “Cero información, cero reuniones y nos tememos que cero contratos”, comentan desde UGT Andalucía. “No tenemos noticias sobre este asunto”, resumen desde CSIF. “En general, el cumplimiento del pacto está siendo bastante nulo”, apunta SATSE, desde donde aseguran que tampoco saben nada de las ocho enfermeras/os de salud mental incluidas en el mismo pacto. “Supongo que si los hubieran contratado nos lo habrían comunicado”, dicen desde CCOO de Andalucía, denunciando al tiempo que la propia “falta de información” es lo que también consideran “parte del incumplimiento del pacto”.
Como ya informó este periódico en relación a las listas de espera y la frecuencia de citas para cada paciente, para la primera consulta con un especialista de Psicología o de Psiquiatría en Andalucía es de 70 días, según los últimos datos oficiales de la Junta, precisamente a la fecha en que se firmó el pacto, esto es, junio de 2023. Más de un año después, sin noticias de aquello, y con la salud mental 'fuera' del organigrama de la Junta, al menos nominativamente en su estructura.
La tardanza en cumplir lo acordado corre en contra de lo que se viene viviendo en la atención pública a la salud mental. “Mientras, que siga el médico de familia mandando ansiolíticos y antidepresivos”, resume Luis Pizarro, exadjunto de Salud del Defensor del Pueblo Andaluz, médico epidemiólogo y último adjunto a la Coordinación del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, quien considera el asunto “particularmente grave” porque “para la mayor parte de los trastornos mentales más frecuentes (depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad… ) la terapia de elección según la evidencia científica es la psicoterapia”.
“No existe de facto la psicoterapia en la cartera de servicios del sistema. No es ningún secreto, es una verdad a voces. Todo el mundo sabe y acepta que la psicoterapia es para el que se la pueda pagar en la privada. No es posible practicar psicoterapia una vez a la semana. No hay más discusión. Ni una vez al mes”, apunta Pizarro, quien se pregunta y responde “¿por qué los propios psicólogos clínicos no quieren denunciar la situación del sistema público de salud mental? Porque saben que la alternativa es la contratación de psicólogos que no han hecho el PIR, es decir, psicólogos formados vía máster o similar”, explica.
Este periódico ya se hizo eco de la “precarización” de la salud mental en Andalucía a ojos de sus propios profesionales ya que una normativa autonómica aprobada a primeros de 2023 establecía que el Servicio Andaluz de Salud podría contratar a psicólogos sin especialidad para ejercer las funciones de un clínico. Laura Armesto, vicepresidenta de la Sociedad Española de Psicología Clínica, comenta por su parte que la última promoción de psicólogos clínicos que se ha formado con el PIR “sale ahora en septiembre y son una treintena”, advirtiendo que “va a ser difícil contratar de repente a 69”. “Lo que nos preocupa, como cada vez que se anuncian muchas contrataciones, es que detrás de eso termine habiendo una devaluación de la atención que se presta porque se contratan personas sin la cualificación necesaria”.
“La sobremedicalización sigue siendo un problema”, comenta Armesto. “Un problema, ya social, que tenemos muy asumido y que también tiene que ver con la demanda de soluciones sanitarias a problemas que a veces no son sanitarios sino que son malestares de la vida cotidiana”. También existe “mucha problemática social y no estamos yendo a las causas, a los determinantes sociales de la salud, a lo que sabemos que está haciendo sufrir a las personas, sino a la búsqueda de supuestos alivios más sencillos que nos permitan seguir”. A ese respecto señala que “los fármacos, los ansiolíticos, los antidepresivos no se han diseñado para eso y no son útiles, ya que tienen un gran potencial iatrogénico en la manera en la que lo estamos usando como sociedad, con potenciales riesgos también de adicción y, aparte, en el mejor de los casos, simplemente no funcionan porque no era lo que la persona necesitaba. Y eso nos sigue preocupando y la OMS está alertando de ese tema”.
Este reciente martes 10 septiembre se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el final más trágico a los trastornos en la salud mental. Andalucía registró en 2023 un total de 772 suicidios, de los que 601 fueron hombres y 171, mujeres, y que representa una tasa de 0,9 por cada 10.000 habitantes. En todas las provincias, los datos son mayores en el género masculino que en el femenino, lo que “subraya la necesidad de un enfoque más inclusivo y específico”, señalaron desde la Federación de Salud Mental de Andalucía.
La experta separa los trastornos mentales que tienen mayor gravedad, que reciben “atención intensiva”, del resto porque “la mayoría de las personas que demandan atención en salud mental o terapias psicológicas no lo hacen por este tipo de problemas”. Armesto alude a unas demandas por “problemas más adaptativos, más de la vida cotidiana, muy marcados por los determinantes sociales” y para los cuales “no hay una respuesta sanitaria, ya no por una cuestión de agenda sino porque sus problemas tienen que ver con el bienestar”.
Armesto, por otra parte, pone en duda el número de media de psicólogos en cada territorio ya que cada país tiene su propia organización sanitaria y sus características a la hora de formar a los especialistas en salud mental y demás, porque las comparativas son “bastante complicadas” y son cifras “difíciles de extrapolar”. En lo que se refiere a Analucía, “no se dispone de datos oficiales actuales” si bien tienen constancia “a nivel interno” de un “aumento” en los últimos tiempos, estando “ahora más cerca del ratio de 4 por cada 100.000 habitantes”, teniendo en cuenta que también hay diferencias entre las comunidades autónomas.
“Es verdad que nunca hemos tenido tantos recursos en salud mental como ahora, pero lo que pasa es que seguimos necesitándolos. Es un problema a resolver a medio o largo plazo”, explica Armesto, quien se pregunta “¿cuántos especialistas tenemos que formar para que luego estén en la red pública, o la privada, o en otro tipo de sistemas sociocomunitarios para poder atender a la gente?. Necesitamos muchas más plazas de residentes y hay que ampliar también las plantillas y tener un verdadero interés en la formación. Se puede estar contratando a más personas, pero en unidades de salud mental (equipos físicos, dispositivos, etc.) no se ha incrementado en los últimos 20 años en Andalucía”, explica. “Y eso también está siendo un tope para la contratación”, detalla.
La vicepresidente de ANPIR señala que, desde la pandemia “se ha producido una gran visibilización de que existe la psicología clínica, de la utilidad de la psicoterapia, de los tratamientos psicológicos, de que es legítimo pedir ayuda” en ese sentido, por lo que “ha habido un incremento exponencial de la demanda de atención” mayor que la oferta que estamos haciendo“ en esa materia sanitaria. ”Las psicoterapias y los tratamientos psicológicos intensivos están incluidos en la cartera de servicios de salud mental en Andalucía y en el resto de unidades“ pero ”no es algo que ahora mismo llegue a todas las personas que lo demandan“.
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