VIVIENDA
Casi un año después de que se abriera la convocatoria para solicitar el bono joven de alquiler, cientos de andaluces han vuelto a salir a la calle para protestar por la “dejadez” y “caótica gestión” del Gobierno de Juan Manuel Moreno en la tramitación de unas ayudas que el Ejecutivo central aprobó en enero de 2022, y que la mayor parte de comunidades autónomas hace tiempo que empezó a abonar a los beneficiarios. Hasta la fecha, la Junta de Andalucía sólo ha resuelto de manera definitiva un 24% de expedientes. Del total de las 17.266 solicitudes registradas, “sólo un 15% son favorables”, de acuerdo con la información que maneja la plataforma de afectados por el bono alquiler joven en Andalucía, tras reunirse la semana pasada con los responsables de la Consejería de Fomento y Vivienda.
De su lado, la Junta asegura que 4.100 solicitantes cuentan ya con una propuesta definitiva favorable (“están abonadas o con crédito asignado”), pero ni siquiera eso es consuelo para quienes esperan beneficiarse, pues la mayoría siguen sin acceso a la ayuda en un contexto de fuertes alzas del alquiler en las principales ciudades andaluzas. La tardanza en la resolución de esta ayuda que se antoja “de extrema necesidad” ha dinamitado las ilusiones de emancipación y emprendimiento de miles de jóvenes. Por eso, cientos de ellos han participado en una nueva concentración contra la “nefasta gestión” del Gobierno andaluz, que se ha celebrado la mañana de este lunes de forma simultánea en las ocho capitales, contando con una media de 50 asistentes por provincia, según la plataforma convocante.
El hecho de que la cifra de participación diste bastante del número de afectados en el conjunto de la comunidad responde a que buena parte de ellos se encontraban en esos momentos trabajando. “Sabíamos que un lunes a las 10:30 no es la mejor fecha ni hora para congregar a gente, pero lo hicimos a sabiendas, puesto que el objetivo de las concentraciones no era ser multitudinaria, sino que la prensa se hiciera eco de la nefasta gestión de la Junta y de la situación de tantos jóvenes”, explica en este sentido Manuel Sanz, portavoz de la plataforma que se encarga de canalizar las movilizaciones de los afectados.
Precisamente, “desesperados” por la demora en la resolución y abono de los 250 euros mensuales que llevan 11 meses esperando, cientos de ellos junto a padres y madres que han acudido en señal de apoyo y de representación han exigido de nuevo “eficacia y responsabilidad” a la administración andaluza, como responsable de la gestión de unas ayudas sufragadas por el Estado. El presupuesto del programa (68,4 millones de euros de fondos estatales, de los que Andalucía ya ha recibido 42,2) da para asignar 11.300 bonos durante 24 meses, que en la comunidad andaluza se abonarán retroactivamente a contar desde enero de 2022. De modo que pierde así su “naturaleza inicial” de ayuda con carácter mensual, según lamentan los afectados.
Andalucía es, junto a Madrid, la última comunidad en resolver la ayuda: de hecho, abrió la convocatoria diez meses después de que fuese articulada a nivel estatal, el 14 de noviembre de 2022, y la cerró el 14 de febrero de 2023. “Después de 11 meses sin respuesta ni resultados, nos manifestamos juntos porque no podemos esperar más”, ha arrancado su intervención Manuel Sanz, portavoz de la plataforma que ha convocado este lunes concentraciones en las ocho provincias andaluzas, al no tener novedades una semana después de reunirse con Rocío Díaz, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda que asumió el cargo el pasado mes de abril, cuando Marifrán Carazo se centró en su candidatura a la alcaldía de Granada.
“Es un despropósito lo mires por donde lo mires”, expresa en conversación con elDiario.es Andalucía, recogiendo el sentir de los miles de afectados que tienen “muy difícil emanciparse y tener un día a día digno” por la “ineficiencia” que le achacan al Gobierno de Moreno. Asimismo, Manuel ha criticado que el presidente de la Junta presente a Andalucía como “garantía de la buena gestión”, pero no la garantice cuando se trata de la juventud. “El dinero no sabemos dónde está, pero nos hace mucha falta”, añade en esa misma línea su compañera Belén Puya, que pone el foco en la precariedad laboral que padecen los jóvenes en esta tierra.
Por eso, a las puertas de la Consejería del ramo en Sevilla, Manuel recuerda que detrás de los datos, “hay personas”. Miles de jóvenes trabajadores, con ingresos fijos y salarios “precarios”, que llevan años “malviviendo” para evitar renunciar a lo que ellos mismos reivindican como un derecho constitucional: la vivienda. Sin embargo, al no haber recibido una ayuda “que se nos presenta de extrema necesidad”, estos últimos meses muchos de ellos se han visto obligados a volver a casa de sus padres, como cuenta la propia Belén (36 años) con lágrimas en los ojos, mientras que otros tanto como Luna Pérez (de 33) siguen independizados merced al respaldo económico de sus familiares o a créditos bancarios.
Más allá de los problemas económicos, la “incertidumbre” ha impactado también en la salud mental de algunos de ellos, según cuenta el portavoz de los afectados, al detallar los perjuicios derivados de “la odisea que sufrimos y seguimos sufriendo”, desde que en noviembre del año pasado comenzaron el proceso de solicitud de una ayuda que nació “con el fin de facilitar a las personas jóvenes con escasos recursos económicos el acceso a su residencia habitual en régimen de alquiler y favorecer su emancipación y desarrollo vital”, según consta en la propia página web de la Junta de Andalucía.
