El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles el decreto ley de bajada de impuestos del Gobierno de Juan Manuel Moreno con los votos de PP y Vox (69), y el rechazo de PSOE, Por Andalucía y el grupo mixto Adelante Andalucía (36).
Hubiera salido adelante sólo con los 58 diputados populares, que ostentan una mayoría absoluta holgada, pero también se ha sumado el respaldo incondicionado del grupo ultraderechista. PP y Vox ya firmaron la primera rebaja del IRPF del Ejecutivo de Moreno en la pasada legislatura, para rentas superiores a 60.000 euros.
La reforma fiscal andaluza incluye la supresión del impuesto sobre el Patrimonio, que pagan unos 20.000 andaluces con un patrimonio neto de 700.000 euros al año; la deflactación al 4,3% del IRPF hasta rentas de 35.200 euros, aumentar los mínimos personales y familiares exentos de tributación para quienes tienen una renta de subsistencia, y la supresión del canon del agua. El impacto para las arcas públicas asciende a 900 millones de euros, que la Junta confía en recuperar con la llegada de nuevos contribuyentes de otras comunidades y países, atraídos por “la segunda región con menos carga fiscal de España”.
El debate ha sido un pulso duro entre un modelo socialdemócrata y otro liberal ortodoxo. Pero, sobre todo, ha sido un forcejeo entre PSOE y PP. La propuesta de Moreno ha desatado una guerra fiscal entre comunidades, primero con anuncios calcados por parte de otros presidentes autonómicos del PP, y posteriormente con propuestas similares de barones socialistas, como el valenciano Ximo Puig.
Éste último ha planteado una rebaja del IRPF para rentas menores de 60.000 euros, tratando de distinguir entre su modelo “social” y el “elitista” de Madrid o Andalucía. Pero el anuncio de Puig, que se juega la reelección en las elecciones autonómicas de mayo, ha arañado el discurso del Gobierno de Pedro Sánchez, dispuesto a encarar la pelea fiscal con la derecha de aquí a las generales de 2023. En el forcejeo de este miércoles se ha visto cómo los populares hurgaban en las “contradicciones y el cisma” dentro del PSOE, entre el presidente y sus barones territoriales.
Ricos contra pobres
Los grupos de izquierda han planteado un debate polarizado entre ricos y pobres, gobiernos que bajan impuestos para unos pocos privilegiados y gobiernos que gobiernan para una mayoría social. Los grupos progresistas han citado a la llamada troika que, por una vez, creen que juega en su equipo: el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea, reclamando esta semana a los países del Euro una subida de impuestos a las grandes fortunas y empresas, y que dirijan sus esfuerzos a sostener los servicios públicos y las necesidades de las capas más vulnerables de sus sociedades.
PSOE, Por Andalucía, Adelante y Vox han coincidido al calificar la reforma fiscal de “propaganda, dogmática” y “contrastada con la realidad y el sufrimiento” de la comunidad. Andalucía tiene un 18% de paro, la segunda media salarial más baja de España y el mayor número de empleados con una nómina inferior al salario mínimo interprofesional: 1,79 millones de contribuyentes (51%), según datos de la Agencia Tributaria publicados en 2020.
El diputado socialista Gaspar Llanes se subió a la tribuna cargado de cuadros con datos, cifras y manuales de economía para tratar de desmontar la filosofía fiscal de Moreno, a saber: menos impuestos, más consumo y mas actividad económica. Su modelo es el del “caballo y el gorrión”, le ha protestado a la bancada popular, con aquella alegoría que describe la llamada “economía del goteo”: favorecer a los más ricos, porque algo gotea hacia abajo en favor de los más pobres. Alimentar al caballo para que las “migajas” las recoja el gorrión. “¡Esto es economía vudú! Que dios nos pille confesados”, ha dicho Llanes.
La réplica se la ha dado el diputado popular Antonio Repullo, que le ha agradecido “la clase de teoría, absolutamente alejada de la realidad”. “Los andaluces hemos dejado de pagar 900 millones de euros de impuestos desde que gobierna Moreno. Eso es positivo y es trabajar para las familias”, sostiene Repullo. Los populares han incluido en su alegato a favor de la reforma fiscal una severa denuncia contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien acusan de querer arrebatarles la autonomía fiscal.
