Tras semanas de rumores por su posible salida, con una guerra abierta con los sindicatos y siendo el blanco de las mayores críticas que ha elevado la oposición parlamentaria en este mandato, Catalina García ya no es la responsable de la sanidad pública andaluza.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha decidido relevarla de su cargo para que se encargue ahora de Medio Ambiente, después de dos años en los que García ha cosechado más derrotas que victorias como consejera de Salud, cargo al que accede la doctora Rocío Hernández Soto. No la destituye del Ejecutivo regional, sino que la traslada de departamento para evitar darle a la oposición la cabeza política que reclamaban. No obstante, los sindicatos de la mesa sectorial aplauden su salida al calificar como “mala” su gestión, si bien Moreno le agradecía este mismo miércoles en el Comité Ejecutivo Autonómico, tanto a ella como a la otra exconsejera que cambia de cartera, Patricia del Pozo, su “esfuerzo, compromiso y gran trabajo realizado” al haber alcanzado “objetivos muy difíciles de conseguir”.
Desde el nombramiento de Catalina García, que estuvo avalado por su predecesor en el cargo, Jesús Aguirre, con el que fue viceconsejera, su posición se ha tambaleado por las críticas recibidas. Al ser enfermera de profesión, fue duramente atacada por el gremio médico. En concreto, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, argumentó que “una enfermera no debe estar al frente de la Consejería” porque quien ostenta el cargo debía pertenecer al “más alto nivel”.
Partidos políticos y sindicatos han exigido su dimisión prácticamente desde el primer día y hasta el último. Especialmente cuando, tras un año y medio sin publicar las listas de espera, se desveló que habían aumentando un 227%. Entonces, volvieron a reclamar su marcha por el dato en sí y por la falta de información por parte de su gabinete. Sin ir más lejos, ha comparecido en 18 comisiones y 15 plenos en este tiempo para responder a las críticas de la oposición. Algo que la sitúa por encima de la media habitual de intervenciones que suelen hacer este tipo de cargos.
Todo en los más de 730 días que han transcurrido desde que García asumiese el reto de reconducir una sanidad pública de Andalucía muy marcada por la pandemia de la Covid-19. La ya exconsejera de Salud accedió al cargo en julio de 2022, justo cuando la pandemia empezaba a quedar atrás y la presión asistencial se disparó al retomar la actividad paralizada durante dos años.
Durante sus dos años al frente de la cartera sanitaria, el colapso asistencial ha sido la cuestión que ha definido su paso por la Consejería. Tanto que puso en el foco a parte de su equipo. Entre 2021 y 2023, la Junta adjudicó a dedo más de 240 millones de euros en contratos sin publicidad a clínicas privadas para derivar pacientes y aligerar las listas de espera, aprovechando un decreto que lo permitía en el marco de la pandemia de la Covid-19, que había decaído en 2021.
Pese a no tener respaldo normativo, la Junta continuó firmando estos acuerdos gracias a diferentes prórrogas avaladas por los gabinetes jurídicos de la propia Junta, lo que derivó en una crisis dos años después, cuando en junio de 2023 la Junta tuvo que cancelarlos porque ya no tenían encaje legal.
Esa cancelación disparó las listas de espera hasta un 55% y le estalló en las manos a García, con un cisma en el seno de la Consejería de Salud. El entonces gerente del SAS, Diego Vargas, y el viceconsejero del ramo, Miguel Ángel Guzmán se marcharon en diciembre alegando “motivos personales”.
Sin embargo, el fichaje apenas tres meses después de Guzmán por ASISA, una de las principales aseguradoras privadas del país, que en 2023, justo durante la crisis de las listas de espera, facturó 600 millones de euros, provocó las críticas PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, acusando al ex número 2 de Catalina García de haber usado su cargo para “desmantelar la pública” y “derivar millones de pacientes a la privada”.
Meses más tarde, la realidad le dio la razón a los partidos de la oposición cuando este medio publicó en exclusiva que Guzmán había adjudicado, a través de contratos a dedo sin publicidad para aligerar las listas de espera, 44 millones de euros para ASISA, la aseguradora que le había contratado.
