La defensa de los intereses de Andalucía, dentro del complejo debate territorial que está protagonizando esta legislatura, no es un bloque compacto, no tiene una voz unánime de las distintas fuerzas políticas. Al contrario. La ronda de contactos del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, este lunes en el Palacio de San Telmo, ha evidenciado la fractura partidista por encima del interés común de Andalucía que todos pregonan.
Moreno estuvo reunido desde las 9.30 horas de la mañana hasta casi las tres de la tarde, recibió a los portavoces de Adelante Andalucía, de Por Andalucía, de Vox, del PSOE y del PP, y al final del día todos sus interlocutores, a derecha e izquierda (excepto su propio partido), le afearon lo mismo: que use la batuta institucional de la Junta como palanca para que Alberto Núñez Feijóo reviente la legislatura a Pedro Sánchez y adelante las elecciones generales. Aun a riesgo de sacrificar la autonomía política de Andalucía -significada en un Estatuto de Autonomía que Moreno ha rehusado invocar como herramienta para negociar la financiación de forma bilateral con el Gobierno- y su peso económico.
La palabra que más repitieron los grupos de izquierdas fue “renuncia”. Renuncia al Estatuto y a las comisiones mixtas Gobierno-Junta de Andalucía, mesas bilaterales que, en el pasado, invocaron el PSOE (desde la Junta) y el PP (desde la oposición) para reclamar más financiación a Moncloa; renuncia a la quita de deuda -que los socialistas han pactado con ERC para Cataluña y el Ministerio de Hacienda ha ofrecido al resto de comunidades-; renuncia a apoyar la senda de déficit para 2025 -que el PP, presumiblemente, volverá a votar en contra el jueves en el Congreso, mermando la capacidad de gasto de Andalucía en casi 900 millones; y renuncia a defender la única propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica suscrita por amplia mayoría de un Parlamento, en referencia al acuerdo que firmó Moreno en 2018, entonces como jefe de la oposición en Andalucía, junto PSOE, Podemos e IU.
Tras reunirse con el presidente andaluz durante casi una hora, el jefe de la oposición, el socialista Juan Espadas, afeó a Moreno que no llevara ese documento consigo a Moncloa, como “punto de partida” al debate de reforma del modelo de financiación, caduco en 2014, y que ni el Gobierno socialista ahora, ni el Ejecutivo del PP con mayoría absoluta, antes, ha sido capaz de actualizar.
“Moreno Bonilla es el único presidente autonómico que tiene una propuesta de reforma del modelo sobre la mesa, porque tiene un acuerdo parlamentario firmado por las fuerzas de todo signo, se está limitando a reproducir el argumentario de Génova y las consignas del PP”, dejó dicho la presidenta de la coalición Por Andalucía, Inmaculada Nieto.
Todos los partidos de la oposición, incluido Vox, han exigido al presidente andaluz que no se pliegue a la estrategia partidista de Feijóo contra Sánchez. “La estrategia de Feijóo supedita los intereses de cualquier territorio a que la legislatura sea corta y se convoquen pronto elecciones generales”, ha dicho Espadas.
El dirigente socialista resumió su crítica al presidente andaluz con la misma tesis que defendió en junio, durante el debate de política general en el Parlamento andaluz: “Andalucía no tiene un problema de financiación, tiene un problema de mala gestión de los servicios públicos. No es la economía, es la ideología”, ha remarcado.
Esta Andalucía de 2024 poco o nada tiene que ver con la de principios de los ochenta, que salió masivamente a la calle para reivindicar una capacidad de autogobierno plena, plasmada en el Estatuto de Autonomía del 28 de febrero de 1980 (28F). Moreno ha trasladado a sus rivales políticos, tras la reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa, que su hoja de ruta para “hacer valer el peso demográfico y político de Andalucía” frente al pacto fiscal para Cataluña suscrito entre PSOE y ERC conduce, inevitablemente, al llamamiento de los andaluces para que se manifiesten en las calles.
