Elena Cortés, la consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, una de los representantes de IU en el Gobierno de coalición andaluz, tiene muy claro cuál es su objetivo: “Que no haya casas sin gente, ni gente sin casas”.
Frente a la política que, según ella, propone el PP, que no sería otra que la de incentivar de nuevo la construcción de viviendas, Cortés defiende que “hay un cambio de paradigma en esta consejería”. Un cambio que consiste en “cambiar lo que era concebido como un producto financiero, por un derecho de habitación que sea ejercido sin suponer una hipoteca de por vida”. En otras palabras, la vivienda concebida “como un bien material que tiene que dar lugar a un derecho humano”.
Para ello, desde la Consejería de Vivienda han desarrollado un decreto ley en defensa de la “función social de la vivienda”, cuya aprobación está prevista para el Consejo de Gobierno de mañana martes. Una legislación que supone, dice Cortés, uno de los elementos “innegociables de su participación en el Gobierno de coalición PSOE-IU: ”IU está en el Gobierno para cambiar las cosas que nos han traído hasta aquí“, dice.
El decreto pretende dar acceso al derecho habitacional de la vivienda a dos colectivos fundamentales, los desahuciados y los jóvenes. Para ello, frente a las políticas que incentivan la adquisición, la nueva legislación, que Cortés define como “novedosa”, se centra en promocionar el alquiler. Sobre todo del gigantesco parque de viviendas vacías que hay en Andalucía. Y lo hará con una de las más viejas estrategias, la del palo y la zanahoria.
“Las viviendas están, no es posible que haya viviendas vacías”. De ahí, explica Cortés, la necesidad de generar una nueva legislación que “haga que la función social de la vivienda se cumpla”, Y para ello, se fomentará el alquiler, “primero con incentivos, pero también con un elemento coercitivo en el caso de que los incentivos no lleguen a buen puerto”, afirma.
Así, la norma se referirá a aquellas viviendas propiedad de empresas, inmobiliarias y entidades financieras. Excluyendo en todo caso, explican en la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, “el parque de segundas viviendas, las residencias habituales, y aquellas que estén fuera de ordenación (es decir ilegales)”.
Según los cálculos elaborados en la consejería, Andalucía cuenta con un parque público de unas 80.000 viviendas. Pero están ocupadas, y su índice de rotación es bajo. Pero al mismo tiempo hay más de 700.000 viviendas vacías. “Es lo que ellos llaman activos tóxicos”, dice Cortés, que, en clara referencia al traspaso de viviendas desde bancos y cajas al llamado banco malo, añade: “Queremos saber dónde están, cuáles son y que las gestione la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer efectivo el derecho humano a la vivienda. No en vano, el poder público es el que determina el ejercicio de los derechos, no las entidades financieras”.
Para Cortés, el fomento del alquiler del parque de viviendas vacías es sólo uno de los tres elementos de su política de vivienda. Los otros dos son la rehabilitación, “como un elemento de reconversión del sector de la construcción, que afecta a muchos jóvenes que abandonaron los estudios y se fueron a la construcción, y a pymes pegadas al territorio, que es economía productiva”, dice. Y por último “la autoconstrucción, como otro elemento que puede ser útil para los municipios”.