La consejera de Hacienda, Carolina España, ha descartado tramitar esta reforma fiscal como proyecto de ley para abrir la puerta a las iniciativas de la oposición, esgrimiendo la urgencia de que el decreto ley entrase en vigor de inmediato. Así se logra el efecto buscado -es decir, amortiguar el impacto de la inflación en el bolsillo de los andaluces- y que se note en la declaración de la renta de este año -junio de 2023-, no en la del año que viene. “Andalucía no es un paraíso fiscal, simplemente es un paraíso”, ha concluido España.
“Un A por ellos fiscal”
Maribel Mora, de Adelante Andalucía, ha denunciado que la reforma fiscal de Moreno “agujerea la bolsa común para sustentar las políticas públicas” y supone “un regalo para el 0,2% de andaluces que son ricos”. Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, ha condenado la “competición irresponsable entre comunidades para bajar impuestos”. “¿Se imaginan que Íñigo Urkullu o Pere Aragonés montan una oficina en Sevilla y piden a los empresarios andaluces que muden su domicilio fiscal a Euskadi o Catalunya, como ha hecho Moreno? Sería un 'a por ellos fiscal'. ¿Cómo habrían reaccionado ustedes?”, ha preguntado al PP.
Javier Cortés, de Vox, ha esgrimido un discurso durísimo para luego terminar votando a favor del decreto ley. El portavoz adjunto del grupo ultraderechista ha acusado al PP de “populismo” y tildado la reforma de “ridícula y tomadura de pelo”, presentando cálculos a la mínima del impacto que tendrá la deflactación en un andaluz con la renta más común (en torno a 19.000 euros). Pero la crítica fundamental de Vox zamarreaba al Gobierno andaluz por haberse “quedado corto” y propone bajar aún más los impuestos y reducir gasto “superfluo”, dijo, incluyendo la financiación a sindicatos y partidos políticos, reconocida en la Constitución.
El protagonismo del Parlamento andaluz
El debate fiscal se ha extendido por todo el país en forma de competición entre gobiernos autonómicos, del PP y del PSOE, por bajar los impuestos antes de las elecciones de mayo. Pero en el Parlamento andaluz, este debate cobra especial relevancia porque sus paredes vieron nacer la primera propuesta autonómica para la reforma del sistema de financiación autonómica, un diseño original de María Jesús Montero, entonces consejera de Hacienda, hoy ministra del ramo.
Aquel documento esbozaba una propuesta para cambiar el actual modelo de reparto de fondos del Estado, caduco desde 2013, con la connivencia del PSOE, PP, Podemos e IU. En nombre de los populares firmó Juan Manuel Moreno, entonces un líder muy contestado por los suyos, hoy presidente de Andalucía con la primera mayoría absoluta del PP.
El interlocutor de aquel documento era el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hoy lo es su sustituto, Pedro Sánchez. Se podría decir -y se ha dicho- que la ministra Montero (2022) es hoy la receptora de la propuesta de reforma del sistema de financiación de la consejera Montero (2018). Su iniciativa fue avalada por 100 de los 109 diputados del Parlamento andaluz (un 92%), que aprobaron un dictamen consensuado por PSOE, Podemos e IU, y respaldado sorpresivamente por el PP.
Pero aquel dictamen compromete tanto a Montero como al hoy presidente andaluz. El documento condenaba el dumping fiscal entre comunidades: los socialistas señalaban a Madrid; los populares a Catalunya. Cuatro años después Moreno empuja a Andalucía hacia esa competitividad fiscal y hace un llamamiento directo a empresarios catalanes y madrileños.
Rebajas fiscales desde 2016
En esta misma Cámara, en 2016, también se aprobó una primera rebaja del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros, aprobada por el último Gobierno socialista de Susana Díaz, por iniciativa y presión de sus socios entonces: Ciudadanos. Dos años después, ya con el primer Ejecutivo andaluz de derechas, PP, Ciudadanos y Vox firmaron la segunda rebaja del IRPF en dos años, esa vez para rentas superiores a 60.000 euros.
El método era el mismo, pero los destinatarios habían cambiado -de rentas medias a rentas altas- y la filosofía fiscal de fondo también. Con Moreno, llegó a la Junta de Andalucía el cuaderno de liberalismo ortodoxo, la famosa curva de Laffer que vincula la bajada de impuestos con el aumento del consumo y la actividad económica.
