El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha lanzado una ofensiva política contra la ex consejera y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a la que acusan de asfixiar financieramente a Andalucía y de retener la recaudación de tributos que le corresponde a esta región, condicionando así los Presupuestos del año que viene. No es una lectura ligera, porque mientras se endurecen los ataques de la Junta contra la responsable de las finanzas del Estado español, el Ejecutivo andaluz trata de ser el primero en cuadrar las cuentas de 2020, y para ello tendrá que sortear un mar de incertidumbres políticas y económicas: un Brexit duro a final de mes; la guerra arancelaria de Donald Trump contra el sector agroalimentario y aeronáutico andaluz; el desplome del gigante del turismo Thomas Cook o la crisis alimentaria de la listeria.
Todo esto pone en duda la previsión de crecimiento de la economía andaluza que ha hecho la Junta -en torno al 2,3% del PIB, por encima de la media de España- y dibuja un escenario más duro de negociación con sus socios de Vox, que maniobran para empujar esa negociación hasta las puertas de la campaña electoral del 10 de noviembre, y así tener más influencia en los números.
Es en este contexto en el que la ministra de Hacienda en funciones se ha convertido en la diana de la estrategia de confrontación preelectoral del Gobierno de Juan Manuel Moreno contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Montero saldrá previsiblemente reprobada este jueves por el Parlamento andaluz gracias a los votos de los socios de PP, Cs y Vox, y la abstención de Adelante Andalucía. 24 horas después, el Consejo de Gobierno aprobará el anteproyecto de ley de Presupuestos Autonómicos para 2020, que la Junta espera tener listos a principios de diciembre. En menos de un mes, y ya en plena campaña electoral, Montero tendrá que volver a esta Cámara a declarar en la comisión que investiga el uso irregular de fondos públicos de la extinta Faffe (Fundación Fondo de Formación y Empleo), órgano sujeto a investigación judicial.
La ofensiva de la Junta contra la ministra andaluza alcanza un punto álgido con su reprobación en el Parlamento y la citación en la comisión de la Faffe, pero hace semanas que Montero está en el disparadero de las críticas por su gestión de la financiación autonómica. Este miércoles debieron pitarle los oídos, porque todos los miembros de la Junta que subieron a la tribuna en el Pleno del Parlamento -sobre todo el consejero de Hacienda, Juan Bravo, la criticaron con dureza.
La propuesta de reprobación parte de Ciudadanos, que hace año y medio apoyó los últimos Presupuestos andaluces firmados por Montero, y ahora lidera la dura contraofensiva contra el PSOE y singularmente contra la ministra. El motivo de esta reprobación es el “impago” de los 1.350 millones de euros que la Junta reclama al Gobierno por dos conceptos de la financiación autonómica: las entregas a cuenta actualizadas de 2019 y el desajuste por los ingresos del IVA de 2017. Fue la propia Montero la que calculó ambas deudas en 1.350 millones e incluyó la cifra en el borrador de Presupuestos Generales de 2019 que, sin embargo, fue tumbado en el Congreso por la mayoría de votos de la oposición.
Los socialistas han afeado al PP y a Cs que vetasen unas cuentas “beneficiosas” para Andalucía, incluso animaron a la oposición en el Congreso a desbloquear la investidura de Sánchez para recibir el dinero prometido. El Ministerio de Hacienda se ha escudado en un informe de la Abogacía del Estado que impide a un Gobierno en funciones actualizar los anticipos a las comunidades, “para no condicionar económicamente al futuro Ejecutivo”. Pero, una vez se hubo confirmado la repetición electoral, Sánchez anunció durante un mitin que las comunidades recibirían sus anticipos y la ministra de Hacienda aseguró que había encontrado “un resquicio” legal (aún por aclarar) para abonar ese dinero.
La Junta lo entendió como un “chantaje” y reprochó a Montero que “negase a los andaluces los ingresos de unos impuestos estatales que se han recaudado en esta comunidad”. Mientras se desarrollaba este debate en el Parlamento andaluz, la aludida anunciaba en Madrid la aprobación de las entregas a cuenta ya actualizadas en el Consejo de Ministros del viernes, lo cual permitirá inyectar 4.500 millones extra a las comunidades y evitar que hagan recortes duros en el gasto social.
4.000 millones pendientes
La crítica a la ministra se concentra en esos 1.350 millones de euros que la Junta espera recibir antes de que termine el año, pero los argumentos de la reprobación son extensibles a todo el modelo de financiación autonómica, caduco desde hace seis años. Siendo consejera de Hacienda, Montero impulsó una propuesta para reformar ese modelo que implicaba inyectar 16.000 millones de euros extra a las comunidades, de los que 4.000 millones vendrían a Andalucía. Ese informe, remitido al entonces Gobierno de Mariano Rajoy, fue avalado por el Parlamento andaluz con los votos de todos los partidos, excepto Cs.
La fórmula fue negociada por PSOE, Podemos e IU, y el PP se sumó sorpresivamente en el último momento, dejando aislado al grupo naranja. Ahora son ellos los que abanderan la reprobación contra Montero para exigirle, entre otros conceptos, esos 4.000 millones de financiación extra. La coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) ha debatido si se sumaba o no a la reprobación de la ministra y ha concluido que “no participará del circo preelectoral de la derecha” ni de “las contradicciones de Cs”, pero su voto será un “voto crítico” de abstención.
Este debate sobre la infrafinanciación de Andalucía, con la figura de Montero en el centro de una condena política, se produce 24 horas antes de que el Consejo de Gobierno apruebe el anteproyecto de ley de Presupuestos Autonómicos de 2020, las primeras cuentas íntegramente diseñadas por PP y Cs con apoyo de Vox. La Junta ha adelantado la tramitación de este Presupuesto para evitar que la negociación con su socio de extrema derecha coincida con la campaña electoral, para evitar estar más condicionado por ellos [Vox presentó una enmienda a la totalidad a las cuentas de 2019, que se negociaron y aprobaron antes del verano, mientras los tres grupos conservadores pactaban fórmulas de Gobierno en el resto de autonomía].
Los socialistas ven en el “asedio” a Montero una estrategia electoralista para encubrir los supuestos recortes en el gasto social que la Junta introducirá en el Presupuesto de 2020, culpabilizando de ello al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. La ministra de Hacienda en funciones vuelve a encabezar el cartel electoral del PSOE por la provincia de Sevilla y es el nombre más recurrente en la dirección federal del partido para una hipotética renovación del PSOE andaluz.