El brote de listeriosis, que ya va por casi 300 afectados desde que el pasado 15 de agosto se decretase la alerta provocada por la carne mechada con listeria de la empresa Magrudis, podría terminar en los juzgados, lo que implicaría abrir la puerta a posibles penas de cárcel e indemnizaciones millonarias tras un proceso judicial que, salvo un acuerdo que parece difícil de alcanzar, podría tardar hasta tres años en comenzar.
En realidad, como explica a eldiario.es/andalucia el abogado Luis Romero, experto en derecho penal, penal económico, penal internacional, derecho civil y accidentes de tráfico, casi puede haber una pena distinta por cada afectado que, según lo que hayan sufrido, pueden pedir como indemnización más alta 100.000 euros para las personas que hayan perdido a un familiar por este asunto.
De entrada, explica que la primera denuncia “se puede plantear ante un juzgado, en la Fiscalía, o bien buscar directamente a un abogado, que valorará lesiones, o bien la posibilidad homicidio por imprudencia, o ver el daño en madres que han abortado, y aparte de responsabilidad penal se puede plantear un delito contra la salud pública por parte de las empresas que han estado involucradas”.
Eso sí, que haya una única condena parece difícil, porque “toda condena penal conlleva un condena o responsabilidad civil”, y lo más seguro es que “cuando el Fiscal haga un escrito de acusación pedirá varios años de cárcel y una indemnización por responsabilidad civil”.
Baremos de accidentes
Como en Justicia todo tiene una base, esto también. Los jueces, a la hora de calcular las indemnizaciones a las que pueden condenar en determinados casos como este, se acotan a un barreño concreto, el que se aplica en accidentes de tráfico. “Aunque en realidad no tenga nada que ver, es algo que se usa, pero cuando hay delitos dolosos a las indemnizaciones se les suma un poco más. Por ejemplo, si fallece alguien, para el viudo o viuda y los hijos corresponden 100.000 euros, y 50.000 para la madre o el padre. Es algo que varía, por ejemplo, por la por edad de los herederos, del fallecido o afectado y de las secuelas que puedan quedar”.
Otra cosa pasa por estudiar “el número de días que una persona ha estado de baja, si le quedan secuelas, incluso no solo el daño que ha sufrido, sino el lucro cesante”, y todo basándose en una denuncia que puede ser conjunta o individual, pero igualmente se antoja que va a ser un proceso complicado.
Indemnizaciones
Otra cosa es la variedad de asuntos que se pueden solicitar como indemnización. Por ejemplo, “en casos de aborto, los padres que han perdido a un niño aunque sea en gestación tienen derecho a percibir una indemnización por pérdida del feto y daño psicológico que habría que valorar. Depende de cosas como el tiempo de gestación. Conozco casos en los que se ha determinado una cuantía indemnizatoria y muchas veces la compañía de seguros está de acuerdo en que tiene que indemnizar y no hay juicio, pero incluso si tienen seguro de responsabilidad civil, la compañía puede repetir contra ellos aunque paguen, porque han podido no cumplir con toda las formalidades y obligaciones que tiene que tener todo empresario”“.
¿Y si no hay seguro? El asunto se complicaría, porque “irían contra los bienes de la empresa, los de los administradores, los actuales y los futuros, y si no alcanzan con su patrimonio, responderían cuando tengan un nómina, una devolución de Hacienda o cualquier bien a su nombre”.
Luis Romero señala en este punto que “si tuviera que denunciar, denunciaría a los administradores de la empresa, o empresas, pero también a las compañías de seguros, Junta y Ayuntamiento, porque para prevenir cosas como estas están las inspecciones de sanidad, y cuando se otorgan las licencias tiene que tener un seguimiento”.
Posible prisión
Una de las preguntas que suscitan este asunto es: ¿pueden ir a la cárcel los responsables de este asunto? Luis Romero tiene claro que sí. “Aunque las penas que se pueden solicitar por lesiones van de uno a cuatro años, normalmente se impone uno o dos, con lo que no habría ingreso, pero si hay un delito contra la salud pública sería de uno a tres, y si la suma sobrepasa los dos años, que creo que pueden sobrepasarlos, puede incluso conllevar el cumplimiento efectivo de penas de prisión”.
Pero por el momento, paciencia. Primero tiene que terminar el brote, y esperar tranquilamente que se redacte el primer escrito de acusación, que posiblemente pediría una fianza para los responsables, pero que se haga en menos de dos años es difícil. Puede haber una posibilidad de acuerdo, pero con 300 afectados es muy difícil que todos se pongan de acuerdo para eso, y seguramente alguno querrá llegar hasta el final“.