Poco después de que Vox volviera a amagar con romper con el Gobierno andaluz con la inmigración como motivo, Unicef ha difundido este miércoles unos datos que revelan que los ingresos de menores extranjeros no acompañados durante 2020 fueron apenas un 12% de los registrados en la crisis de 2018. En concreto, Andalucía en 2018 registró 7.788 ingresos en su sistema de protección, mientras que en el primer año de la pandemia se registraron, en cambio, apenas 954 ingresos.
Pero, según la organización, esos datos y los “avances conseguidos” por Andalucía en el sistema de atención a estos menores no implican “en modo alguno” que la comunidad autónoma “pueda garantizar en solitario, y sin el respaldo de una política de contingencia de ámbito estatal, la protección de miles de niños en el marco de una eventual nueva contingencia humanitaria migratoria, como la ocurrida en 2018 o la que está desarrollándose ahora en Canarias y Ceuta”. Durante la presentación del informe 'Canarias: niños y niñas migrantes en una de las rutas más peligrosas del mundo', Unicef España ha reclamado la aprobación urgente de la Estrategia Nacional para la Protección e Integración Social de los Niños y Niñas Migrantes No Acompañados.
En 2019, la organización ya publicó 'Los derechos de niños y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española', un informe que recogía la situación en Andalucía, Ceuta y Melilla. Con este segundo informe, Unicef recuerda que es urgente garantizar la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas migrantes no acompañados en nuestro país. Ambos trabajos se enmarcan en el seguimiento de las recomendaciones a España por parte del Comité de Derechos del Niño, que reclamó medidas urgentes para garantizar la protección de estos niños.
Después de que la Junta se corrigiera a sí misma con la atención a menores llegados a Ceuta en su penúltimo encontronazo con Vox, en Andalucía cabría decir que “los cambios realizados con posterioridad a la crisis de 2018 se orientan hacia una positiva evolución del sistema”, según valora Unicef. En principio, nuestra comunidad autónoma “estaría hoy mejor preparada para atender llegadas masivas de niños y niñas migrantes no acompañados”. “Ahora, el sistema parece que cuenta con esa flexibilidad necesaria para adaptar sus centros a llegadas de personas menores de edad que demandan una atención individualizada, respeto a su proyecto migratorio y apoyo para su futuro educativo y laboral. El sistema de protección andaluz, paulatinamente, se estaría adaptando a la realidad de estos niños y niñas que vienen a España buscando mejores condiciones de vida y protección. También estaría especializando sus recursos para una primera atención inmediata, una evaluación de necesidades y derivación especializada después y, finalmente, orientación sociolaboral y preparación para la vida adulta”, se recoge en el informe publicado este miércoles.
Sin embargo, la organización indica que “siguen persistiendo carencias fundamentales” detectadas en 2018 como “la ausencia de representantes del sistema de protección en la recepción” de los menores; la “inexistencia de un protocolo (al menos andaluz, mientras no concluyen los trabajos de reforma del procedimiento de determinación de la edad a nivel estatal) para la determinación de la edad”; los “problemas en la obtención de los permisos de residencia y trabajo, con diferencias según provincias”; el “insuficiente número de profesionales especializados” en los centros de protección, “a pesar de las mejoras en la incorporación de profesionales de mediación intercultural”; la “necesidad de seguir reforzando la coordinación con el sistema educativo”; y la “carencia de un sistema de información integrado, transparente y accesible, que consolide una gestión basada en la cultura de la evaluación”.
Según los datos más recientes del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, a 30 de junio de 2021 hay 2.128 niños migrantes no acompañados en el sistema andaluz. Como se ha dicho, ha habido un notable descenso tanto del número de ingresos en el sistema como del total de niños y niñas atendidos en 2020 pero el número de menores que permanecen en el sistema (lo que Unicef llama “foto fija”) no se reduce en la misma proporción: 2.290 a finales de 2018 y 1.274 a finales de 2020.
A nivel estatal, Unicef considera que “sin una política de contingencia a nivel estatal, sin aumentar las capacidades de instituciones que intervienen (Policía Nacional, fiscalías, etc) y sin traslados a la península, el sistema inevitablemente se satura y genera desprotección”. A juicio de la organización, “el sistema español aborda la respuesta a los niños y niñas migrantes no acompañados desde una perspectiva correcta, la de la protección; sin embargo, la falta de planificación y recursos, así como de mecanismos que garanticen la corresponsabilidad en todo el territorio, hacen que esa respuesta no sea la más adecuada”.
