El Parlamento de Andalucía va a desmarcarse este año de la condena institucional a la violencia machista. No será posible debido al veto de Vox a la declaración institucional, pero también debido a la falta de una iniciativa alternativa de la izquierda para suplir esa ruptura del consenso con la extrema derecha.
La Cámara autonómica no emitirá ninguna posición política como segunda institución de la comunidad autónoma para condenar la violencia machista en la semana del 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género. Para que la Cámara se posicione como institución se necesita el posicionamiento de todos los grupos que la componen y eso se logra por tres vías posibles: la primera es una declaración institucional pactada previamente por los partidos, que exige unanimidad para poder ser leída por la presidenta del Parlamento al inicio del Pleno; las otras dos opciones son o bien una moción o bien una proposición no de ley. Ambas iniciativas parten de un grupo en particular que obliga al resto a posicionarse a favor o en contra. Ninguna de estas tres vías tendrá lugar en el Pleno de esta semana en la Cámara andaluza.
La declaración institucional contra la violencia machista, cuyo texto ha promovido el PSOE, no saldrá adelante porque no cuenta con el respaldo de Vox y, por tanto, no existe la unanimidad necesaria. Es sabido que el grupo de extrema derecha niega categóricamente que el género sea el rasgo distintivo de una forma sistemática de violencia contra la mujer, que en lo que va de año ha dejado 52 asesinadas por sus parejas (la última se ha conocido este lunes), 43 niños huérfanos y 80.000 denuncias por maltrato. Vox ha roto el consenso sobre este asunto en otras instituciones de las que forma parte, como los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba, Granada o Huelva. De hecho, este asunto representa el mayor espacio de conflicto entre el Gobierno de PP y Ciudadanos y la oposición de izquierdas, que les acusa sistemáticamente de “dar pasos atrás” en políticas de igualdad y la lucha contra el maltrato, para contentar a sus socios de Vox, que garantizan su continuidad en el poder.
Con todo, en la Cámara andaluza esta ruptura no representa una quiebra en la tradición parlamentaria, porque tampoco era habitual que cada año se aprobase una declaración institucional para fijar un compromiso político ante el 25N. La última data de 2015, año en el que el Parlamento sí se posicionó sobre la masiva manifestación impulsada por corrientes feministas en toda España en contra del maltrato y a favor de la igualdad de género. En el primer año de legislatura con un presidente de la Junta del PP -Juan Manuel Moreno- y una presidenta del Parlamento de Ciudadanos -Marta Bosquet- se han aprobado diez declaraciones institucionales por unanimidad. En la legislatura pasada se aprobaron 23, y sólo una relativa a la lucha contra la violencia machista: “Declaración Institucional con motivo de la Marcha estatal Contra las Violencias Machistas”, hace cuatro años.
Dado el previsible rechazo de Vox a facilitar la declaración de condena del Parlamento andaluz, los partidos de izquierdas en la oposición -PSOE y Adelante Andalucía (Podemos-IU)- podían haber buscado un atajo reglamentario, una alternativa que obligase a los tres socios de derechas a posicionarse -por separado- sobre el maltrato a la mujer al eco del día internacional contra la violencia de género. Pero a los grupos de izquierdas les ha faltado reflejos: en el Pleno de esta semana no hay registrada ni una sola iniciativa -ni moción ni proposición no de ley- que obligue a los grupos a definir su voto y su compromiso político respecto a la violencia machista.
En lo que va de mandato, los socialistas y la coalición de izquierdas sí han impulsado iniciativas de este tipo para trata de evidenciar las fricciones que este asunto generaba entre los socios de Gobierno, obligando a PP y a Cs a retratarse con o contra el firme negacionismo de Vox. Esta vez, sin embargo, les ha faltado tener preparada una alternativa en la recámara a sabiendas de que el partido de extrema derecha iba a tumbar el consenso parlamentario. En cambio, la práctica totalidad de miembros del Ejecutivo andaluz ha salido en tromba para condenar públicamente la violencia de género, reprochando a Vox (sin nombrarle) que se haya desmarcado del consenso, y reprochando al PSOE y a Adelante (nombrándolos) que hagan un “uso político e interesado del sufrimiento de las mujeres víctimas de los malos tratos”.
La pregunta de la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, al presidente andaluz durante la sesión de control al Gobierno sí trata este asunto. Esto permitirá a la gaditana confrontar con Moreno sobre sus políticas de igualdad y los condicionantes que le marca Vox, pero no habrá un debate de conjunto en el que cada formación se retrate.
Todos los grupos del Parlamento andaluz, a excepción de Vox, coinciden en denunciar la violencia de género y desarrollar políticas públicas para prevenir y mitigar esta lacra social. Tras conocer el veto de su aliado de legislatura, Moreno ha asegurado que intentará “trabajar para que haya una declaración conjunta de los cinco grupos políticos en el Parlamento de Andalucía” y ha pedido “apartar ideologías” para lograr el consenso sobre este problema. Bosquet, por su parte, también ha lamentado la falta de acuerdo y que haya grupos que aún niegan el componente machista en la violencia a las mujeres. La presidenta de la Cámara ha participado este mediodía en el minuto de silencio por el 25N en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, al que también ha acudido Moreno y otros miembros de su gabinete, como la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, o el portavoz y titular de Presidencia, Elías Bendodo.
Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha aprovechado para anunciar la ampliación de las funciones de las Unidades de Violencia sobre la Mujer de la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno en esta comunidad a todos los ámbitos que impliquen cualquier tipo de agresión sexual contra mujeres y niñas. La medida “permitirá detectar, tener datos estadísticos actualizados y activar los protocolos de actuación policial en todos los casos de violencia contra las mujeres, no solo por razones de género ejercida por parejas o exparejas, sino también por motivos de sexo como las agresiones sexuales”.