El Parlamento de Andalucía debatirá en su próximo pleno -10 y 11 de mayo- una proposición de ley del PP en la que se reconoce como autoridad pública a los docentes, garantizándoles, entre otras cosas, la asistencia jurídica y psicológica en casos de agresiones y la creación de un registro de las mismas.
Se trata, según los populares, de un concepto que ya contemplan nueve comunidades autónomas en el marco del desarrollo de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que así lo prevé.
En cualquier caso, tanto esta propuesta del PP, como la defendida por Podemos e IU para reformar la Ley de Educación de Andalucía (LEA) con el objetivo principal de incluir una cláusula suelo para garantizarle siempre el 5% del presupuesto autonómico, choca con el reparo del PSOE y sus socios de C's, que en su pacto de investidura acordaron modificar dicha norma y prefieren llevar su ritmo evitando que les tomen la delantera otros.
La portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, ha comentado que la Lomce recoge el concepto de autoridad pública del profesorado pero “es competencia de las comunidades autónomas su desarrollo”, especialmente porque se ha convertido en un problema en las aulas que “afecta a la convivencia escolar”. Ha recordado que sólo en el curso 2015-2016 se denunciaron 146 casos de agresiones a docentes.
La proposición de ley del PP incluye “un amplio conjunto de derechos del profesorado”, como la presunción de veracidad de sus informes y declaraciones y el citado respaldo a las víctimas.
Por todo ello, ha expresado su deseo de que su toma en consideración se apruebe por unanimidad, mientras ha calificado de “sorprendente” que la propuesta contara con el criterio en contra del Consejo de Gobierno “por su falta de justificación”, lo que ve como “una prueba más de que no quieren trabajar y Susana Díaz cada vez está más ausente de los problemas de los andaluces”.