Las circunstancias especiales causadas por la crisis sanitaria de la Covid-19 no les han sido ajenas a la Administración de Justicia. Al margen de la pandemia, los operadores jurídicos y los gobiernos central y autonómico llevan años tratando de reducir el número de asuntos que se acumulan en los juzgados y que en ocasiones dejan pequeñas las sedes, sobrepasadas por archivadores de papel pese a la perseguida digitalización, principalmente en la jurisdicción penal. El expediente judicial electrónico y la progresiva eliminación de los folios amontonados en carpetas de colores es un mantra que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo sin que, al menos a simple vista, esta administración deje de ser la que más tarda en informatizarse definitivamente. Cualquiera que se pase por un juzgado, de Andalucía o de cualquier otro punto, sabe que el tránsito de expedientes y de papeleo es algo aún muy común por más intentos que se hagan por tratar de paliar ese mal endémico que arrastra la administración judicial pese a proyectos del tipo 'justicia digital', 'papel cero' o cualquier otro nombre bienintencionado.
Es la otra reforma pendiente de la Justicia, amén de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la que tanto se ha hablado en los últimos meses. El Gobierno de España lo sabe y en octubre se aprobó el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. Ya no hablamos de “digitalización” sino de “eficiencia digital”, enunciados administrativos que dicen mucho, como base legislativa del Plan Justicia 2030 “para transformar el servicio público de Justicia y hacerlo más eficiente”. Son buenos propósitos que no siempre se van materializados y que se atisban en un juzgado 'modelo' como el que ha podido visitar elDiario.es Andalucía, de la jurisdicción social, y que sufrirá, a buen seguro con el tiempo, las consecuencias de la lenta tramitación de los asuntos judiciales, que tiene mal normalizada una situación que se contrapone al conocido dicho de 'cuando la justicia es lenta no es justicia'.
No es frecuente el acceso periodístico al interior de juzgado de lo Social para ver su día a día, sobre todo, en cuanto a imágenes se refiere. Estamos en el Juzgado de lo Social número 12. Esta jurisdicción, encargada de resolver despidos, reclamaciones de cantidad o de prestaciones de la Seguridad Social, aunque no es la que más papel arrastra, es de las más dañadas por la acumulación de asuntos (no solamente desde la pandemia y sus consecuencias laborales para miles de personas) pese a que cada año se inaugura algún nuevo órgano judicial de este tipo en Andalucía. Estos juzgados registraron en el tercer trimestre de este año 16.475 asuntos, quedando casi 100.000 casos aún por resolver. Fuentes judiciales indican que esta jurisdicción, al menos en Sevilla, están señalando juicios para 2025 ó 2026, si bien en algunos órganos están surtiendo efecto los refuerzos aprobados por la Sala de Gobierno del TSJA y están siendo más ágiles.
No está de más en este punto, como caso práctico, recordar la historia de Consuelo, que iba a ser juzgada en Sevilla en 2022 y que finalmente fue readmitida tras adelantarse su juicio. En cualquier caso, según informó el TSJA hace unas semanas, las fechas de juicio en asuntos urgentes oscilan, según los distintos juzgados sociales de Sevilla, entre diciembre de 2022 y julio de 2024, al tiempo que las fechas de juicio en asuntos ordinarios oscilan entre mayo de 2024 y marzo de 2026, siendo el más retrasado el Juzgado de lo Social número 2.
La Junta y el TSJA saben de estas cuestiones, ante las que plantean actuaciones concretas desde hace tiempo. El pasado 20 de diciembre se reunieron en Granada, sede de la justicia andaluza. El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración, Juan Marín, comentaba que sigue existiendo “una pendencia importante, no solo en Andalucía, sino también en toda España, especialmente, agravada en algunas jurisdicciones como las de lo Social y lo Mercantil debido a la pandemia”, esperando que en 2022 “se culminen muchos proyectos y que cuestiones enquistadas puedan ver la luz”. Marín destacó el “avance importante” en aspectos como el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas en la Administración de Justicia y cifró en 15 millones la inversión para el Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia, cuya segunda fase arrancó en marzo de este año en las jurisdicciones Social, Mercantil, Penal, Familia, Primera Instancia, juzgados mixtos y fiscalías.
