La plataforma pro Mezquita pública responde a Gallardón: “La Iglesia es usuaria, no propietaria”
La Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos se
ha dirigido este miércoles públicamente al ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón -quien defendió en el Senado que la Iglesia es la propietaria del monumento
cordobés- para negar que “haya
que expropiar a la Iglesia el universal monumento de Córdoba por una sencilla
razón: nunca fue propiedad de la entidad católica, aunque haya sido su usuaria
durante siglos“.
En
ese sentido, la plataforma explica que, “justo al contrario, ha sido el
Obispado de Córdoba quien se ha apropiado de un bien de incalculable valor“, tal
como reconoció el propio Ruiz Gallardón, en su comparecencia en el Senado, en
referencia a la inmatriculación que en 2006 hizo la Iglesia inscribiendo la
Mezquita-Catedral a su nombre en el Registro de la Propiedad por 30 euros.
La argumentación
jurídica en la que se basa la plataforma indica que “Gallardón habló
equivocadamente de un plazo de dos años para impugnar la inmatriculación de la
Mezquita-Catedral“ y a presumir por ello que la Iglesia ya sería propietaria
del monumento sobre el que habría que realizar una “expropiación” para obtener
su titularidad pública.
Desde la plataforma
señalan que el artículo 207 de la Ley Hipotecaria en el que se basa la apropiación
“establece un plazo cautelar de dos años para que las inmatriculaciones
realizadas por la Iglesia Católica surtan efectos contra terceros, lo que
supone admitir la excepcionalidad y la clandestinidad jurídica con la que se
practican. Sin embargo, este plazo no impide en ningún caso la reclamación de
la titularidad ni la impugnación de la nulidad de la inmatriculación, y así lo
ha reconocido el Tribunal Supremo en sentencias como la del 15 de enero de 2001“.
Para los integrante de este
colectivo que promueve la titularidad pública del monumento cordobés Patrimonio
de la Humanidad, Ruiz-Gallardón “reconoció que la inmatriculación no implica título de propiedad”, por lo que la
plataforma “confía en que no invoque en informe alguno la inmatriculación como
prueba de la titularidad de la Iglesia Católica de la Mezquita-Catedral y
mucho menos practicada conforme a dos normas inconstitucionales que el propio
ministro se ha visto forzado a modificar“ en la reforma que prepara el Gobierno
sobre la Ley Hipotecaria.
“En ausencia de criterios jurídicos, Gallardón empleó argumentos
confesionales como la Reconquista, desechados científicamente por todas las
universidades del mundo, e inaceptables en un Estado aconfesional y democrático
de derecho“, por lo que la plataforma reprocha al ministro su actitud: ”Exhibió una vehemente defensa de los intereses de una
entidad privada, la Iglesia Católica, en lugar de defender los del Estado, a
quien representa“.
Petición de nulidad de la inmatriculación
Petición de nulidad de la inmatriculación
En defensa de sus peticiones, la plataforma ha pedido, asimismo, “la
nulidad de esta inscripción, que se efectuó en base a dos artículos predemocráticos de la
Ley Hipotecaria que equipara a la Iglesia con la Administración y a los
diocesanos con fedatarios públicos“ dada la ”inconstitucionalidad sobrevenida“
de dichos artículos que “vulneran el principio de aconfesionalidad del Estado y,
en consecuencia, ya se ven derogados por la propia Constitución desde 1978“.
“Prueba de ello” –hace ver la plataforma- “es que el
propio ministro de Justicia reconoció ayer la existencia de dicho privilegio
eclesiástico, que ha forzado al Gobierno a derogar los dos artículos citados,
aunque sin carácter retroactivo y concediendo un año más de carencia para que
la Iglesia Católica pueda seguir registrando bienes por esta vía anómala“, en la reforma de la Ley Hipotecaria que prepara el Ejecutivo.
Por ello, pedirán a la administraciones
competentes que actúen y presenten en los tribunales un recurso de
inconstitucionalidad sobre la inmatriculación del monumento.
Por último, la plataforma da cuenta de un detalle
significativo en la intervención del ministro en el Senado. Ruiz-Gallardón “se
refirió permanentemente al monumento con el nombre de Mezquita, tal como se le
conoce popular y universalmente“, incluso en el documento de la Unesco que la desigan como Patrimonio
Mundial. “Si hubiera empleado esta denominación para solicitar una
entrada en el monumento, los propios encargados no se la habrían dado porque el
único nombre que utiliza el Obispado es el de Catedral“, señalan para advertir
de que es precisamente este cambio de denominación y la “adulteración de la
historia“, ejemplos de la gestión particular con que el Cabildo de Córdoba ”está
poniendo en peligro la declaración de la Mezquita-Catedral como Patrimonio de la Humanidad“.