Interior no garantiza la atención a las personas sordas en las cárceles españolas
El Gobierno central deja en las manos de la buena voluntad de los funcionarios de prisiones que la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad se cumpla en las cárceles españolas. El funcionario, además de buena voluntad, debe saber lenguaje de signos, presuponiendo además que la persona presa conozca ese lenguaje. Todo ello pese a que el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, impone varias obligaciones respecto a las personas sordas, también en prisión.
Las personas sordas en prisión no dejan de ser sordas. Las personas presas no tienen limitados ningún derecho que no se encuentre restringido en una sentencia y mantienen todos sus derechos. Una persona con discapacidad es titular de los derechos que vienen en el citado Real Decreto, sin limitación. Este lunes trascendía públicamente el caso de José María. Más allá de que la Policía no le pueda expedir un DNI y otras circunstancias personales que agravan su caso, esta persona es sorda y además nadie le enseñó a hablar. Aunque se trate de un solo ejemplo, este periódico pudo comprobar en la cárcel de Sevilla que el funcionario que se encontraba presente en la comunicación entre éste y su abogada no hizo intento alguno de facilitar el entendimiento. Fue un joven preso, que conocía de la calle a José María, el que hizo de improvisado intérprete y que supo traducir con más suerte algunos de sus gestos y sonidos.
Desde la Administración Penitenciaria “se están tomando medidas” para cumplir lo establecido en la normativa vigente hace más de cuatro años, según dice textualmente el Ejecutivo en las respuestas oficiales hechas llegar a la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora la pasada semana después de una batería de preguntas sobre la atención a las personas sordas en prisión. También informa el Gobierno, sin dar fechas, que “se está ultimando un protocolo de actuación y se prevé la firma de un convenio”.
“Desde octubre de 2017 se vienen realizando reuniones de trabajo con diferentes
asociaciones, con el objetivo de concretar los términos del citado protocolo de actuación, cuya puesta en marcha se prevé en breve plazo“, dice el Gobierno central. El Gobierno viene a reconocer en sus respuestas que tiene que aplicar el mencionado Real Decreto pero ”no han previsto nada de nada de su aplicación“ sino que ”están empezando a hablar con dos colectivos“, explica Mora.
La senadora preguntaba en concreto por una queja presentada ante la Oficina de Atención a la Discapacidad en relación a las dificultades y carencias que padecen las personas presas con discapacidad auditiva. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en el mes de octubre de 2016, remitió a la referida oficina un informe en el que reconocía no contar con ningún tipo de convenio que permitiera disponer de profesionales especialistas en este tipo de discapacidad. A raíz de aquella respuesta, la Oficina recomendó a Instituciones Penitenciarias la creación de un grupo de trabajo dirigido a suscribir un convenio que pudiera satisfacer las especiales necesidades de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
“En la medida de lo posible”
El Gobierno explica que, mientras, desde los centros penitenciarios, “en función de sus recursos materiales y humanos y siempre cumpliendo lo establecido en la legislación penitenciaria, se hace todo lo posible”. En otra respuesta señala que “en el caso de que haya algún interno o funcionario que conozca el lenguaje de signos, se facilita, en la medida de lo posible, que pueda hacer de interprete”.
Mora también se interesaba por el número total de personas sordas que se encuentran privadas de libertad, solicitando el desglose del dato por centros penitenciarios. Pero el Ejecutivo afirma que “no existen registros específicos del número total de personas sordas que están en centros penitenciarios”. En este sentido, se indica que “las personas presas afectadas por esta discapacidad son atendidas convenientemente cuando lo precisan”.
La senadora explica que la situación de las personas presas con discapacidad auditiva es “especialmente dramática”. “No son informados adecuadamente de sus deberes y derechos; deben recurrir a una comunicación gestual y básica con los profesionales y funcionarios del centro penitenciario o de la administración de Justicia que genera continuas distorsiones; por regla general, no están incluidos en programas de tratamiento o terapéuticos en razón a su incapacidad para la comunicación; no tienen posibilidad de reclamar protección o denunciar abusos de forma directa; no perciben los avisos sonoros; permanecen ajenos a las alertas, alarmas o indicaciones grupales; se les sanciona en el marco de un procedimiento que no comprenden y, en muchas ocasiones, por conductas directamente imputables a su discapacidad e incapacidad de comprensión; se encuentran, en definitiva, en una situación de grave vulnerabilidad”.
La labor de las entidades
El Gobierno central indica que “desde cada centro penitenciario se puede facilitar la entrada al establecimiento de personas o entidades que trabajen con discapacidad auditiva y que pueden realizar esa labor, cumpliendo con la normativa penitenciaria vigente”, señalando que “el programa de tratamiento de cada interno se ajusta a sus necesidades específicas”.
En concreto, dice el Ejecutivo que, en el caso de aquellos con discapacidad auditiva, “dentro de lo establecido legalmente y teniendo en cuenta los recursos materiales y humanos disponibles en cada centro penitenciario, se hace lo posible para poder atender a sus carencias”. Esto, en un marco en el que las organizaciones sindicales y y hasta del Defensor del Pueblo reclama más personal para las prisiones. “No hay que hacer lo posible, hay que cumplir la Ley. Son un organismo público y con servicios públicos”, apunta Mora.
También se informa de que “se está trabajando conjuntamente con la Confederación Estatal de Personas Sordas y la Confederación Española de Familias de Personas Sordas. El objetivo de dicha colaboración es valorar y mejorar las condiciones de accesibilidad, así como disminuir las vulnerabilidades y carencias que presentan las personas con discapacidad sensorial que se encuentran en prisión”. A juicio de la senadora, en las prisiones “podrían entrar entidades pero, para que entren, tienen que tener un convenio”. Y ha sido el año pasado, cuatro años después de la normativa, cuando han empezado a contactar con dos entidades y aún no hay convenio, según la información oficial.
A través de ese futuro convenio sin fecha ni plazo de aprobación, “se pretende garantizar que todas las personas sordas dispongan de interpretes de lengua de signos, así como de otros medios de apoyo a la audición y a la comunicación oral (por ejemplo, carteles luminosos, bucles magnéticos, etc.), y que el programa individualizado de tratamiento de cada interno con discapacidad auditiva se encuentre más adaptado a su situación personal”, concluye el Gobierno en una de sus respuestas.
La insistencia de la senadora en conocer la información hizo que el Gobierno respondiera que “en la actualidad no se puede garantizar que todos los presos con discapacidad autidiva cuenten con intérpretes de lengua de signos. No obstante, en el caso de que haya algún interno o funcionario que conozca el lenguaje de signos, se facilita, en la medida de lo posible, que pueda hacer de interprete”.
