El culebrón de qué jueza seguirá investigando el caso de los ERE y el de los cursos de formación en Andalucía da otra vuelta de tuerca. Después de que el TSJA pospusiera este jueves su posicionamiento definitivo respecto al reparto de trabajo en el juzgado, que lleva coleando desde principios de año, este viernes ha trascendido que la jueza Núñez ha remitido un informe al TSJA en el que señala que no necesita el apoyo de la juez Mercedes Alaya para la instrucción de estas dos macrocausas y la los avales y préstamos concedidos por IDEA como ella había pedido y que el CGPJ le concedió en junio.
Fuentes judiciales citadas por Europa Press apuntan que fue el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, quien solicitó a la magistrada que realizara un informe sobre el plan de trabajo aprobado el pasado mes de junio para el Juzgado después de que, con posterioridad a dicha aprobación, decidiera dividir el caso ERE en tres grandes bloques. Las desavenencias entre las magistradas no son nuevas, sobre todo después del contundente informe de Alaya tratando de desprestigiar a su sucesora.
Todo ello cuando la parte de la causa que se venía instruyendo en el Supremo va a volver a Sevilla al quedarse sin aforados nacionales y la parte que investigaba el TSJA también ha sido devuelta al juzgado. De hecho, la Fiscalía ya ha pedido que al menos los exaforados autonómicos declaren como imputados. Es probable que esa petición alcance a los expresidentes Chaves y Griñán, y a los también exconsejeros Zarrías y Viera.
Las fuentes indican que, en su informe, Núñez señala que no necesita el apoyo de Alaya --ahora en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla-- para instruir las macrocausas y que, por tanto, quiere “prescindir” de la comisión de servicio que fue aprobada para que la magistrada apoyara al juzgado. En este sentido, dice que únicamente necesita que el juez Álvaro Martín, para quien se aprobó una segunda comisión de servicio, le ayude con el trabajo ordinario del Juzgado.
Asimismo, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla señala en el informe que, en vez de más de jueces, necesita un número mayor de funcionarios para seguir con la investigación de las 'macrocausas' y el trabajo ordinario del órgano judicial. De hecho, cabe recordar que la magistrada ha solicitado y reiterado a la Junta de Andalucía que dote al Juzgado con cuatro funcionarios más.