- La actual ley andaluza, aprobada en 2017 sin votos en contra, fue la legislación de Memoria con más consenso de España hasta el momento. El PP había votado contra la ley estatal de Zapatero y contra la de Navarra
Una mañana calurosa de mayo de 2016, la entonces consejera de Cultura del Gobierno andaluz, Rosa Aguilar, invitó a los diputados de PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU que formaban parte de la comisión de Cultura del Parlamento a visitar la fosa común de Puerto Real (Cádiz), la segunda más grande de las más de 600 localizadas en Andalucía, tras el cementerio de San Rafael (Málaga). Allí se hallaron hasta 160 esqueletos que fueron exhumados, todos víctimas del franquismo, como las 115.000 personas que yacen en sepulturas ilegales en España.
El objetivo de aquella visita era acercar a los diputados de todos los signos políticos a la realidad de la que hablaba la Ley de Memoria, añadir empatía al juicio que harían luego los partidos para decidir si apoyaban la norma. Sus señorías se asomaron a la fosa común y vieron los esqueletos mutilados y amontonados, los huesos rotos a golpes, los cráneos con agujeros de bala, la posición de las manos atadas a la espalda, las mandíbulas abiertas comiendo tierra... La parte mollar de la Ley andaluza de Memoria, y la más costosa, es la que tiene que ver con las exhumaciones de los asesinados y represaliados por el franquismo: desenterrar a los muertos que se apilan en fosas comunes, identificarlos y volver a enterrarlos dignamente, para que sus familiares sepan donde llevarles flores.
En aquella visita estuvo el veterano diputado del PP, Antonio Garrido, fallecido el año pasado. Garrido fue un histórico parlamentario de la comisión de Cultura, al que Javier Arenas había reservado el puesto de consejero del ramo en un Gobierno que nunca llegó a ver. El primer presidente de la Junta de Andalucía del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, no mencionó a Arenas en su discurso de investidura, pero sí se acordó del diputado malagueño, “un gigante” de la cultura, dijo.
En mayo de 2016, Antonio Garrido regresó al Parlamento de aquella visita a la fosa de Puerto Real con un mensaje para su partido. “Sacar de las cunetas a las víctimas y enterrarlas es devolverles la dignidad. Debimos hacerlo en los años 80, pero entonces el ruido de sables estaba reciente”, le explicó entonces a este periodista. “Aquí no debe haber lecturas políticas, hacer bandera de una tragedia es una indignidad. Espero que la ley andaluza de Memoria Democrática se apruebe por unanimidad, nadie en el PP está en contra de esta ley y si mi partido hiciera bandera en contra de ella, me avergonzaría”.
Concordia versus Memoria
Las políticas de Memoria Histórica no están entre las prioridades del nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos para los primeros cien días, es más, no aparecen en el acuerdo programático de 90 medidas suscrito por ambas formaciones. PP y Ciudadanos se abstuvieron en marzo de 2017, cuando la Ley de Memoria Histórica y Democrática fue aprobada por el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra. Sin embargo, la Memoria Histórica está abriendo la undécima legislatura, con apenas dos meses de rodaje, y acaparando el foco mediático gracias a un partido -Vox- que tiene el compromiso electoral de derogar esta ley.
La formación de Santiago Abascal, sostén del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla con Ciudadanos, se hizo el lunes con la presidencia de la Comisión parlamentaria de Cultura, donde llevará su propuesta para anular la Ley de Memoria, y el martes vio cómo PP y Ciudadanos incluían su primera propuesta legislativa en la agenda del Gobierno andaluz: la creación de un Comisionado para la Concordia llamado a sustituir la Ley de Memoria por una Ley de Concordia.
