Juan Manuel Moreno defendió con vehemencia el Orgullo LGTBI el pasado 28 de junio durante su comparecencia en el Parlamento de Andalucía cuando los pactos revisionistas de PP y Vox echaban a andar tras las elecciones municipales. Arrancó su discurso recordando que la Junta constituyó en diciembre de 2020 el Consejo Andaluz LGTBI y 'anunció' una estrategia para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI en Andalucía, que fue formulada hace dos años y medio. Horas antes había puesto un tuit en defensa del colectivo LGTBI (“el amor es demasiado grande como para encerrarlo en un armario”).
Pero la ley andaluza que garantiza los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares, en vigor desde febrero de 2018 cuando aún gobernaban en coalición PSOE y Ciudadanos, apenas ha tenido desarrollo desde que el PP ocupa San Telmo, primero con Ciudadanos (enero 2019-junio 2022) y desde hace un año con mayoría absoluta. “El presidente Moreno no puede escudarse en la presión de Vox para no hacer políticas para mejorar la vida de las personas LGTBI en Andalucía porque en esta legislatura gobierna con mayoría absoluta, con lo cual la responsabilidad de convertir la ley andaluza LGTBI en papel mojado es únicamente suya”, zanja al respecto Charo Alises, vicepresidenta segunda del Consejo Andaluz LGTBI, presidenta de Ojalá Málaga y representante de las entidades LGTBI en el citado Consejo.
A unos días de las elecciones generales, y mientras las primeras medidas de PP y Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas están anticipando un retroceso histórico en derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI, la Consejería de Inclusión Social dirigida por Loles López presume en un balance solicitado por elDiario.es Andalucía de las “principales actuaciones” para ejecución de las leyes LGTBI (incluida la pionera ley trans de 2014), muchas de ellas aún en proyecto pese a que la ley que garantiza los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares tiene ya más de cinco años.
Fuentes de ese departamento de la Junta anuncian en ese sentido la puesta en marcha del tercer Congreso LGTBI de Andalucía (“en octubre, en Torremolinos”), la elaboración del informe bianual trans (ya “iniciada”), el informe estadístico para el diseño de políticas públicas antidiscriminatorias en el ámbito LGTBI (“en elaboración”), la estrategia anunciada por el presidente (“ya se han elaborado todos los documentos previos”), los cursos de formación en LGTBI a través del Instituto Andaluz de Administración Pública (“en homologación”), la tercera edición de la obra 'El Pasaje Begoña en la memoria LGTBI' (“en elaboración”) o la gestión de la línea 8 de subvenciones LGTBI, contempladas anualmente en los presupuestos autonómicos
Como actuaciones ya implementadas con base a la ley LGTBI de finales de 2017 únicamente citan el protocolo LGTBI para la inclusión social del colectivo y la prevención de la LGTBIfobia en los centros sociales comunitarios (que fue presentado el 29 de marzo, también en Torremolinos), la primera personación de la Junta en un caso de delito de odio (anunciada el pasado 9 de junio) y la ejecución de “diversas acciones informativa y de visibilización de las personas LGTBI y sus familiares con el fin de promover el valor positivo de la diversidad en materia de identidad y expresión de género”, sin definir qué acciones.
Varias de las cuestiones citadas por la Consejería de Loles López fueron impulsadas en la legislatura anterior (con la entonces consejera Rocío Ruiz, de Ciudadanos, al frente de estas políticas). Por ejemplo, la elaboración del citado protocolo presentado ahora, la mencionada estrategia (formulada en marzo de 2021), el informe estadístico o la personación en un caso de delitos de odio, a lo que no obliga esta ley sino que es una potestad que tiene la Junta desde el verano de 2021.
Al margen de eso, un vistazo al articulado de la ley y a los múltiples puntos que incluye deja entrever que muchas cuestiones no se han abordado, tanto en el sentido genérico (la ley se comprometía a implementar “una política proactiva de carácter transversal dirigida a la plena integración de las personas LGTBI”) como en aspectos concretos. El desarrollo de la ley andaluza LGTBI no depende sólo de la Consejería de Inclusión Social, si bien la consejera Loles López, como presidenta del Consejo Andaluz LGTBI es “la responsable de la implementación de la ley” y “quien debe preocuparse de sentarse con las consejerías en el ámbito que le compete”, pero “no lo está haciendo”, critica Charo Alises.
Entre cuestiones concretas que no se han implementado en el ámbito de lo social, en la sanidad, en la educación, en el ocio y el deporte, o en la familia están las que puedan favorecer la visibilidad, el respeto y la no discriminación de las familias LGTBI, con especial incidencia en las familias homoparentales. Tampoco se se conocen programas de prevención para evitar de manera efectiva en el ámbito educativo acciones discriminatorias, ni se están reforzando las actuaciones en los colegios que tengan por objeto combatir el acoso escolar por motivos de orientación o diversidad sexual o por su identidad o expresión de género o pertenencia a grupo familiar LGTBI.
