Jornaleros, albañiles, ferroviarios y zapateros. Maestras, costureras y mujeres con ocupación definida como ‘ama de casa’. La matanza fundacional del franquismo se cebó especialmente con estos “peligrosos” trabajadores y les permitió a los golpistas desarticular las organizaciones obreras y tomar el “control” mediante el terror. Así se desprende de los detalles de la la base de datos ‘Todos los nombres’, que aporta “por primera vez” información relativa “a las profesiones de las víctimas”. La mayoría de trabajadores “podrían agruparse bajo el título de CAMPO”, con un total de 26.768 personas. Otras labores suman más de 21.000 asesinados.
El conteo suma 2.383 mujeres con la ocupación “su casa”, “ama de casa” o “sus labores”. Y 48 maestras o 36 costureras, entre otras. La relación muestra además a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como 135 de la Guardia Civil, 137 de la Guardia de Asalto e incluso 191 de la Guardia Municipal y más de 300 militares.
Los diez primeros puestos están liderados por la categoría ‘campo’ con 10.894 ejecutados. En el número dos aparece ‘jornalero’ con 9.537 y en el tres, ‘campesino’, con 2.785 personas. En cuarto lugar está ‘albañil’ (1.994 asesinados), quinto ‘labrador’ (1.553) y sexto ‘bracero’ (1.126), seguido de ‘sus labores’ (1.027), ‘minero’ (1.023), ‘agricultor’ (873) y décimo ‘ama de casa’ (838).
Represión de clase
“Ese dato –detallado por profesiones– no suele aparecer en la mayoría de los trabajos de investigación, por eso decidimos hacer un hueco al asunto”, explica Cecilio Gordillo, coordinador de la base de datos “de represaliados por el franquismo en Andalucía, Extremadura y Norte de África”, que cuenta con 103.956 registros.
“Es curioso, más allá de los cargos públicos y maestros, ver profesiones como albañiles, ferroviarios, zapateros, carpinteros, chófer… Incluso algunas vinculadas directamente a la clase media, como médicos o farmacéuticos”, señala Gordillo. “Aunque en nuestro territorio de estudio el medio rural tenía y tiene un gran peso, de ahí que las cantidades de represaliados superen ampliamente al resto”, matiza.
“A niveles generales se puede hablar de una represión de clase, de la clase obrera y de sus organizaciones”, cuenta. El castigo a los “peligrosos” campesinos, albañiles o zapateros se aprecia “no solo en cantidad de personas, sino también de estructuras organizativas desarticuladas: sindicatos, ateneos, casas del pueblo, asociaciones de todo tipo”.
La represión específica sobre el jornalero tenía una razón de ser: “desarticular el gremio”. La combatividad del trabajador del campo llevó a conseguir “importantes avances sociales y peso político”. Y “el zapatero y otras profesiones similares –desde panadero a barbero o carpintero– tenían un peso de influencia social en nuestros pueblos” por su “alta presencia” en las “directivas de entidades y organizaciones”. “Quitándolos de en medio”, zanja Gordillo, “era más fácil” para los golpistas el “control” del pueblo.
Asesinar al jornalero, matar a las mujeres
“El grueso de la represión fue dirigida a los jornaleros y campesinos”, coincide el historiador José María García Márquez. Pero en “cualquier profesión” podían ser “víctimas de la barbarie fascista”, porque el matiz está en la “condición política” del represaliado y “sobre todo, que no apoyaron el golpe o se opusieron a él, lo que determinó su asesinato”, añade.
El investigador apunta “abogados, médicos, farmacéuticos, maestros...”, que aparecen con nombres y apellidos en su libro Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla. También numerosos cargos políticos, caso del alcalde de Sevilla, José González y Fernández de la Bandera o el presidente de la Diputación, José Manuel Puelles de los Santos, además de decenas de “concejales” en toda la provincia. O ingenieros, como el cónsul alemán Otto Engelhardt, “que había tomado una clara actitud contra el nazismo”.
