Los partidos de la oposición al Gobierno de la Junta de Andalucía han reaccionado en las últimas horas a las informaciones sobre el Andalucía Big Festival de Mad Cool reveladas por este medio. El PSOE de Andalucía presentará una batería de iniciativas parlamentarias “ante el oscurantismo y el pufo que existe en torno al Andalucía Big Festival”, según ha anunciado este lunes el secretario general provincial en Málaga, Daniel Pérez y la parlamentaria andaluza Alicia Murillo. Por su parte, Inmaculada Nieto (portavoz de Por Andalucía en el Parlamento Andaluz) reaccionó este domingo a la información publicada por elDiario.es Andalucía, indicando que algo “huele mal” en relación con este evento.
El Andalucía Big Festival cuenta con un patrocinio autonómico de 4.235.000 euros, el 80% de los cuales se sufragaría a cargo de Fondos FEDER destinados a la “internacionalización de empresas andaluzas”, a pesar de que la promotora del festival está radicada en Madrid y se constituyó apenas cuatro meses antes de firmar el contrato con la empresa pública de Turismo Andaluz (Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A.), entre otros por Rafael Coto, un empresario que había trabajado en diversas ocasiones para Ciudadanos. El máximo responsable de la empresa pública de Turismo era el ya exconsejero de Turismo y exvicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos).
Además, desde abril el festival se ha promocionado aludiendo reiteradamente a su ubicación en la malagueña playa de Sacaba, a pesar de que los promotores, que alegan haberse dirigido siempre al ayuntamiento de Málaga, nunca presentaron ningún documento ante la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, única institución que podía otorgar los permisos para usar el dominio público marítimo-terrestre. Finalmente, los organizadores cambiaron sus aspiraciones: ahora pretenden celebrar el festival del 8 al 10 de septiembre en la explanada del recinto ferial de Málaga, para lo cual deben presentar la documentación exigida por el ayuntamiento.
El festival, que tiene a Muse, Jamiroquai y Rage Against the Machine como cabezas de cartel, se apoya en otras dos patas, de las que apenas se han revelado detalles. Una de ellas es el Andalucía Music Forum, un evento en torno a la industria musical que tendrá a México como país protagonista. La semana pasada se desveló que tendrá lugar en Málaga, la semana previa, y contará con al menos una veintena de ponentes. De la otra pata, consistente en siete conciertos en las respectivas capitales andaluzas, nada se sabe, a pesar de que se anunció que se celebrarían antes del gran evento en Málaga.
“Cada día que pasa y conocemos más información vemos que estamos ante hechos muy graves que tampoco benefician a la capital”, ha dicho Daniel Pérez que, además de secretario general de los socialistas malagueños, es portavoz del grupo municipal. Pérez ha criticado que Andalucía Big Festival inició la venta de entradas promocionado su celebración en el entorno de Sacaba Beach “sin tener autorización por parte de la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y provocando incluso que el Ayuntamiento de Málaga haya pedido la retirada del logotipo municipal del cartel al no ser uno de los organizadores”.
“Ahora sabemos que se ha bordeado en todo momento la legalidad vigente para la concesión de permisos y trámites administrativos relacionados con este evento, vinculado empresarialmente a un amigo de Albert Rivera, ex-líder de Ciudadanos”, ha añadido Pérez.
El grupo socialista tiene previsto registrar varias preguntas para conocer los detalles de la tramitación administrativa del expediente del patrocinio de la Junta de Andalucía a Andalucía Big Festival, que se ha caracterizado hasta ahora por la opacidad. Este medio solicitó reiteradamente información a las consejerías implicadas, y sólo ha accedido a los detalles de la asignación de fondos europeos después de presentar las preguntas a través del portal de transparencia.
“Ha dado a dedo 4,2 millones de euros mediante un patrocinio de la consejería de Turismo de forma que no está controlado. Estamos asistiendo a un caso de despilfarro por parte de la Junta de Moreno Bonilla, que debe tomar cartas en el asunto”, ha resaltado Murillo. “Se han dado fondos a una empresa constituida cuatro meses antes de ser beneficiada por este patrocinio y que no está ni ubicada en Andalucía, financiando con fondos FEDER en un 80%, cuando el gobierno de España lucha para que lleguen esos importes a nuestro país y Andalucía es beneficiaria de un tercio del total”, ha afirmado y ha dicho: “Exigimos una explicación por despilfarrar un dinero que sirve para mejorar la calidad del trabajo de los andaluces y andaluzas y en nuestra economía”.
También Inmaculada Nieto reaccionó este domingo a los detalles de la adjudicación de fondos europeos revelados por este periódico. Nieto señaló que “algo huele mal en Dinamarca”, algo que ya tuvo que escuchar Marín cuando presentó al Parlamento Andaluz este evento y el generoso contrato de patrocinio que lleva aparejado.
Ya el lunes, Por Andalucía ha anunciado que también pedirá explicaciones en el Parlamento andaluz. “Es alarmante que un evento de tan importantes características, repercusión y número de asistentes, se haya organizado con los problemas administrativos y procedimentales que denotan las informaciones que están apareciendo y que convierten en una verdadera chapuza la celebración de un festival al que acudirán decenas de miles de andaluces y foráneos”, ha lamentado la parlamentaria andaluza Esperanza Gómez, quien ha alertado del “fraude” al consumidor que podría suponer el haber anunciado el evento en la playa sin haber iniciado ningún trámite ante el organismo competente para autorizarlo, una posible “estafa al consumidor a gran escala avalada por el amparo y la subvención de la Junta de Andalucía”.
Gómez se ha declarado sorprendida por el hecho de que se hayan otorgado 4,2 millones de euros en patrocinio “a dedo” por una administración “en funciones”. El contrato de patrocinio fue suscrito el 20 de enero, si bien el alta de la operación ante la Dirección General de Fondos Europeos no se produjo hasta el 13 de julio, con el anterior Gobierno en funciones.
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