Según la Consejería, con fondos Next Generation, el programa Justicia 2030 acordado entre Ministerio de Justicia y comunidades autónomas supondrá “una inversión de casi 30 millones de euros para Justicia digital en Andalucía hasta 2026”. En materia de personal, en la que tiene las competencias, el plan de choque de la Consejería ha supuesto “una implicación diaria de 919 personas con un total de horas extraordinarias semanales que ha ascendido a 8.271 horas” durante 2021, año en el que “se han mantenido todas las contrataciones de personal interino de refuerzos ordinarios, con la previsión de mantenerlos en 2022”, aseguran fuentes oficiales de la Consejería.
Pero volvamos a la cotidianeidad de un juzgado que, como ya hemos dicho, pocas veces se abre a las imágenes de su interior. Cinco funcionarias teclean y mueven papeles, en similares frecuencias. Tres compañeros disfrutan ya de sus días de asueto por las navidades, especifican. El juzgado lleva poco más de un año funcionando, y no es especialmente significativo en cuanto a la acumulación de asuntos. Todavía. A la vista, los expedientes no son tampoco especialmente voluminosos. No lo son en esta jurisdicción, más digitalizada que la penal, que reúne más 'tochos'. El paso del tiempo, lo saben, se encargará de que sean, sin duda, como el resto de juzgados de lo Social de Sevilla en cuanto a retraso acumulado.
Un tímido espumillón evidencia las fechas en una oficina sin ventilación y que forma parte del complejo edificio judicial Noga, inaugurado en 2009 como 'edificio puente' y que, ante la falta de concreción de la Ciudad de la Justicia, pese a la reciente aprobación del primer gasto aprobado por la Junta, forma ya parte del habitual escenario de sedes en Sevilla, concentradas en la zona Prado-Viapol-Buhaira de la capital. El “tetris” en el que se ha convertido la adaptación de órganos judiciales en las actuales infraestructuras hace que el nuevo Social (el número 13) vaya a ocupar el lugar que hasta no hace mucho ocupaba un juzgado de lo Penal, mudado recientemente al vetusto edificio del Prado de San Sebastián, donde se ubican la sede de la Audiencia Provincial y de la Fiscalía. El bullicio fuera de abogados y justiciables da paso a un interior tranquilo en un juzgado joven que aún no padece especialmente de las apreturas del calendario de los más veteranos.
En el Social 12 ya esperan al nuevo juzgado, en unas dependencias anexas. El Social 13 de Sevilla será una realidad a finales de enero. Según las previsiones, el 31 de diciembre entrarán en funcionamiento las plazas de magistrados previstas paran las audiencias provinciales de Cádiz, Málaga, Sevilla y Córdoba, mientras que un mes más tarde lo harán ocho nuevos juzgados: el mencionado, el de Instancia e instrucción 4 de Arcos de la Frontera, el número 4 de San Fernando, el Contencioso-administrativo 8 de Málaga, el Juzgado de lo Social 8 de Granada, Social 14 de Málaga, el Mercantil 2 de Almería y el Mercantil 3 de Málaga. Todos los años se repite la misma historia: la memoria anual del TSJA reclama 'x' juzgados y el Gobierno crea un número notablemente inferior.
El TSJA, en todo caso, tiene detectados en los juzgados de lo Social de Sevilla “contrastes de funcionamiento y muy distintos tiempos de respuesta en procedimientos en el mismo ámbito jurisdiccional y órganos judiciales con similares características dentro del mismo partido, revelando singulares diferencias temporales, que no encuentran siempre explicación ni justificación lógica”. Piden a estos órganos que “optimicen las agendas y, en la mayor medida posible, adelanten fechas de señalamientos y contemplen acumular asuntos”, todo ello con el fin de “acercarse al plazo más razonable posible, lógica demanda y aspiración de la ciudadanía afectada”.