Vox firmó un acuerdo de investidura con el PP que incluye compromisos que no están en el pacto de Gobierno con Ciudadanos. Por ejemplo, este que acaba de esbozar el tercer Consejo de Gobierno de la legislatura. Hasta ahora, la formación naranja había avisado de que todo lo que no estaba recogido en su acuerdo de 90 medidas con el PP “no pertenece al Gobierno” y “no compromete políticamente a Ciudadanos”. Este martes, la Junta ha aprobado la estructura del nuevo Ejecutivo bipartito, que incluye la creación del Comisionado para la Concordia, un nuevo órgano adscrito a la Consejería de Cultura que asume las competencias que hasta ahora desempeñaba la Dirección General de Memoria Histórica, y cuyo objeto es el mismo que pactaron PP y Vox: cambiar la Ley de Memoria y sustituirla por una Ley de Concordia.
La formación de extrema derecha en Andalucía tampoco se ha mostrado muy entusiasmada con la idea. “Esto del Comisionado es un sinsentido. No tiene mucha lógica que el PP cambie de nombre un comisionado para mantener el 100% del contenido de la Memoria Histórica”, ha dicho Alejandro Hernández, portavoz de Vox en la Cámara.
En la agenda del Gobierno
El decreto de estructura de Gobierno que se ha aprobado este martes traía consigo muchos titulares, porque en ese documento subyace el complejo sudoku de reparto de poder entre PP y Ciudadanos. El forcejeo entre los dos socios por acaparar competencias, cuota de responsabilidad e influencia ante los agentes sociales y medios de comunicación hace que la negociación previa se eternice, y el resultado revela, una vez más, que hay dos Gobiernos en uno. “Ciudadanos no me dice cuándo ni cómo ni a quién nombrará a sus altos cargos, y yo no le digo a ellos los míos. No hay derecho de veto de uno con el otro”, explicaba el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo. El futuro Comisionado para la Concordia lo nombrará el PP, que ostenta la Consejería de Cultura, pilotada por Patricia del Pozo.
En este contexto de gran expectación mediática por saber cómo funcionará el nuevo Gobierno andaluz, sobresale sorprendentemente el anuncio de la creación del Comisionado para la Concordia, figura designada para trastocar la Ley de Memoria. Un anuncio -que no ha surgido a preguntas de los periodistas- y que coincide en el tiempo con otro anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez: el Consejo de Ministros del viernes ordenará la exhumación del dictador Franco del Valle de los Caídos. El Consejo de Gobierno andaluz de este martes se ha llevado el titular de la Concordia y la futura modificación de la Ley de la Memoria, exigencia de Vox, un partido con 12 diputados que sustenta al Ejecutivo de Moreno Bonilla.
24 horas antes, la formación de extrema derecha se hacía con la presidencia de la comisión de Cultura en el Parlamento, gracias a un acuerdo de los cinco partidos con representación, y a la falta de reflejos de PSOE y Adelante Andalucía (Podemos-IU), que no reclamaron para sí este órgano parlamentario. La Comisión de Cultura y Patrimonio va a dirimir también asuntos como la exhumación de fosas de víctimas del franquismo, las sanciones a homenajes fascistas, la retirada de símbolos franquistas de los municipios y todo lo que contempla la Ley de Memoria. Vox ordenará los debates y las iniciativas al respecto, y su intención es llevar a esa comisión su propuesta de derogar la Ley de Memoria y aprobar una de Concordia. Hasta el lunes parecía una iniciativa solitaria de un grupo con 12 diputados, pero hoy el Gobierno de Moreno Bonilla la ha incluido en su agenda política.
Un consenso superior a 67 síes y 0 noes
No ha sido posible preguntar directamente al vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos, Juan Marín, porque este martes no ha comparecido tras el Consejo de Gobierno. Sí lo ha hecho Bendodo, que ha explicado que la figura del Comisionado para la Concordia pilotará la negociación para “cambiar la Ley de Memoria por otra que tenga un mayor consenso político”. “Vamos a respetar al 100% la ley, pero queremos mejorarla y buscar el consenso más amplio posible dentro del Parlamento andaluz”, ha dicho el número tres de la Junta.