“El estudio de la represión y el análisis de sus datos nos confirman la amplitud que abarcó y, sobre todo, dónde descargó con mayor virulencia”, precisa. “Todos los sectores sociales se vieron afectados, pero principalmente fueron los jornaleros y trabajadores del campo los que sufrieron en mayor medida el embate de la represión, concretamente el 55,52% de las ocupaciones que disponemos”, especifica el historiador García Márquez.
Los datos recopilados “señalan una represión a la mujer desmesurada y especialmente violenta”, en palabras de José María García Márquez. Por la cantidad de víctimas, dice, y “por el carácter revanchista que reviste en muchos casos”.
Las fuerzas golpistas fueron a por “todas aquellas que se habían destacado en la militancia política o sindical”, por “ser madre, compañera o novia” de “militantes izquierdistas huidos que no llegaron a capturar” o por el simple hecho de ser mujer. La represión de género sumó también “masivos rapados y purgados que se hicieron de forma obscena y pública” y “abusos sexuales de todo tipo que se cometieron con muchas de ellas”.
El catálogo del genocidio franquista
El caso de Sevilla es un ejemplo de la represión golpista que convierte a Andalucía en la región de España con más asesinados por los franquistas, con al menos 45.566 víctimas en 708 fosas comunes, según el Mapa de Fosas. Las cifras superan las muertes del terrorismo de Estado ejercido por las dictaduras de Argentina y Chile, juntas.
La comunidad autónoma supera las 100 fosas del franquismo abiertas y las 4.000 víctimas recuperadas desde el año 2003. Aunque las víctimas del fascismo español afrontan ahora la parálisis de las políticas públicas: la Junta de Andalucía gastó un 30 por ciento del presupuesto de 2019 para exhumaciones. El Gobierno andaluz de PP y Cs sí ha nombrado al Comisionado para la Concordia que exige Vox “para reemplazar la Ley de Memoria Histórica”.
La capital andaluza actúa como uno de los epicentros de la matanza fundacional de la dictadura de Francisco Franco. Pero el genocidio dirigido en el sur por el exgeneral golpista Gonzalo Queipo de Llano mancha todas las provincias. Como Córdoba, donde el historiador y archivero Julio Guijarro lleva años desvelando los detalles de la represión.
En su investigación aparecen “profesiones y condenas por tipo”, caso de cientos de ejecutados “con fecha” y el trabajo que desarrollaban. “Las profesiones del campo son las más numerosas, pero los que controlarán la estructura del orden público del régimen han sufrido una purga muy dura para seleccionar solamente a los afines y evitar una posible marcha atrás”, dice.
Cuenta además “1.100 mujeres, fusilados, muertos en prisión o bando de guerra, pena de prisión o absuelto... Y afiliaciones para cruzar datos, por pueblos y comarcas”. Y, en total, “casi 14.000 nombres en base de datos de Córdoba”, indica Guijarro. Ahí están decenas de guardas, administrativos, agentes comerciales, yeseros, practicantes, peluqueros, ferroviarios o panaderos, entre otras profesiones.
Guardia civil y militares leales
“No se debe olvidar la represión por bando de guerra y consejos contra militares y fuerzas de orden público que defendieron el régimen de libertades y lo pagaron con su vida y penas de prisión”, apunta Julio Guijarro. “Plantillas enteras de Guardias Civiles, de Asalto, guardias municipales y militares leales son procesados en Córdoba para asegurar el futuro control del orden público y el Nuevo Estado”, señala. Una “depuración” importante, dice, y “quizás menos conocida”.
“Cuando termine de subir los nombres de fusilados en Málaga, el número de militares o similares, como Guardia Civil, carabineros, militares… subirá notablemente”, añade Cecilio Gordillo. “Los golpistas le tenían echado el ojo a cientos, miles de personas pero, en muchos casos, las profesiones de esos ‘señalados’ tenían mucho peso a la hora de la represión en general y del tipo de represión que se les aplicaba”, incluyendo penas de “cárcel y en campos de concentración, procesados en consejos guerra u otro tipo, expolio, deportación, depuración de los puestos de trabajo, la muerte mediante fusilamiento, Ley de Fugas…”, toda el catálogo de la violencia poliédrica que los golpista ejecutaron contra los demócratas.