Un hecho que, más allá de la falta de decoro político denunciada por la oposición parlamentaria, provocaba una incompatibilidad al vulnerar la normativa que impide que un cargo público pueda trabajar hasta dos años después de su marcha en una empresa del sector en el que haya tenido competencias.
Así, la incorporación de Guzmán se aplazó y la Junta resolvió la crisis en 48 horas elevando un informe en el que permitía al exviceconsejero de Catalina García fichar por ASISA a partir de este verano. García salió al paso de la polémica afirmando que le habría gustado que Miguel Ángel Guzmán le avisara de su incorporación por la aseguradora, sobre todo para comprobar que “no existía ningún problema”. Sin embargo, su figura como consejera quedó tocada políticamente en plena crisis por las elevadas listas de espera.
Pero su gestión en el plano la negociación sindical del colapso sanitario tampoco ha mejorado su posición como consejera, su distancia con la mesa sectorial no le ha granjeado entendimiento ni buenas noticias. Cuando García se hizo con el mando de Salud, su predecesor, Jesús Aguirre, había despedido a 8.000 sanitarios de los llamados refuerzos Covid. Personal que había sido contratado, gracias a fondos estatales, para que sirviesen de apoyo a una plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) completamente desbordada por la pandemia.
Cuando los recursos dejaron de llegar del Gobierno central, Andalucía empezó a prescindir de estos profesionales. Un argumento que fue utilizado por la oposición durante la campaña electoral de los comicios andaluces de 2022 pero que, lejos de desmentirse, cobró fuerza bajo la dirección de Catalina García.
La entonces consejera, que aún tenía 12.000 profesionales de refuerzo, optó por no renovarlos a todos y, tras ofrecer contratos de pocos meses, y argumentando que cada vinculación se hacía con un “esfuerzo” económico por parte de la Junta de Andalucía, finalmente tan sólo 2.382 de ellos se quedarán definitivamente en el SAS, una vez que se aprueben sus plazas.
Algo que le ha granjeado fuertes críticas de la mayoría de la mesa sectorial, sobre todo porque desde Salud llegaron a argumentar que con el fin de la pandemia ya no hacía falta tanta personal, pero ahora el discurso es que falta plantilla. Según el SAS, hay 126.000 profesionales en el sistema, que no acaban de ser suficientes ni para Salud ni para sindicatos y trabajadores para cubrir la demanda asistencial de una población que supera los 8,4 millones de personas.
Mientras que Jesús Aguirre salió de la Consejería de Salud firmando un acuerdo histórico con todos los sindicatos de la mesa sectorial para desarrollar la carrera profesional por la que los trabajadores pueden ir sumando méritos y mejorando su posición económica, García se va con una ruptura casi total con los representantes de los trabajadores. Hace tan sólo un mes, Satse, CSIF, CCOO y UGT protagonizaron la primera huelga sanitaria contra el gobierno de Juan Manuel Moreno, cansados de sentirse “ninguneados” y de que el pacto por la mejora de la atención primaria, que se firmó en 2023, no se haya materializado.
La ruptura entre las partes también se ha cobrado otros episodios en estos dos años. Uno de los hechos que más ha tensado la cuerda ha sido la reiterada denuncia por parte de la mesa sectorial de que la Consejería de Salud no ha negociado ninguna propuesta y las ha presentado todas redactadas. Tanto es así que, en febrero de 2023, sindicatos y profesionales se encontraron con una orden para privatizar por primera vez en la historia del SAS la atención primaria. Una orden contra la que sólo había alegado CCOO porque había pasado desapercibida para el resto al no haberse presentado en ninguna reunión.
Aquello se frenó gracias a la presión sindical, social y política que puso el grito en el cielo ante la posibilidad de que la medicina privada entrase a gestionar parte de la atención que reciben los andaluces en los centros de salud, haciendo uso de los recursos públicos para rebajar la espera que hay entre que se solicita una cita y el médico de familia puede atender al paciente. Según los datos oficiales, la demora ronda los 4 días, pero según la espera que manejan usuarios y sindicatos, puede alcanzar los 10 días en grandes núcleos urbanos.
