El Parlamento andaluz estudiará fórmulas legales para limitar el acceso de los jóvenes al porno en internet

El Parlamento de Andalucía va a constituir un grupo de trabajo para debatir sobre la regulación y los límites legales posibles en el acceso de los jóvenes a la pornografía a través de internet. La iniciativa parte del PP, que ha registrado una proposición no de ley que se debatirá en la Cámara en el próximo Pleno, y que cuenta ya con la mayoría de su grupo. Su portavoz, Toni Martín, asegura que es una medida “pionera”, porque ninguna otra asamblea autonómica ha encarado este problema.

En realidad, los gobiernos regionales tienen muy limitadas las competencias para legislar y poner freno a la difusión de vídeos sexuales en internet o del uso que hacen los menores en sus terminales. Aun siendo conscientes de esas limitaciones, el partido de Juan Manuel Moreno ha querido abrir ese debate en el Parlamento andaluz, creando un grupo por el que desfilarán expertos en la materia para encauzar posibles soluciones.

La idea, en realidad, parte de un trabajo previo del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), cuyas conclusiones se presentaron en el Parlamento andaluz hace unos días. El último Barómetro Audiovisual de Andalucía publicado por el CAA incluyó un monográfico sobre el consumo de pornografía a través de Internet, y reveló que el 10,8% de los padres andaluces admiten que sus hijos consumen porno en Internet, y que el 59,5% de la población andaluza con menores a su cargo tiene instalado algún sistema de control parental para evitar el consumo de pornografía en Internet por parte de sus hijos menores de edad.

La inmensa mayoría de la población andaluza encuestada (90,6%) cree que deben existir mecanismos de regulación y control del consumo de pornografía en Internet, para proteger a los menores de edad. El grupo de trabajo que constituirá el Parlamento tomará el relevo de las jornadas que organizó el Audiovisual, donde una serie de expertos ya enmarcaron el debate de fondo desde distintas perspectivas: analizando qué dice la ley al respecto, qué mejoras legislativas se podrían hacer desde el punto de vista de la salud pública; la educación, la familia y la alfabetización digital de los menores; desde una perspectiva de adicción -tanto a internet como al porno- por parte de los afectados, y un estudio de las consecuencias para el desarrollo emocional y afectivo de los jóvenes.

A este último punto se ha referido el portavoz parlamentario del PP, al denunciar que el acceso de menores a vídeos sexuales es la semilla de futuros problemas de violencia de género y comportamientos sexistas. “Se ha constatado ese porcentaje más elevado de machismo en las nuevas generaciones cuyo origen está en esos visionados”, ha explicado este miércoles en el Parlamento.

Martín sostiene que la propuesta que llevará su grupo a la Cámara está impulsada personalmente por el presidente de la Junta y líder del PP-A, Juan Manuel Moreno. “Queremos ver, en el ámbito de nuestras competencias, cómo podemos poner freno a esta cuestión, porque afecta a la construcción como personas de toda una generación”, ha sentenciado.

En la clausura de las jornadas organizadas por el Consejo Audiovisual, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, también subrayó “la necesidad de poner en marcha iniciativas de este tipo para evitar el acceso de los menores a contenidos inadecuados”, y “de contar con un marco jurídico claro y contundente, como es el caso del Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley Audiovisual”, que recogen la protección de los menores frente a la emisión de contenidos que puedan incidir en su desarrollo físico, mental o moral.

El estudio sobre el consumo que hacen los menores de pornografía a través de internet contó con la participación de expertos que, presumiblemente, volverán a ser llamados para exponer sus criterios ante el grupo de trabajo en el Parlamento. Entre ellos está el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia Juan María Martínez Otero, la fiscal decana delegada de Menores de Sevilla, Marta Valcarce; el responsable de concienciación de menores del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Manuel Ransán, y el director de la Clínica Adcom del Hospital Gregorio Marañón, Francisco Ferre.