La Mesa de la Cámara ha rechazado este miércoles, con los votos en contra del PSOE-A y C's, la petición de un informe jurídico para aclarar las dudas que la mayoría de la oposición (PP-A, Podemos de IU) tienen en relación a los presupuestos autonómicos de 2016, que fueron aprobados por los dos primeros en el último pleno del Parlamento de Andalucía pese a que un error en la votación -se equivocó Juan Marín y dos de sus diputados- dejó sin ratificar una sección completa, la de la Consejería de Presidencia y Administración Local. Tanto el presidente, Juan Pablo Durán, como el letrado mayor, Javier Pardo, que junto a la Mesa de la Cámara son los que pueden solicitar dicho informe, han descartado pedirlo. Es más, el letrado mayor ha asistido en silencio a la reunión de este miércoles.
En opinión de José Antonio Castro (IU), esto crea un “precedente peligroso” porque se deja sin validez el resultado de una votación en el pleno, cuando es el Parlamento de Andalucía el que tenía que convertir en ley el proyecto enviado por el Consejo de Gobierno. “Nosotros no estábamos pidiendo que se echaran para atrás las cuentas, sino que se aclarara este extremo, por las dudas que nos surgen”, ha explicado, sin entender todavía por qué cuando se equivocaron -“como dicen”- los tres diputados de C's que en realidad querían votar que sí, no dijeron nada para intentar corregir el fallo. En este sentido, ha sido especialmente crítico con la postura de C's, que se ha vuelto a unir al PSOE-A en la votación de este miércoles, “ellos que presumen de transparencia y nueva política”.
Eso, a pesar de que Juan Pablo Durán les insistió a los grupos durante el pleno en que no tenía problemas para que los letrados de la institución se pronunciaran si bien estaba convencido de que no había “ninguna inseguridad jurídica”. De momento, lo que hará IU es pedir a sus servicios jurídicos un informe para ver si se puede clarificar el asunto y entonces decidirán si adoptan alguna medida.
Similar a lo que piensa hacer Podemos, si bien su diputado Juan Moreno Yagüe ha reconocido que no saben qué hacer porque la salida que les quedaría sería ir al Tribunal Constitucional pero le parece “absurdo” por lo “insólito de una situación en la que se vota y no sirve para nada, ¿entonces, para qué votamos”. De este modo, ha insistido en que si se dan situaciones como ésta no se entiende por qué se votan por separado las distintas secciones, por cuanto que una de ellas ha sido tumbada por el pleno y, sin embargo, “no pasa nada”.
Por otra parte, la Mesa de la Cámara sí ha dado su visto bueno a la tramitación de la proposición de ley que presentó su grupo sobre pobreza energética. Eso, a pesar de que cuenta con el dictamen en contra, tanto a su contenido como a su tramitación, por parte del Consejo de Gobierno. Ha sido después de que tanto los proponentes como el resto de grupos -a excepción del PSOE-A- votaran a favor de que se incorpore al orden del día, en principio para el pleno que tendrá lugar tras las elecciones generales del 20 de diciembre. Esta vez C's no se ha alineado con el PSOE-A, como suele hacerlo, “y ha entendido que la proposición de ley tiene que ser tramitada por cuanto que se presentó hace tiempo y no afecta a ningún presupuesto en vigor”, que es lo que aduce la Junta de Andalucía para oponerse a que se le dé trámite.
Mientras, Esperanza Oña (PP-A) ha criticado que el PSOE-A y C's “boicoteen” la posibilidad de pedir este informe. “Independientemente de que el presidente diga que no cambia su decisión, es necesario que el informe diga si está bien hecho o no”, ha apuntado.
Por su parte, el representante de C's, Julio Díaz, ha rechazado las críticas de las tres formaciones, porque las cuentas están aprobadas y “sobre esto ahora no se puede superponer ninguna otra interpretación a posteriori de ningún servicio jurídico”. En declaraciones a la agencia Europa Press, ha dicho que los grupos del resto de la oposición deberían estar menos nerviosos y ser más responsables“.