El informe señala respecto a Andalucía que la respuesta del sistema en 2018 fue principalmente la creación de dispositivos de emergencia, contando en octubre de 2018 con 1.541 plazas de emergencia del total de 3.940 plazas disponibles, repartidas entre 20 centros de gestión propia, 182 de gestión concertada y 37 nuevos dispositivos de emergencia abiertos sobre la marcha ante la “situación de desbordamiento del sistema”. En buena medida, la reacción no fue muy diferente a la que tuvo que hacer el sistema canario para dar respuesta a tiempo a los niños no acompañados que fueron llegando de manera creciente desde fines de 2019.
Como se dijo en el informe presentado a principios del 2019, ese sistema de aperturas exprés de dispositivos de emergencia trajo consigo una “enorme heterogeneidad”, de forma que la realidad observada daba cuenta de diferencias sustanciales de un centro a otro, lo que significaba “un estándar de protección y realización de derechos diferenciado según el dispositivo en que un niño o niña era acogido”. Mientras que creció mucho el número de centros de emergencia, no ocurrió lo mismo con los centros de tipo residencial, lo que llevó a una “extensión irrazonable de los tiempos en que un niño estaba en centros de emergencia o primera acogida, dificultando así su proceso de integración”. Es decir, un proceso similar al observado a junio de 2021 en Canarias, apunta Unicef.
En cualquier caso, el progresivo descenso de llegadas a Andalucía en los tres últimos años ha permitido, según Unicef, “ir saliendo de la dinámica de contingencia e ir introduciendo una serie de cambios en el sistema e ir adoptando nuevas herramientas”. A partir de mediados de 2019, destaca la organización, se acometieron reformas en el sistema y “se ha apostado por la construcción de un modelo”, clasificando los dispositivos de atención en tres categorías: recepción, evaluación y diagnostico, e inserción social y laboral, respondiendo ya a “un enfoque más basado en la evaluación de la gestión desarrollada, de los flujos migratorios y de los perfiles de los menores de edad”.
Según las entrevistas realizadas, desde la Dirección General de Infancia atribuyen al nuevo modelo implantado desde 2019 avances en la integración de los jóvenes, la reducción de situaciones disruptivas y la disminución significativa del número de abandonos o 'fugas', de las que la propia Unicef alertaba en marzo de 2019. En este sentido, según datos de la propia Consejería, los abandonos se han reducido de un 70% en 2019 a un 18,8% en 2020.
En su informe de 2019, Unicef decía que para la población joven inmigrante extutelada en Andalucía existía una “carencia evidente” de iniciativas y ausencia de mecanismos de seguimiento tras alcanzar la mayoría de edad. Desde entonces, algunas iniciativas han seguido “una evolución positiva” y Andalucía dispone de algunos servicios para el colectivo de jóvenes procedentes del sistema de protección como el Programa de Adquisición de Competencias Socio-laborales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Según el nuevo informe, de los 1.108 jóvenes extutelados que permanecen en el sistema, casi el 50% se encuentra en la franja de los 17 a los 18 años, lo que supone “importantes desafíos para el sistema de cara a la regularización de su situación y su preparación para una vida independiente”, señala Unicef, que destaca también que ms del 62% de estos menores de edad tienen Marruecos como país de origen.
Unicef destaca también que en 2020 se han creado una serie de Recursos para Jóvenes Extutelados Migrantes, con una dotación de 150 plazas, que ascendieron a 300 desde mayo 2021, distribuidas en viviendas de seis plazas como máximo en diferentes lugares de Andalucía. Según Unicef, es “necesario” contemplar a los jóvenes extutelados dentro de programas de protección social como el Ingreso Mínimo Vital a nivel estatal o programas autonómicos de transferencia de ingresos o rentas a personas en condiciones de vulnerabilidad, como la Prestación de Inserción de Canarias (por ahora solo reconocida si se es solicitante de asilo o refugiado) o el futuro Ingreso por la Infancia y la Inclusión de Andalucía.
La organización también alude a la aprobación hace pocos días la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que menciona expresamente a los menores de edad migrantes no acompañados como titulares del derecho al acceso a todas las prestaciones y servicios de la comunidad autónoma. “Entre los aspectos positivos, se incluye el deber de formación en interculturalidad de los profesionales que los atiendan. Entre los aspectos negativos, entre otras cuestiones, queda como reto pendiente una mayor concreción y desarrollo de la atención educativa a estos niños y niñas”, apunta Unicef.
A través de nuestro canal en Telegram trasladamos de forma inmediata lo que ocurre en Andalucía: últimas noticias que van aconteciendo, o donde, simplemente, te ofrecemos un resumen de la información más relevante del día.