A este respecto, recuerdan que “Andalucía fue la última comunidad autónoma [junto a Madrid] en poner en marcha esta ayuda de carácter urgente” y reprochan a la administración andaluza que tratara de justificar el retraso esgrimiendo “razones burocráticas y la creación de una plataforma robotizada que agilizaría el proceso además de hacerlo más accesible”, cuando el procedimiento resultó ser “un sinvivir” para miles de jóvenes, precisamente por el colapso que sufrió la web nada más abrirse el plazo de solicitud de unas ayudas que se iban a conceder “por orden de llegada”.
De ahí que los afectados y sus familiares consideren las “excusas” de los responsables de la Junta como una “tomadura de pelo” que revela, a sus ojos, una “falta de empatía” con la realidad que atraviesa la juventud en Andalucía. “Es muy duro lo que estamos viviendo, somos el presente y el futuro de esta comunidad y nos están obligando a irnos de aquí, no hay derecho”, ha deplorado Andrea Pérez desde la capital andaluza, mientras otros jóvenes y progenitores gritaban las mismas consignas en las demás provincias, contando con el respaldo de grupos políticos como Izquierda Unida, PSOE, Podemos o Adelante Andalucía, y de otras entidades como UGT, CCOO y Facua, que ha presentado recientemente una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz contra la Consejería responsable por la “nefasta gestión” en la resolución de este bono.
Horas después del inicio de estas concentraciones, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha reiterado la petición de “disculpas” por el retraso que ya expresó el pasado mes de junio ante el Pleno del Parlamento. Entonces, reconoció que la tramitación del bono alquiler joven se había “hecho mal y tarde”. Y ahora, cuatro meses después y en el marco de las nuevas movilizaciones, el presidente andaluz ha pedido “responsabilidades” por el “error” técnico que se le atribuye a este asunto, como a otros de calado que han afectado igualmente a un nutrido grupo de andaluces y que están pendientes de resolverse, tales como las listas de espera o la bolsa de empleo del SAS, así como las actividades extraescolares.
Fuentes de la Consejería de Fomento explican que se ha puesto en marcha un “plan de choque” que incluye la contratación de personal dedicado “en exclusiva” a resolver las ayudas, y pide paciencia, igual que lleva haciendo desde hace meses. “Pueden tener la certeza de que todo el dinero del Bono Alquiler Joven no se perderá y llegará en su integridad”, aseguran, sin responder a la pregunta que repiten los jóvenes: cuándo.
En su respuesta a este medio, la Junta de Andalucía ha insistido en responsabilizar al “diseño” del Gobierno central, sin aclarar cuál es exactamente esa dificultad burocrática que está haciendo tan difícil en Andalucía lo que en otras comunidades autónomas se resolvió en semanas. Tampoco explican cuánto ha costado la contratación extraordinaria del personal del “plan de choque”. Son 57 personas cuya contratación se solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos el 13 de julio, pero que no fue aprobada hasta el 18 de septiembre, según detalló la consejera ante el Parlamento de Andalucía.
Por su parte, la plataforma que se encarga de canalizar la protesta de los afectados por el bono joven de alquiler denuncia falta de “transparencia e información” por parte de la administración andaluza. Es una queja reiterada desde que comenzaron a producirse los impagos. En este tiempo, lo único que han recibido para informar de los retrasos fue un SMS, no previsto en el procedimiento, en el que se les informaba de que había reserva de crédito para su ayuda. Fue remitido justo a los seis meses de que terminara el plazo de solicitud, lo que despertó la sospecha de que más que responder a una voluntad verdadera de transparencia, buscase únicamente evitar la desestimación tácita de la solicitud por silencio administrativo.
Al no haberse ejecutado aún por parte del Ejecutivo andaluz la partida presupuestaria aprobada en enero de 2022 para un plazo de dos años, los representantes de la plataforma de afectados en Andalucía temen que al cumplirse los 24 meses desde su publicación en el BOE, la Junta tenga que devolver el presupuesto al Gobierno central y, finalmente, no puedan disponer de unas ayudas con las que ya han contado para organizar su economía. La consejera Díaz aseguró que esto no ocurrirá, pero al hacerlo admitió tácitamente que la resolución de este asunto podría demorarse aún varios meses: “En caso de no ejecutarse en el ejercicio corriente, automáticamente lo que van a hacer es incorporarse en el Presupuesto del ejercicio posterior”, comentó al respecto.
“Si la Junta no paga, nadie nos calla”, han remarcado hoy cientos de jóvenes: “No vamos a parar hasta que cobremos el último euro porque esto es una vergüenza”. Así pues, han instado al presidente andaluz a aplicar de inmediato “tantos mecanismos tenga la Junta para acelerar un proceso que debería haberse resuelto hace ya meses”. Al hilo, han reivindicado para los andaluces los “mismos derechos que el resto de jóvenes a nivel estatal” y han pedido que solucionen de una vez lo que Emilio, uno de los padres que ha acudido por parte de su hija (ocupada con “compromisos laborales”), califica de “problema familiar”, puesto que lo sufren miles de jóvenes y afecta también a sus familias.
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