Los vecinos de Cortegana (Huelva) vieron en 2007 cómo los pinares que cubren los Llanos del Murteral y la Umbría de Alcornocosa se salvaron de convertirse en un complejo turístico con 67 chalés y un aeródromo gracias a tener protección especial. Ahora, esos mismos árboles están condenados a perecer talados para hacer hueco a una balsa de residuos mineros de 15 millones de m3. Durante el periplo entre ambos proyectos, se llevó a cabo una recalificación fruto de un convenio alcanzado en 2013 entre una empresa minera y el alcalde del municipio que le quitó esa protección especial a los pinares.
Algo más de una década después de la firma de ese documento, la minera acaba de obtener la autorización ambiental para su depósito de desechos –firmada por el alto cargo Pedro Yórquez, hermano de un trabajador de la empresa–. A este respecto, MATSA afirma que “el proceso de autorización de la AAU se ha realizado conforme a la legislación vigente, por lo que no existe conflicto de intereses ni incompatibilidad en su tramitación administrativa”. También que el trabajador hermano del delegado “no ha tenido participación alguna en el proyecto de construcción de la instalación de gestión de estériles a la que se refiere la AAU. Sus funciones no guardan relación alguna con dicho proyecto”.
Por su parte, aquel alcalde, José Enrique Borrallo, es el actual director general de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
El viaje que va desde el auto de un juez que paraliza un proyecto turístico de lujo hasta la autorización ambiental para un depósito de desechos mineros peligrosos en los mismos suelos tiene varias paradas.
'El pueblo de los pilotos'
Cuando en 2004 la empresa Turística Plus Ultra proyectó hacer un complejo turístico en Valdelamusa contó con el apoyo del Ayuntamiento de Cortegana de manera que, en 2006, el pleno municipal dio el visto bueno a construir 67 chalés y acondicionar una pista de aviación (ya existente) en los pinares. Se llamaría El pueblo de los pilotos.
Pero la calificación de los suelos como no urbanizables con protección especial imponía unos procedimientos que no se siguieron. La Junta lo denunció, el juez paralizó el proyecto –como informó El País– y el Consejo Consultivo de Andalucía terminó por anular el expediente. No habría complejo.
El tiempo pasó y surgió una nueva idea para utilizar esos terrenos: la ampliación de las instalaciones de la minera MATSA en la localidad. Había dos escollos. Por un lado, la protección de los pinares que había surtido efecto en 2007 y por otro, que los terrenos no pertenecían a MATSA sino a otra sociedad: Piritas de Huelva.
Convenio “para hacer posibles y viables los proyectos”
Para lo primero se diseñó un convenio entre el Ayuntamiento de Cortegana y la minera. Para lo segundo, MATSA inició una negociación para comprar los suelos. El convenio se firmó el 5 de septiembre de 2013, cuando el alcalde era José Enrique Borrallo Romero (PP). El compromiso por escrito de Borrallo de calificar los terrenos “para hacer posibles y viables los proyectos de Matsa”, como recoge el convenio, llegó incluso antes de que la minera se hiciera con los suelos que se pretendían reordenar –esa operación no se cerró hasta 2015–. Borrallo se justificó en que “existía un acuerdo tácito”.
Las contraprestaciones que debía satisfacer MATSA, según este convenio, incluían que el 30% de las nuevas contrataciones locales que se realizaran fueran del municipio de Cortegana tanto en la fase de construcción como de operación de las instalaciones.
Al mismo tiempo, MATSA tenía que hacerse cargo de diversas “reparaciones de vías públicas, de espacios deportivos y recreativos” por una cuantía de 130.147,9 euros. Eso sí, se colocarían carteles que incluyeran la leyenda: “Con la colaboración de Matsa”, especificaban las cláusulas.
