La sugerencia por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía de suspender este verano la Operación Paso del Estrecho (OPE), que cada año facilita el tránsito de aproximadamente 3,5 millones de personas magrebíes desde Europa hacia África (un 80% a través del Puerto de Algeciras), no le ha parecido en absoluto adecuada a varias asociaciones defensoras de los derechos de las personas inmigrantes.
“Si estamos diciendo que no haya ferias ni romerías donde hay tres o cuatro mil personas, no nos parece lógico concentrar a tres millones de personas en un paso en cuatro meses de un lado a otro entre dos continentes”, dijo el lunes el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, acerca de la viabilidad del operativo. Su portavoz, Elías Bendodo, ha tratado de aclarar este martes que el dirigente andaluz quiso trasladar “que las circunstancias son distintas este año”, dejando la decisión final en manos del Gobierno de España y el Reino de Marruecos, que acaba de prolongar su estado de emergencia sanitaria, confinamiento domiciliario incluido, hasta el próximo 10 de julio, lo que aplazaría la OPE al menos hasta esa fecha.
A las entidades sociales, en cualquier caso, no les ha convencido la sugerencia por parte del presidente andaluz del PP, ni en la forma ni en el fondo. La secretaria general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Natalia García, califica la “intención del Gobierno andaluz de cancelar la OPE” de “verdaderamente indignante” al “medir a las personas con diferentes criterios, basados sobre todo en una cuestión de nacionalidad, en tanto en cuanto estas personas regresan al país del que proceden pero viven en países europeos, los mismos países donde el Gobierno andaluz acaba de gastarse millones de euros en promocionar el turismo en Andalucía”.
APDHA hace “un llamamiento a la cordura”, a “imponer políticas de sentido común, que se centren en la protección y en las garantías sanitarias de las personas que están en nuestra tierra, que visitan nuestra tierra o que pasan por nuestra tierra por las razones que sean, independientemente del lugar al que vayan, y no por cerrar fronteras a gente basándonos en su lugar de procedencia o el de sus familiares, porque eso es aboslutamente discriminatorio y racista”.
“Y esas medidas son un acto de racismo institucional por parte del Gobierno andaluz, que no podemos dejar de denunciar y de visibilizar, porque además lo único que hacen es consolidar una idea de que existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y que, desde nuestra perspectiva, no construye una sociedad igualitaria, democrática y sin brecha como es la sociedad andaluza en su gran mayoría”, apunta la representante de APDHA.
“El mundo entero está clamando contra ese racismo”
La portavoz de Caminando Fronteras, Helena Maleno, la propuesta “es una locura que solo obedece a cómo funciona el sistema”. “Se ha hablado de pasillos seguros para garantizar la libertad de movimiento de los turistas cuando se llevan años pidiendo vías seguras para garantizar la libertad de movimiento de las personas que ponen en jaque su derecho a la vida saliendo de territorios de los que son expulsados”. “Cuando comparamos estas dialécticas y las ponemos encima de la mesa podemos decir, porque los hechos lo prueban, que estamos frente a una pieza más de todo el entramado del racismo institucional”, añade Maleno.
Asimismo, considera la acivista que “la Junta aplica políticas racistas en el marco de unas instituciones que de por sí son racistas”. “Creo que en este momento en el que el mundo entero está clamando contra ese racismo que sabemos que mata y ha matado a George Floyd en Estados Unidos, pero que mata cada día a cientos de personas en las costas andaluzas, es muy desafortunado hacer ese tipo de declaraciones”.
“Es enfrentarse a la realidad, y también está bien que veamos cómo apoyan los gobernantes un sistema explotador, racista en los invernaderos de Almería, racista y esclavista en Huelva, ejecutor de políticas de muerte en las costas y que protege de esta manera el derecho al movimiento de los turistas. Ese es el sistema y la Junta solamente está protegiendo un sistema racista que provoca muerte a determinados colectivos que no respetan los derechos humanos de todas las personas que están en los territorios sino que protege los privilegios de una parte”, indica Maleno.
A Ahmed Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, le ha “sorprendido” la postura de la Junta porque “es posible organizar la OPE” y no hay motivos para eliminarla con motivo de la COVID-19 “en el mismo tiempo en que vemos que se da la bienvenida a otras personas que vendrán a Andalucía”. “Es un poco sorprendente”, considera. Según añade Khalifa, la OPE es una operación “que deja muchísimo dinero aquí en Andalucía y nivel económico sería una pérdida, no solo a corto plazo” ya que “los puertos de Francia e Italia se están frotando las manos y podrán captar a muchas personas para que en los siguientes años viajen a través de esos puertos”.
Doble vara de medir
“Como todos los años, la OPE requiere el esfuerzo de muchas administraciones y no hay que pensar que los viajeros estarán atascados en el Puerto de Algeciras como en una feria o una romería, sino que se puede gestionar en varios bloques, como otras veces, para evitar aglomeraciones. Lo mismo se puede hacer este año pero a gran escala, con la participación de otros pueblos cercanos como Los Barrios, Los Palmones”, propone Khalifa, que alude finalmente a la “visión discriminatoria en el imaginario colectivo relacionada con el inmigrante marroquí” al medir con dos varas distintas a “los viajeros de origen norteafricano y los de Europa, que serán muy bien acogidos en la misma etapa”.
A juicio de Mikel Araguás, miembro de SOS Racismo, “es una medida inadecuada en tanto que, al igual que el turismo, es algo que puede planificarse mínimamente”. “Si es posible traer a 'equis' personas de medio mundo, es también posible gestionar el tránsito de igual número de personas a países con una prevalencia viral menor”.
Según considera Araguás, es una medida que “no sólo afecta a Andalucía sino que por el camino se ha olvidado de muchos ciudadanos europeos (¿o es que los ciudadanos europeos no pueden tener familias en otros países?) que, igual que los que quieren venir a Andalucía, quieren ir a pasar las vacaciones a terceros países”, concluyendo que la propuesta de la Junta “suena mal”.