El presidente del PP llegó a San Telmo prometiendo una “bajada masiva de impuestos”, empezó por suprimir de un plumazo el impuesto de Sucesiones y Donaciones -que grava a las grandes fortunas-, y culminó este miércoles con la convalidación del decreto ley de bajada de tributos que ha crispado el debate fiscal en España.
Montero le ha pedido a las comunidades que bajan impuestos que sean coherentes si luego van a reclamar más recursos al Estado. Es el caso de Andalucía, pero también de la Comunidad Valenciana, dos de las regiones más infrafinanciadas por el actual sistema de reparto de fondos.
Moreno y Puig firmaron el año pasado una entente cordial pare presionar al Ministerio de Hacienda, reclamándole un fondo de compensación extraordinario mientras se dilataba la negociación para un nuevo modelo de financiación autonómica. Los dos presidentes dibujaron en sus últimos presupuestos autonómicos una partida fantasma por infrafinanciación, contando con ese dinero extra que exigían a Montero, pero que nunca llegó.
Es el escenario previo a esta guerra fiscal entre comunidades. La ministra preparaba un paquete de medidas de equilibrio y armonización fiscal y de redistribución de la riqueza, que se iba a presentar este jueves, pero el barón valenciano se ha adelantado con una fórmula muy próxima al PP. Los populares lo han agradecido. Los socialistas andaluces han tratado de explicar que la reforma fiscal de Valencia “se parece como un huevo a una castaña” a la de Andalucía, aunque la deflagración del IRPF de Moreno tendrá un efecto muy similar. Ambas buscan amortiguar el impacto de la inflación y que la subida de precios pactada entre empresas y trabajadores no se la coman los tributos.
Los datos que maneja el Gobierno andaluz del impacto inmediato que tendrá su reforma fiscal en los actuales contribuyentes muestran un drástico desequilibrio entre los beneficios a las rentas altas -0,6% de los contribuyentes- y los que se repartirá el grueso de la población. La supresión del impuesto sobre Patrimonio se traduce en un ahorro medio de 5.800 euros para cada contribuyente con unos recursos medios de 2,7 millones de euros.
El ahorro en el IRPF para rentas inferiores a 12.000 euros –más de la mitad de los contribuyentes andaluces [51,4%]– será inexistente. A partir de los 16.000 euros, la medida supone un ahorro de 22,8 euros al año. Una renta anual de 20.000 euros, ahorrará 36,55 euros al año; y a partir del tramo de 30.000 euros en adelante –incluido rentas superiores a los 300.000– la bajada impositiva se vuelve lineal, de 63,55 euros para todos, según el baremo realizado por el Registro de Asesores Fiscales de España (REAF).
En el Palacio de San Telmo asumen que los números son más “generosos” con los ricos que con las clases medias y estaban “preparados” para que la propuesta agitase la polémica y el debate ideológico en toda España. Pero están encantados. Es muy inusual que Andalucía se convierta, de repente, en el foco mediático nacional durante varios días consecutivos por la iniciativa política de su presidente autonómico, que ha ocupado la agenda nacional y provocado una reacción en cadena del Gobierno central y del resto de comunidades.
Feijóo y Ayuso, beneficios colaterales
La reforma “estrella” de Moreno ha tenido, además, dos efectos trascendentes para su propio partido: primero ha actuado de cortafuegos para sofocar las críticas que le llovieron al PP por su rechazo y posterior apoyo al impuesto a las energéticas. Una semana antes del anuncio de Moreno, Alberto Núñez Feijóo estaba en el epicentro del huracán, después de que la derecha europea le enmendase la plana al PP por su rechazo a gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, un impuesto propuesto por España, primero, y luego impulsado con otro formato por la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen.
El otro efecto colateral tiene tintes orgánicos: no son pocas fuentes internas en el PP las que ven en la competencia fiscal que Moreno han lanzado a Madrid una competencia interna por la primera línea de sucesión en la dirección del partido. Es un espejismo a muy largo plazo, pero ya está predibujado.
Feijóo cuenta con el apoyo total del andaluz para transitar hacia Moncloa por la vía de la “moderación” y el centrismo, lo que significa orillar el estilo de ejercer la política de la presidenta madrileña, “más populista”, dicen en San Telmo. En el PP andaluz creen que el gallego “sólo tiene una oportunidad de ser presidente del Gobierno”, y si fracasa en las generales de 2023, la cúpula del partido se la disputarán Ayuso y Moreno.