Como hicieron el 4 de diciembre de 1977 en la protesta multitudinaria que alumbraría, tres años después, el primer Estatuto andaluz con igual peso y relevancia que el pactado para Cataluña, Euskadi y Galicia. Pero PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía le acusan de plegarse a la estrategia “frentista” del PP nacional contra Sánchez y de hacer dejación de funciones como presidente de la Junta, por no servirse del Estatuto autonómico para reivindicar el peso político de Andalucía ante el Estado. Las izquierdas han pedido a Moreno que invoque de inmediato la comisión bilateral Estado-Junta de Andalucía que obliga al Gobierno a sentarse para negociar una financiación mejor para la comunidad más poblada de España.
El presidente andaluz, según sus interlocutores, ha reconocido que el Estatuto le otorga ese poder -que no tienen otros barones autonómicos-, pero ha renunciado a usarlo porque está convencido de que es precisamente lo que busca Sánchez para “blanquear el cupo catalán”, esto es, el acuerdo bilateral pactado previamente con los independentistas catalanes que sacaría a Cataluña del sistema de financiación común. “Si Andalucía negocia bilateralmente con el Gobierno, damos por válido que lo haya hecho previamente con el independentismo catalán”, ha advertido el presidente, según coinciden los representantes de PSOE, Por Andalucía y Adelante que han hablado este lunes con él.
Tras sus 45 minutos de reunión con Moreno, la diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha comparecido para explicar que lo primero que ha trasladado al presidente es que su grupo no está de acuerdo “con que se renuncie a la bilateralidad, que está en nuestro Estatuto, y era necesario que defienda la singularidad de Andalucía, que reivindique la deuda histórica, y que denuncie que Andalucía haya sido históricamente fuente de extracción de beneficios y de materias primas”.
La conclusión de Inmaculada Nieto, presidenta de la coalición Por Andalucía, es que el PP ha encontrado “un filón electoral” en la confrontación por la financiación autonómica. “Moreno no le ve riesgos al frentismo ni al deterioro de la convivencia que provoca cargar la conversación pública de bulos”, ha dicho, poniendo de ejemplo una de las medidas que aparece en el documento de 100 propuestas y reivindicaciones que Moreno entregó a Sánchez el viernes pasado.
Es el apartado en el que la Junta, tras recurrir la Ley estatal de Vivienda ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias, pide al Gobierno que “regule las viviendas turísticas”. Un asunto enconado en la política andaluza, desde que los alcaldes del PP en las ciudades más turísticas -Sevilla, Málaga, Córdoba, etc- reclaman a la Consejería de Turismo una tasa turística que la Junta se niega a aprobar, porque chirría con su modelo de bajada fiscal.
El documento con 100 propuestas -que Adelante Andalucía ha calificado como “el argumentario del PP”- tampoco incluye la reclamación al Estado del traspaso de competencias de los trenes de Cercanías, una propuesta que ya fue votada y avalada por mayoría del Parlamento andaluz, con apoyo expreso del PP y del Gobierno de Moreno.
En esta misma línea argumental, los tres grupos de izquierdas afearon al presidente de la Junta que abandere una política generalizada de bajada de impuestos -renunciando a ingresos cuantiosos para las arcas públicas- a la par que reclama más financiación e inversiones al Gobierno para Andalucía.
Más descolgado del discurso y la estrategia de las izquierdas ha estado Vox, un partido abiertamente contrario al modelo territorial de España, descentralizado en comunidades autónomas, y que pide desmantelar los parlamentos autonómicos, aunque ahora forme parte de ellos (y hasta hace poco de sus gobiernos).
Su portavoz, Manuel Gavira, ha pedido a Moreno que “no utilice Andalucía de forma partidista”. “Andalucía está mal financiada como consecuencia de la gestión del PSOE y del PP. Pero lo que no queremos es una utilización por parte del PP de cualquier manifestación o movilización relacionada con el cupo separatista catalán, que no entre en la trampa socialista, y que no utilice ese cupo para justificar su mala gestión en los servicios públicos que tiene esta tierra”.
Espadas ha defendido la “reestructuración de la deuda”, esto es, la quita del Gobierno a Andalucía en términos similares a los que el PSOE ha pactado con ERC para Cataluña. El líder socialista ha achacado esa deuda a la minoración de recursos del Estado a las comunidades tras la crisis financiera de 2008, pilotada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con una estricta política de asfixia al gasto público para controlar la desbocada deuda de las administraciones públicas.