Ciudadanos, que hasta ayer decía que la Ley de Concordia pactada por PP y Vox “nunca” sería un proyecto de ley del Gobierno, ha mantenido hoy una prudencial distancia de lo anunciado. Desde Vicepresidencia invitan a revisar bien las palabras de Bendodo: “Se cambiará la Ley de Memoria por otra si se logra más consenso político”. La legislación actual fue aprobada sin votos en contra: PP y Ciudadanos se abstuvieron; PSOE, Podemos e IU votaron a favor: 67 síes, 0 noes, 42 abstenciones. Si prosperase un borrador alternativo -llámese Ley de Concordia- haría falta un consenso mayor que el que se logró en marzo de 2017.
En el Parlamento actual, el PP, Ciudadanos y Vox suman 59 votos -una aritmética por la que debe pasar cualquier medida del Gobierno, incluida la Ley de Presupuestos Autonómicos- mientras que las fuerzas de izquierda, PSOE y Adelante, suman 50 votos. El centro derecha tiene mayoría en la Cámara, pero no cuenta con tantos diputados como los que votaron sí a la Ley de Memoria en la legislatura pasada (67), y es difícil imaginar que el Gobierno de Moreno pueda convencer a PSOE, Podemos e IU para modificar una ley que ya negociaron hace dos años.
La ley de memoria con más consenso de toda España
En el debate parlamentario de aquella Ley de Memoria, el propio PP participó activamente y llegó a decir, sobre su abstención, que había llegado hasta “el máximo grado de consenso que políticamente podíamos permitirnos”, dijo entonces un veterano diputado popular. En efecto, era el mismo partido que en 2007 había votado en contra de la Ley estatal de Memoria del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aún así, el consejero de la Presidencia ha revisionado el debate de la legislatura pasada para terminar concluyendo que la actual Ley andaluza de Memoria “no era una ley de consenso”. Bendodo ha recordado que su formación y Ciudadanos se abstuvieron “por responsabilidad”, pero ha confirmado que se buscará “otra ley en la que todo el mundo se pueda sentir cómodo y representado”. “Hay leyes en nuestro país que no se pueden aprobar sólo por mayoría, se tienen que aprobar por consenso. La consejera de Cultura ha manifestado que quiere intentarlo”, advierte el portavoz.
La mano derecha del presidente Moreno Bonilla no ha querido responder sobre qué aspectos de la Ley de Memoria no le gustan a este Gobierno. “Asumimos el presupuesto actual para Memoria -que está prorrogado- y anunciamos que la nueva ley no va a contar con un partido o dos, porque se busca un consenso más amplio. No estamos derogando nada, estamos ampliando el campo”, subraya.
La Ley andaluza de Memoria Histórica fue un proyecto original del Gobierno de coalición PSOE-IU en la legislatura corta 2012-2015, interrumpido por el adelanto electoral, y finalmente aprobado durante el siguiente mandato, ya con un Gobierno en solitario del PSOE, apoyado en Ciudadanos. El dictamen definitivo de esta ley fue aprobado en febrero de 2017 por la Comisión parlamentaria de Cultura -órgano que hoy preside Vox- sin ningún voto en contra. PP y Ciudadanos se abstuvieron, aunque todas sus enmiendas (cerca de 70) fueron tumbadas por los partidos de izquierda, o bien porque “alteraban significativamente el sentido de la ley”, o bien porque pretendían “descafeinar” algunos de sus artículos. Por ejemplo, proponían eliminar el concepto “terror fascista” del preámbulo de la norma.
La abstención de los partidos conservadores ante el dictamen anticipó lo que luego sería un hito político: la primera ley de Memoria Histórica aprobada en España sin ningún voto en contra. Ni la ley estatal de Zapatero ni la de Navarra (la única norma autonómica aprobada hasta entonces) lograron el voto favorable o la abstención del PP. Los populares votaron en contra de la Ley estatal de Memoria, y bajo el Gobierno de Mariano Rajoy la norma quedó derogada de facto, sin dotación económica en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado. La Ley de Creación del Memorial Democrático de Catalunya fue aprobada en 2007 con votos en contra del PP y de Ciudadanos y la ley de fosas del franquismo del Gobierno de Baleares sí salió adelante por unanimidad. La Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Extremadura han trabajado en sus propias leyes de Memoria, al amparo de la normativa estatal.