Además, la empresa tenía que proporcionar al Ayuntamiento una ambulancia de 24.400 euros y un camión multibasculante de 41.140 euros. También se incluyó en el texto que “dentro de las acciones que Matsa se compromete a realizar, de igual modo que ha venido haciendo en ejercicios anteriores, se encuentran los patrocinios a Asociaciones del municipio y a eventos municipales, que se compromete a mantener durante los años de vigencia de este convenio”. El montante “será como mínimo” de 14.000 euros anuales.
Por el otro lado, el convenio establecía que “este Ayuntamiento se compromete a la redacción de los documentos de planeamiento necesarios para hacer posibles y viables los Proyectos de Matsa en el término municipal de Cortegana”. El acuerdo dicta que la minera se compromete a “colaborar en la redacción” del nuevo planeamiento urbano del municipio y también le concede control sobre cómo se está haciendo, ya que admite que la empresa puede “verificar la redacción del citado documento de planeamiento, en cualquier momento, a simple solicitud de MATSA”.
En el plano fiscal, este convenio se comprometía a llevar al Pleno municipal una bonificación del 75% en los impuestos y tasas de licencia de obras de las instalaciones de la minera y a redactar en tres meses una ordenanza que rebajara del 10% al 7% (sobre el importe de la inversión) la compensación que MATSA debía abonar en virtud de la ley de Ordenación Urbanística por el uso excepcional del suelo no urbanizable.
Tras la modificación del PGOU
El Plan General de Ordenación Urbana de Cortegana se modifició finalmente en un Pleno el 12 de diciembre de 2013. La memoria del proyecto actual para la construcción de la balsa indica que los terrenos escogidos son suelos no urbanizables de carácter rural o natural con un uso de pinar maderable.
Una vez acordada la modificación del PGOU, la adquisición de los terrenos tardó más de un año en concretarse. En 2019, las elecciones municipales cambiaron el color político del Ayuntamiento de Cortegana que pasó a estar gobernado por el PSOE e IU. En noviembre de 2020, ese Ayuntamiento ordenó paralizar y precintar diversas obras de MATSA por, dijeron, carecer de licencia. En 2021, la empresa Sandfire adquirió Matsa y en mayo de 2023 los siguientes comicios devolvieron la alcaldía al Partido Popular.
Tras la firma del convenio, José Enrique Borrallo se mantuvo como alcalde de Cortegana hasta mayo de 2019 –desde enero hasta abril de ese año también fue senador del PP por designación autonómica–. Después se mantuvo como concejal de ese municipio hasta que, en enero de 2021, la Junta de Andalucía lo designó delegado en Huelva de la Consejería de Desarrollo Sostenible. El 11 de agosto de 2022 pasó a ser director general de Espacios Naturales Protegidos por lo que dejaba el cargo de delegado provincial de esa consejería. Menos de un mes después, Pedro Yórquez Sancha ocupó ese mismo cargo. A los dos años, en agosto de 2024, Yórquez Sancha ha autorizado la balsa de residuos mineros en esos terrenos.
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Nota de rectificación remitida a elDiario.es por Sandfire MATSA
En cumplimiento de la ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, publicamos esta nota enviada por el representante legal de Sandfire MATSA a la redacción de elDiario.es:
“Tras la publicación el pasado día 28 de octubre de 2024 de la Noticia titulada ”Los pinos protegidos que se salvaron de los chalés pero no de la balsa de residuos tóxicos: viaje a lomos de una recalificación“, Sandfire MATSA quiere aclarar que:
La instalación para la gestión de tailings o residuos de Sandfire MATSA sería construida sobre suelos clasificados como suelo rústico de naturaleza común y no afectaría a ninguna zona protegida. Sería, por tanto, compatible con el planteamiento municipal.
Los suelos en los que se proyecta la instalación no han sido objeto de ninguna recalificación o modificación urbanística. Mantienen la misma clasificación y calificación urbanística que se les dio en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Cortegana aprobadas por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva de fecha 29 julio de 1981 (NNSS)“.