Interior incumple los plazos de puesta en marcha del protocolo para personas con diversidad funcional en las cárceles
Cuatro años y medio después de la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las cárceles no existe aún un protocolo de actuación específico que desarrolle la norma para personas con diversidad funcional. Está a la espera de que lo firme el secretario general de Instituciones Penitenciarias, según fuentes de este departamento del Ministerio del Interior, que aseguró hace algo más de un mes que el protocolo estaría listo para finales de abril.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias tiene “pendiente de firma” el llamado 'protocolo de actuación para personas con discapacidad en el medio penitenciario' pero aún no lo ha hecho “por motivos de agenda”, según comentan escuetamente las fuentes pese a la insistencia de este medio en conocer más detalle al respecto. El pasado 10 de abril se mantuvo una reunión de trabajo con representantes la Confederación Estatal de Personas Sordas y la Confederación Española de Familias de Personas Sordas en la que se fijó la puesta en marcha del citado protocolo para finales de abril, dijeron las mismas fuentes.
El Gobierno de España sigue haciendo “lo posible”, por ejemplo, con las personas con discapacidad auditiva encerradas en sus cárceles. “Existe el proyecto general dirigido a reclusos con discapacidad y a su vez nosotros desarrollamos uno dirigido a reclusos sordos”, explican a este periódico desde la Confederación Estatal de Personas Sordas, una de las dos confederaciones con las que el Gobierno trabaja conjuntamente para “valorar y mejorar las condiciones de accesibilidad, así como disminuir las vulnerabilidades y carencias que presentan las personas con discapacidad sensorial que se encuentran en prisión”, según informó el Gobierno.
Colaboración de entidades
Efectivamente, según las fuentes oficiales, la Confederación Estatal de Personas Sordas es una entidad más de las que colaboran con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el tratamiento de presos con alguna discapacidad: Confederación Española de Familias de Personas Sordas, ONCE, Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas, Confederación Española de organizaciones de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
El Ejecutivo explicó hace unas fechas que, en el caso de aquellas personas presas con discapacidad auditiva, “dentro de lo establecido legalmente y teniendo en cuenta los recursos materiales y humanos disponibles en cada centro penitenciario, se hace lo posible para poder atender a sus carencias”.
A través de un futuro convenio con las entidades mencionadas “se pretende garantizar que todas las personas sordas dispongan de interpretes de lengua de signos, así como de otros medios de apoyo a la audición y a la comunicación oral (por ejemplo, carteles luminosos, bucles magnéticos, etc.), y que el programa individualizado de tratamiento de cada interno con discapacidad auditiva se encuentre más adaptado a su situación personal”.
“En la actualidad no se puede garantizar que todos los presos con discapacidad autidiva cuenten con intérpretes de lengua de signos. No obstante, en el caso de que haya algún interno o funcionario que conozca el lenguaje de signos, se facilita, en la medida de lo posible, que pueda hacer de interprete”, reconoció el Gobierno.