Si difícil ha sido su relación con la mesa sectorial, especialmente compleja lo ha sido con el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Los representantes de los médicos llegaron a amagar con montarle una huelga, que fue frenada a última hora en enero de 2023 al arrancar una serie de acuerdos para reducir el cupo de pacientes que soportan los galenos de familia en los ambulatorios, y se han concentrado en varias ocasiones ante el Palacio de San Telmo, pero en los últimos tiempos habían emergido como sus únicos aliados.
Argumentando que falta personal en el SAS, y especialmente médicos, Catalina García ha puesto el foco en llegar a acuerdos con el SMA. Según pudo saber este medio, la Consejería llegó a negociar con ellos y a espaldas del resto de sindicatos el plan para este verano. Además, el SMA también se descolgó de la huelga de junio, argumentando que Salud sí estaba cumpliendo con los médicos y que ellos no habían sellado el pacto por la atención primaria, que fue el detonante del paro.
Sin embargo, el malestar general ha sido la tónica dominante porque, entre otras cuestiones, durante su mandato no se ha actualizado la bolsa de empleo del SAS -desactualizada desde 2021-, se ha valorado a la baja el complemento de productividad o se ha insistido en la contratación de médicos internos residentes (MIR) como solución a la falta de plantilla. Esto último pese a ser ilegal por normativa europea desde 1986 -adaptada definitivamente en España en 1995-.
En lo que sí puede apuntarse dos éxitos Catalina García es en que el presupuesto sanitario nunca ha sido tan alto en Andalucía -con 14.246 millones de euros, un 3% más que en 2023- y que ha logrado cierta reducción de las listas de espera en los últimos meses. Sus planes de choque para concertar con la medicina privada -de nuevo con contratos a dedo y sin publicidad- las operaciones de menor calado y así aligerar la espera de los pacientes andaluces, empieza a dar sus frutos. Según los datos del pasado mes de junio, se habían reducido un 15,4% los ciudadanos a la espera de una operación que se encontraban fuera de los plazos de garantía.
Sin embargo, ninguno de estos éxitos acaba de ser completo primero porque el presupuesto sigue siendo el segundo más bajo por habitante de toda España y segundo porque la oposición política y los sindicatos acusan a la Consejería de Salud de recurrir cada vez más a la privada en vez de aumentar sus esfuerzos por dotar de personal al SAS. Todo mientras Andalucía sigue batiendo registros de financiación a la sanidad concertada.
En estos dos años, se ha producido mucha pérdida de talento joven, especialmente de enfermeras, a otras comunidades autónomas como Cataluña o Baleares debido a que se les ofrecen contratos de mayor duración. Además, Salud admite desde hace tiempo que tiene un déficit de especialistas, especialmente de anestesiología, que impide que se pueda operar tanto como se debería.
La salida de García como consejera era un asunto que desde los sindicatos se deslizaba de manera cíclica, conscientes de que la interlocución estaba rota entre las partes. Sin embargo, se ha producido justo cuando se ha evidenciado el fracaso de uno de sus grandes caballos de batalla de los últimos meses: la incorporación de MIR como médicos adjuntos. Salud intentó que cubriesen bajas este verano antes de acabar su formación, pero 8 de cada 10 han rechazado la propuesta. Decían no saber qué estaban firmando y tener “miedo” por la inseguridad laboral que les generaba.
La presión asistencial que soporta la atención primaria en los centros de salud de Andalucía no se ha corregido y se ha llevado por delante a una consejera, de profesión enfermera, que ahora será sustituida por otra que es doctora. Rosario Hernández será la responsable sanitaria en un momento en el que los sindicatos confían en recuperar la interlocución con la Junta de Andalucía.
Hernández hasta la fecha ha trabajado como directora gerente del Distrito Sanitario de Atención Primaria Aljarafe-Sevilla Norte. Sindicatos como UGT admiten que tienen reservas porque la labor de Hernández en ese puesto “no ha sido buena”, pero prefieren darle un voto de confianza y esperan que se abra una nueva etapa de diálogo constructivo.
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