No es habitual que un candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía se retire voluntariamente de la agenda pública de campaña durante tres días consecutivos, sin mítines, sin sustituto y sin explicaciones. Es lo que ha hecho la candidata de Vox, Macarena Olona, que no intervendrá en ningún acto público ni ofrecerá ningún mitin pidiendo el voto a los andaluces de aquí al próximo viernes.
Fuentes del partido de Santiago Abascal confirman que la agenda pública de Olona está despejada este martes, el miércoles y el jueves. El fin de semana volverán a coincidir en tres actos, el viernes en Jaén, el sábado en Huelva y el domingo en Marbella (Málaga), también con la líder de la extrema derecha italiana, Giorgia Meloni, presidenta de Fratelli d'Italia.
La decisión de Vox de retirar a su candidata de la escena pública -“tiene agenda y reuniones privadas”- ha cogido por sorpresa a las radios y televisiones públicas, que deben cumplir con un plan de cobertura de la campaña avalado por la Junta Electoral de Andalucía. Esa cobertura distribuye el espacio entre los principales partidos, según su representación en el Parlamento, de menos a más. El tiempo que le corresponde a Vox no puede suplirlo ningún otra formación o espacio, porque el propio partido ultraderechista podría denunciarlo.
Al retirarse Olona, y sin que el partido haya sustituido su hueco con algún otro miembro de Vox, tanto las direcciones de la RTVE en Andalucía como Canal Sur han tenido que consultar a sus respectivos servicios jurídicos sobre cómo cubrir el espacio que le corresponde al partido de Abascal, confirman fuentes de ambos entes públicos. Es una decisión compleja, habida cuenta que Vox ha hecho de la denuncia constante a los medios de comunicación -en especial a los públicos- una seña de identidad, acusándolos de manipulación, de invisibilizar y de demonizar a su candidata.
A falta de unos días para que arrancase la campaña electoral, Vox presentó una denuncia ante la Junta Electoral de Andalucía contra la dirección de Canal Sur por un supuesto “incumplimiento”, en los informativos de dicho ente público entre los días 15 y 22 de este mes de mayo y en beneficio del PP-A, del artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que alude al “respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa en la programación de los medios de comunicación de titularidad pública en período electoral”. La denuncia venía suscrita por el jefe de campaña de Olona, Álvaro Zancajo, que fue el primer jefe de informativos de Canal Sur nombrado bajo el Gobierno de Juan Manuel Moreno (luego destituido por el director general del ente público, Juan de Dios Mellado).
La Junta Electoral desestimó la denuncia de Vox, porque “no satisface las exigencias de la carga argumental” que, en su opinión, se requiere, y “se limita a realizar, esencialmente, una contabilización, con una muy escasa especificación concreta de su contenido, del tiempo que en los informativos televisivos de Canal Sur se ha dedicado a diversas personas con relevancia política o formaciones políticas, considerando un período o bloque temporal que también se selecciona libremente, sin explicar las razones que ha fundado su elección, y refiriéndose, también sin mayores concreciones, a que las informaciones resalten aspectos positivos o elogiosos de 'la gestión realizada por el PP en el Gobierno andaluz', sin distinguir así tampoco adecuadamente entre el Gobierno y una de las formaciones políticas que lo sustentan”.
Este lunes, Macarena Olona arrancó el debate electoral de RTVE, precisamente felicitándose por la oportunidad de poder “dirigirme directamente a los andaluces sin manipulaciones”. La crítica de Vox a los medios de comunicación, públicos y privados, es una constante también en los mítines de la candidata. Vox concurre a estas elecciones sin programa electoral al uso, a diferencia del resto de formaciones, pero sí ha difundido un folleto con diez medidas, entre las que se encuentra el cierre de Canal Sur. La radio y televisión pública andaluza está blindada en el Estatuto de Autonomía y ningún Gobierno regional puede suprimirla sin una reforma de la Ley Orgánica, que fue ratificada por el Congreso de los Diputados y por los andaluces que la votaron en referéndum.