“Tienen la oportunidad de estrenar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía con las fosas de Córdoba”. Es la invitación que, de manera formal, por escrito y utilizando la figura legal de derecho de petición, han ejercido ante la Junta de Andalucía los familiares de las víctimas del franquismo que están enterradas en las fosas comunes situadas en los cementerios de San Rafael y de La Salud en la capital cordobesa.
Asesorados por Eduardo Ranz, el abogado especialista que ha conseguido que un juez ordene la exhumación de dos personas en El Valle de los Caídos, las familias cordobesas han presentado esta petición a comienzos del mes de marzo con el objetivo de que la Junta de Andalucía aplique la recientemente aprobada Ley de Memoria Histórica y Democrática que establece el camino para recuperar los restos de víctimas del franquismo.
Así, constituidos en el colectivo ‘Dejadnos Llorar, asociación para la defensa de los derechos humanos de las víctimas del franquismo’Dejadnos Llorar, los familiares han tomado entidad jurídica para abrir conversaciones y peticiones formales frente a las administraciones. Un derecho de petición que también han presentado ante el Ayuntamiento de Córdoba, puesto que la Ley estatal de Memoria Histórica establece que son los consistorios los agentes administrativos a la hora de realizar las exhumaciones.
“Esperamos tener respuesta positiva”, augura el abogado que explica que las administraciones tienen un plazo de tres meses que expira en junio para contestar al derecho de petición de los familiares. “Si no obtenemos respuesta, estudiaríamos recurrir al contencioso administrativo e iniciar acciones legales en los tribunales”, asegura este experto en dichos procedimientos.
El objetivo primordial de los familiares es conseguir la exhumación de las 4.000 personas –“inocentes que fueron masacrados”- que fueron enterradas en las fosas comunes de los cementerios cordobeses y atender para ellas los principios que marcan los derechos humanos, verdad, justicia y reparación. Y para ello requieren la redacción del proyecto de exhumación, la puesta en marcha del equipo de profesionales arqueólogos, antropólogos y forenses necesarios, así como la realización de las pruebas de ADN oportunas y que asume la ley.
“La ciudad de Córdoba no se puede permitir un hecho de esta envergadura”, señala el presidente de la asociación de familiares, Antonio Deza, sobre una realidad desconocida para gran parte de la sociedad y que aún hoy queda silenciada. “Hacemos una llamada, casi una súplica, a toda la sociedad, para que tomen conciencia y se solidaricen”, dice para explicar que este es un asunto “que no es político. Es un problema de dignidad”.
Deza tiene a su padre, a un tío y hasta cinco familiares más enterrados en estas fosas. “Tuvieron que pasar 60 años para enterarme, leyendo un libro del historiador Francisco Moreno, para saber dónde y cómo habían matado a mi padre”, relata para señalar el silencio sobre lo que pasó en aquellos años. Una realidad sobre la que ha investigado Moreno, que ha recabado datos para sumar casi “12.000 personas eliminadas por el franquismo” en la provincia de Córdoba, 4.000 de ellas en la capital, donde no hubo guerra pero el golpe militar triunfó desde el primer momento. “En Córdoba hubo genocidio y crímenes de lesa humanidad con las desapariciones forzosas”, argumenta para poner el foco en los derechos humanos de las víctimas que tanto expertos de la ONU como las asociaciones memorialistas reivindican.
Por eso, la asociación de familiares de víctimas va a realizar otra petición al Ayuntamiento de Córdoba. Y es que, en torno al 14 de junio, día fijado por la Ley de memoria Histórica y Democrática de Andalucía para recordar a los desaparecidos, se realice un acto institucional en el que se recuerde a estos y se les declare públicamente como víctimas de lesa humanidad.