El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles por unanimidad de los cinco partidos el proyecto de Ley de Medidas frente al Cambio Climático, que elevará al máximo rango jurídico los planes que la Junta desarrolla desde 2002 contra los efectos de este fenómeno y que fijará nuevos límites a la contaminación de gases de efecto invernadero.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José fiscal, ha tomado la palabra antes de la votación para agradecer el trabajo a todos los grupos parlamentarios, y ha destacado que con esta norma Andalucía “cumple con sus obligaciones y sigue estando a la vanguardia en las medidas contra los efectos del cambio climático”. “El consenso es posible sobre lo importante”, ha agregado antes de incidir en la importancia de centrar esfuerzos en combatir el deterioro del medio ambiente.
En representación del PSOE-A, Julio Millán ha destacado la importancia de esta ley sobre una cuestión cuyas consecuencias “ya estamos notando”, y ha valorado que al Parlamento ha llegado “un texto fruto del diálogo y la cesión” por parte de los grupos “para alcanzar un texto común”. En esa línea, ha indicado que su formación entendía que en la tramitación de esta ley “había que poner por delante lo que nos unía respecto a lo que nos separaba”, y por ello ha aplaudido el “consenso” alcanzado entre las fuerzas parlamentarias.
En nombre del PP-A, la parlamentaria Aránzazu Martín ha hecho hincapié en que este proyecto de ley se haya tramitado por la vía de urgencia pues esto, a su juicio, puede responder a que el Pleno que se está desarrollando esta semana “puede ser el último”, en alusión a que pueda darse un adelanto electoral en la comunidad autónoma. Tras señalar las aportaciones de los populares a la norma, ha pedido que se regulen las viviendas construidas en suelo no urbanizable que adquirieron cientos de andaluces “por vacío legal” para darles respaldo y porque “regularizar es controlar”.
Por Podemos ha intervenido la diputada Mercedes Barranco, quien ha valorado el “protagonismo” que, según ha destacado, ha asumido su grupo en la elaboración de esta ley “con mucho trabajo e ilusión”, por lo que ha señalado que se pueden sentir “orgullosos” del texto que sale aprobado, al que han incorporado con sus aportaciones “elementos vanguardistas, de alta relevancia”. No obstante, ahora ha demandado al Gobierno andaluz “compromiso y voluntad férrea” para ejecutar las medidas que contempla y que éstas sean así “efectivas”.
Sergio Romero, de Cs, ha destacado el “consenso, diálogo y acuerdo” alcanzado entre todos los grupos parlamentarios para sacar adelante este proyecto de ley, “demostrando que al menos en el Parlamento hay absoluta estabilidad”. “Andalucía, con esta ley, pone su grano de arena para paliar y adaptarse al cambio climático, un reto que es ser global”, ha agregado antes de considerar que en este asunto debe implicarse toda la sociedad.
De su lado, el diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha defendido que la lucha contra el cambio climático es algo “perentorio”, así como ha advertido de que no se trata solo de llegar a acuerdos globales sino que también se tienen que trabajar desde lo local “para que la materialización de las medidas a adoptar sean una realidad”. Además, ha explicado que el proceso de elaboración de la norma andaluza, “que venía con mucho trabajo previo”, ha sido “impecable” y con un ambiente “muy positivo”.
CONTENIDO DE LA LEY
Esta norma supondrá una nueva regulación de la contaminación por gases de efecto invernadero y se dirigirá a las denominadas “emisiones difusas”, que se encuentran en situación de vacío legal al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión. Para ellas, que suponen un 55% de la contaminación vinculada al cambio climático en la comunidad, se fija el objetivo mínimo de reducir un 18% en 2030 el nivel registrado en 2005 de 4,28 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) por habitante y año.
El proyecto establece cuotas de emisiones por periodos de seis años para los distintos sectores que generan contaminación difusa, fundamentalmente el transporte, el agrario, la edificación y la vivienda, así como la gestión de residuos, los gases fluorados y aquellas actividades industriales que quedan fuera de la regulación europea. Estas cuotas, denominadas “presupuestos de carbono”, serán revisables por el Consejo de Gobierno en función de los compromisos que puedan adquirirse en el ámbito internacional, de la normativa europea o estatal, de las disminuciones logradas o de los impactos económicos y sociales de las medidas incluidas en la ley.
El texto prevé también la puesta en marcha del Plan Andaluz de Acción por el Clima, que marcará los objetivos de mitigación y adaptación desde el ámbito local y autonómico, para incorporarlos a todas las planificaciones sectoriales.
Para facilitar el cumplimiento de los fines planteados, el texto incluye nuevos instrumentos obligatorios y voluntarios. Entre los primeros, de aplicación a las administraciones públicas y el sector privado, se encuentra el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER), un instrumento pionero en España que incluirá en la lucha contra el cambio climático las actividades de elevado consumo energético, creando nuevas obligaciones de transparencia y reducción de la contaminación. El SAER se aplicará una vez esté elaborado el reglamento de desarrollo de la ley, dentro de dos años desde su entrada en vigor. Con carácter obligatorio, los establecimientos deberán disminuir sus emisiones según un plan de reducción basado en los valores de referencia establecidos.
En el ámbito voluntario, el proyecto de ley recoge la habilitación del Registro de la Huella de Carbono de Productos y Servicios, una herramienta para medir y comunicar las emisiones de los productos o servicios que se ponen en el mercado. La nueva norma también contendrá instrumentos voluntarios para la compensación de emisiones de CO2 mediante su absorción por sumideros naturales vinculados principalmente a proyectos forestales, dada la capacidad de los bosques para absorber el carbono.
Por su parte, los municipios con más de 50.000 habitantes de población vinculada (beneficiaria de los servicios municipales) deberán elaborar programas de cambio climático en el marco de sus competencias e incorporarlos a la planificación local.
Como instrumentos técnicos de referencia para la planificación y la toma de decisiones, se elaborarán los Escenarios Climáticos de Andalucía y el Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que incluirá datos de emisión por fuentes y de absorción por sumideros, y la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía para la integración del conocimiento científico generado en los centros de investigación andaluces.
Finalmente, para coordinar estas políticas en el ámbito de la Administración autonómica, se crea una estructura administrativa integrada por el Consejo de Gobierno, una comisión interdepartamental sobre la materia, la Consejería competente y la Oficina Andaluza de Cambio Climático.