Manuel Moreno, presidente del sector de Justicia de CSIF en Andalucía, señala respecto a estas cuestiones que el problema de que al camino de la digitalización le falte aún recorrido se debe entre otras cuestiones a las incompatibilidades de los sistemas de gestión de las diferentes administraciones y competencias en la Administración de Justicia. Lexnet, Adriano y otras aplicaciones informáticas confluyen en el entorno judicial donde “cada uno hace lo que puede”, lamenta.
La Junta de Andalucía tiene en marcha en los juzgados de lo Social y de lo Contencioso Administrativo en Jerez de la Frontera la fase piloto del nuevo sistema de gestión procesal @driano, abandonando ya el sistema Adriano. Inmaculada Molina, coordinadora de Justicia en la federación de servicios a la ciudadanía de CCOO de Andalucía, denuncia que de él “apenas sabemos sabemos nada, solamente que va muy bien, según nos han dicho”. “Ni plazos de ejecución, ni procedimientos a los que afecta ni si con @driano se arregla o no la interoperatividad de los sistemas”, indica. “Todo en el aire” con ese nuevo sistema, añade la representante sindical, sin que sepa si se conectará con procesos de otras comunidades autónomas, por ejemplo.
Según la Consejería, “se está trabajando” en el nuevo @driano con un presupuesto de 20 millones. Aparte del piloto en Jerez, hay “un prepiloto” en la jurisdicción penal y “se irá instalando de forma progresiva al resto de juzgados de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo del resto de Andalucí, y, posteriormente, el resto de jurisdicciones”. La instalación completa en todos los juzgados está prevista para 2023, anuncia la Junta, que destaca “algunas de las ventajas” del nuevo @adriano: “mejora manejo de expediente judicial electrónico (permite realizar búsquedas en todos los documentos, subrayar párrafos, añadir notas…), integración en una única herramienta (expediente judicial electrónico, firma digital, estadísticas, alarmas, agenda y con otras de carácter externo como Lexnet y el Punto Neutro Judicial)”.
La Consejería informa también a este medio que, con el nuevo @driano, “se ha creado un conjunto de esquemas procesales de tramitación guiada que son la definición exhaustiva de los pasos legales más ágiles y simplificados para tramitar cualquier clase de expediente judicial”. Los resultados de esa experiencia se están compartiendo con la Comunidad Valenciana “con muy buenos resultados, lo que convierte a Andalucía en referente en cuanto agilización y simplificación del trabajo procesal de los juzgados”. La Consejería también alude a inversiones en un nuevo sistema de grabación y audiovisuales para salas de vistas, despachos y salas Gesell de Andalucía Arconte-Aurea, la textualización de grabaciones de vistas y declaraciones, y el proyecto de implantación de solución de videollamada para actos procesales telemáticos (CISCO-WEBEX-iReunión).
El representante de CSIF lamenta por otra parte la “resistencia” en algunas instancias judiciales, sobre todo en lo penal, para que la digitalización de los expedientes sea una verdadera realidad, lamentando el desarrollo “desigual” de la justicia digital en las distintas jurisdicciones. En ese mismo sentido, Molina (CCOO-A) considera que no todos los juzgados van a un mismo ritmo de digitalización, “ni creemos que se vaya a solucionar esos problemas de un día para otro”. “Por ejemplo, los asuntos que son muy antiguos no se pueden escanear todas las carpetas. Son procedimientos que ocupan habitaciones completas. Con la Covid-19 se ha complicado todo mucho más y un procedimiento es complementamente digital si ha 'nacido' digital”, comenta. “Muchas veces se hace doble trabajo, en papel y en digital, con lo que el caos es mayor”, apunta.
La coordinadora de Justicia en CCOO también explica que la Junta ha puesto en marcha la cita previa en los 24 registros civiles para que la ciudadanía pueda obtener cita a través de internet. Se va a ampliar a 62 registros pero, según CCOO, “no está exenta de problemas e incidencias”. En Almería, por ejemplo, no se puede obtener cita para información general, comenta Molina, denunciando que la Consejería “se vanagloria de ese sistema pero hay muchos problemas por resolver”. En líneas generales comenta que “desde 2017 se trabaja con el expediente digital pero se usa ”en uno de cada cien juzgados“, señalando que ”la Sección Primera de la Audiencia de Almería es la única que trabaja exclusivamente en digital“.
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