La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) está investigando una denuncia presentada contra el reparto de 7,1 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía procedentes del Plan de Mejora de las Infraestructuras en Salud Mental Comunitaria aprobado en abril por el Gobierno de España. El escrito alude a un presunto trato de favor por parte de la administración autonómica a la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, dirigida por el psiquiatra Benedicto Crespo-Facorro, a la sazón coordinador del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, desde hace un año hombre fuerte de la salud mental en la comunidad autónoma y mano derecha de la consejera de Salud y Consumo en la materia.
La denuncia ha sido admitida por la OAAF al existir “indicios de posibles irregularidades” y se ha requerido a diversos organismos para que aporten información al respecto, según ha podido saber elDiario.es Andalucía. El objetivo de esos fondos estatales, enmarcados en el Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP) aprobado por el Estado, es la mejora de las infraestructuras y equipamiento clínico de los centros, servicios y unidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) destinados a la atención de la salud mental comunitaria tanto para población adulta como para población infanto-juvenil.
En la apertura de la investigación de la Oficina Andaluza Antifraude se solicita a la Consejería de Salud y Consumo que comunique si ha habido un reparto no equitativo, cuáles han sido los criterios concretos para la distribución de las ayudas y cuáles han sido los órganos que han decidido el reparto, por el cual la Unidad de Salud Mental que dirige Crespo-Facorro se ha visto correspondido con 2,5 de los 7,1 millones de euros. Amdalucía tiene 26 Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental, cuatro de ellas en Sevilla, con diferentes dispositivos de atención.
Consultadas al respecto, fuentes de la Consejería de Salud y Consumo dan la versión oficial: “Los proyectos seleccionados se llevaron a cabo siguiendo las premisas marcadas desde la Dirección General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, órgano directivo con competencia en la materia, teniendo en cuenta la capacidad de ejecución de los proyectos presentados, la importancia e impacto del proyecto en la zona, la población y la cuantía que habían recibido en el plan anterior (año 2022), sin que haya habido ningún otro factor ajeno o de interés particular o espurio que haya podido influir en las decisiones tomadas”.
Benedicto Crespo-Facorro, sin cargo orgánico en la estructura de la Consejería, es el encargado del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía para los próximos cuatro años. Tras el nombramiento de la consejera Catalina García en julio de 2022, Crespo-Facorro fue nombrado coordinador del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía apenas cuatro meses después del ascenso de la entonces vicconsejera, en noviembre de 2022, en sustitución de Javier Romero, director de la UGC de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga (Hospital Clínico). “Dada la necesidad de seguir desarrollando el Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, se estima conveniente nombrar a la persona que coordine su implementación, agrupe todos los proyectos e impulse su desarrollo”, se decía en la resolución de la Consejería que nombraba a Crespo-Facorro y cesaba al tiempo a Romero.
Diversas fuentes apuntan precisamente a Javier Romero como la persona que ha denunciado ante la OAAF el reparto de las ayudas estatales por parte de la Junta, si bien no ha querido pronunciarse al respecto, pese a la insistencia de este medio, porque “es un tema interno y del SAS”, y “no va a entrar a valorar” esa cuestión, comentan fuentes cercanas al director. En todo caso, fuentes del hospital donde trabaja comentan abiertamente que “teníamos puestas muchas esperanzas en esos fondos, pero entendemos que hay también más necesidades en otras provincias”.
Las dos unidades de salud mental de Málaga no han visto ni uno de los siete millones de euros repartidos por la Dirección General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, indican otras fuentes, que aluden a que Málaga tiene similar envergadura que Sevilla en este sentido. Otras fuentes comentan que Crespo-Facorro y Romero representan modelos radicalmente enfrentados en la psiquiatría, más allá de que el primero sustituyera al segundo hace menos de un año en la coordinación de la salud mental andaluza.
Crespo-Facorro, en 2020, cuando era jefe de servicio de la UGC que ahora dirige, fue acusado por el Sindicato Médico de crear una plaza de subdirección médica para salud mental a petición de él mismo para la designación de su esposa. Aquel nombramiento causó “sorpresa” y “extrañeza” en la propia área de salud mental del Virgen del Rocío, si bien desde el centro sanitario se defendieron por aquel entonces los cambios en la cúpula directiva del hospital pese a las tres “irregularidades” advertidas por el Sindicato Médico de Sevilla.
En el reparto final de los citados fondos estatales del Plan de Infraestructuras en Salud Mental Comunitaria le correspondieron a Andalucía 7,09 millones del total de 38,5 millones, siendo la comunidad autónoma más beneficiada, según acordaron el 17 de abril el ministro de Sanidad, José Miñones, que presidía por primera vez la reunión del Consejo Interterritorial con presencia telemática de las consejeras y consejeros de todas las comunidades y ciudades autónomas de España tras ser nombrado apenas dos semanas antes. El año anterior se aprobó el Plan de Acción en Salud Mental 2022-2024, en el marco de la Estrategia de Salud Mental del SNS.
El Plan de Mejora de las Infraestructuras en Salud Mental Comunitaria financia tanto equipos comunitarios de salud mental como mobiliario general, material de exploraciones psicométrica, climatización y ascensores. Asimismo, equipos de salud mental infanto-juvenil como mobiliario general adecuado para la infancia, juegos educativos y juegos terapéuticos, material de evaluación psicométrico, software de aplicaciones para intervención terapéutica y por realidad virtual, climatización y ascensores.
La Junta de Andalucía, hace escasamente un mes, se arrogó por cierto la mayor parte de la inversión por parte del Gobierno central para la mejora de las infraestructuras en salud mental. En aquella información difundida por la administración andaluza se decía que el Gobierno andaluz invierte 14 millones en ese sentido, si bien se especificaba durante el comunicado que las actuaciones, realizadas a través del Plan Andaluz de Infraestructuras para Salud Mental, contaban con “financiación procedente del Plan Nacional de Acción de Salud Mental 2022-2024”, en concreto 4,4 millones en 2022 y 7,1 millones en 2023. La cifra total de 14 millones se completaba con 2,7 millones “del Servicio Andaluz de Salud (SAS), invertidos entre 2019 y 2022”.
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