Tampoco la Junta de Andalucía ha puesto en marcha campañas de prevención de la LGTBIfobia ni un servicio especializado en atención a víctimas de la lgtbifobia. En el ámbito laboral, la Junta no ha establecido medidas para prevenir y, en su caso, erradicar la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género en los centros de trabajo. Tampoco se conocen medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de derechos y la no discriminación por razón de la orientación sexual.
Cabe recordar que hace un año fue cerrado el primer y único expediente sancionador desde que entrara en vigor la ley. La Junta amparó la libertad de expresión de una psicóloga de Sevilla que había sido denunciada por la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera y la Asociación Española contra las Terapias de Conversión por unos tweets presuntamente contrarios a la autodeterminación de género.
Fuentes de la Consejería de Justicia detallan que los Servicios de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) atienden a personas LGTBI “como víctimas especialmente vulnerables” si consideran haber sido víctimas de un delito de odio como consecuencia de su orientación sexual, con “servicios de orientación jurídica especializados en materia de violencia intragénero” como establece la ley, tanto en víctimas LGTBI como de trata de personas.
Fuentes de la Consejería de Cultura, con competencias en memoria histórica, no responden si están impulsando el estudio o la investigación para la visibilización de las personas que fueron represaliadas por su orientación sexual o por su identidad de género, como establece la ley. Tampoco si se ha impulsado una cultura inclusiva que visibilice e impulse la producción cultural LGTBI, o si se han tomado medidas para la promoción de una cultura inclusiva que visibilice la diversidad sexual, de género y familiar. O si en el ámbito del ocio se ha adoptado alguna medida para garantizar el respeto a la personas LGTBI y sus familias.
Por otra parte, y pese a que el Parlamento de Andalucía aprobó en julio de 2019 una Proposición No de Ley para apoyar a las personas intersexuales con una norma que garantice sus derechos, el actual gobierno de la Junta no la ha desarrollado.
Charo Alises, también autora de las tres ediciones de la Guía de Delitos de Odio LGTBI editadas por la Junta de Andalucía y del Manual de actuación frente al bullying LGTBI, también editado por la Junta en 2022, considera que la Ley LGTBI de Andalucía “está prácticamente sin implementar porque no hay ninguna implicación en las consejerías responsables de su implementación para llevar a cabo los mandatos de esa ley”.
Según añade esta abogada en ejercicio desde 1995, y doctora en Ciencias de la Comunicación, respecto al Consejo Andaluz LGTBI “hay una desidia por parte de las consejerías representadas en el Consejo a la hora de cumplir sus funciones dentro de este órgano y respecto a las políticas de la Consejería de Igualdad en materia LGTBI se observa un retroceso con respecto a la labor desarrollada por la anterior Consejería”. en ese sentido, “se han eliminado las acciones de visibilidad realizadas por la Consejería anterior en los días señalados para el colectivo LGTBI”, tildando de “significativa” la “ausencia de las campañas con motivo del Orgullo LGTBI que se venían desarrollando por la Consejería anterior en las que se incluía un spot televisivo y cartelería”.
Alises alude también al “nulo interés por abordar los temas LGTBI” por parte de la Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad Secretaría, de quien depende “el impulso de las medidas para garantizar los derechos de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares”, así como “el desarrollo, impulso y seguimiento” de la mencionada Ley 8/2017. Cabe recordar que en la anterior legislatura esas competencias recaían en la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, dirigida por Ángel Mora.
La representante de las entidades relata un reciente “ejemplo significativo” de ese “nulo interés” por parte de la Junta. “La Secretaría General me dio una cita como representante de las entidades andaluzas LGTBI en el Consejo para el 30 de mayo para tratar, precisamente, el tema de la implementación de la ley. Veinte minutos antes de la hora de la reunión me llamó su secretaria para decirme que le había surgido algo y que anulaba la cita. Le pregunté si me iban a volver a dar cita y me dijo que sí. Hasta el día de hoy no tengo noticias de la Secretaría General que, parece, no tiene mucho interés en abordar ese tema”.
Según concluye Alises, “la explicación que se nos da sobre la falta de implicación de los representantes de las Consejerías en el trabajo del consejo LGTBI para que ni siquiera pueden hacer un informe sobre la implementación de la ley en las consejerías que representan, es que tenemos que comprender que esas personas tienen una gran carga de trabajo. Parece que implicarse en las tareas del Consejo no es su trabajo por lo visto. Con esta actitud, la Junta de Andalucía está convirtiendo el Consejo en un órgano inoperativo”.
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