El secretario general del PSO-A, a quien los populares señalan como un simple “vocero” de las políticas de Sánchez, ha explicado que Andalucía “no tiene un problema de financiación ahora”, pero “sí lo tenía y grave” en 2018, con el PP en la Moncloa, y cuando Moreno estampó su firma junto a la entonces consejera andaluza de Hacienda y hoy ministra, María Jesús Montero, a favor de una propuesta de reforma del modelo de financiación que implicaba 16.000 millones de euros más para las comunidades, 4.000 millones para Andalucía.
Espadas ha expuesto las cifras de fondos del Estado que percibe hoy Andalucía, en un ciclo de economía al alza que nada tiene que ver con la situación en 2018, cuando llega Moreno al poder de la mano de Ciudadanos y Vox. Ahora, esta comunidad recibe en entregas a cuenta del Estado casi 28.000 millones de euros, una cifra récord. “No hay un problema que esté asfixiando a Andalucía y que lleve al límite a su capacidad financiera, como ha dicho Moreno. Lo que pasa es que los servicios públicos no funcionan como consecuencia de un problema de gestión y de prioridades políticas del PP”, sentenció.
Lo que ha tratado de transmitir es que “con el mismo modelo de financiación (caduco), Andalucía ha recibido un 48% más de fondos del Estado”. “Hay que cambiar el modelo porque funciona en los momentos en que una gran garantía de recaudación, como el actual, y un Gobierno con voluntad política para hacer un reparto equilibrado”, ha asegurado. El líder socialista se ha adentrado, incluso, en la concreción de la nueva fórmula de reparto de fondos para las comunidades, proponiendo “un mecanismo automático de reequilibrio para que ninguna comunidad reciba menos del 98% de los recursos per capita y ninguna esté por encima del 103%”, como ocurre ahora.
Contra la intervención de Espadas ha arremetido duramente, a posteriori, tanto el portavoz del PP, Toni Martín, como el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en nombre del Ejecutivo andaluz. Sanz ha acusado al dirigente socialista de “ser el único andaluz, de los 8,5 millones de habitantes que tiene esta tierra, que niega que Andalucía esté infrafinanciada”.
Espadas fue el último de los portavoces de la oposición en comparecer tras la ronda de entrevistas con el presidente. Trajo consigo un documento con 250 “incumplimientos” de Moreno, desde 2018, en respuesta al que el presidente andaluz llevó a Moncloa. El líder del PSOE-A desgranó su propuesta de reforma en modelo de financiación. En su intervención defendió la propuesta del PP para que la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicas aborde el tema de la financiación autonómica, y no sea sólo un monográfico sobre Vivienda, como ha anunciado el Ejecutivo central. “Previamente debería pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y yo no veo un acuerdo de mínimos de los presidentes autonómicos del PP”, ha matizado.
El portavoz del PP andaluzcerró la ronda de entrevistas cambiando el guión de sus predecesores, con una defensa férrea de la estrategia de Moreno, de su documento con 100 reivindicaciones a Sánchez, y con una dura crítica al líder del PSOE. “Sánchez es el presidente más antiandaluz de la historia”, dijo Martín, tras subrayar que el pacto fiscal de los socialistas con ERC para Cataluña restará más de 30.000 millones de euros al sistema de financiación, dañando al resto de comunidades y con especial relevancia a Andalucía.
Por último, el consejero de la Presidencia hizo un balance “positivo” de la ronda de contactos del presidente andaluz con los portavoces parlamentarios, y adelantó que Moreno ha “mandatado” a sus consejeros para negociar con sus rivales políticos las medidas que recoge el documento que entregó el viernes a Sánchez.
Esta semana, el consejero convocará a los grupos para buscar acuerdos y “máximos consensos” en torno a un decálogo de políticas que resumen las 100 medidas del documento, que empezará el próximo lunes. “No es una oferta, es una nueva vía de trabajo entre el Gobierno y los grupos parlamentarios para abordar los problemas de Andalucía”, ha explicado.
Sanz describió a Andalucía como una comunidad “discriminada, agraviada y muy dañada” por las políticas del Gobierno central, y ha contrastado el “diálogo” de la Junta con sus rivales políticos con el clima de tensión que vive Sánchez en el Congreso.
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