La potestad de la Junta de Andalucía para personarse en posibles delitos de odio cumple un año en blanco

Este viernes 22 de julio se conmemora el Día Europeo de las Víctimas por delitos de odio, instituido en 2014 por el Consejo de Europa por la masacre en Oslo y Utoya de 2011, donde 77 personas fueron asesinadas por un fanático de extrema derecha. La Junta de Andalucía, en marzo del pasado año, consideró necesario incorporar un instrumento de protección a las víctimas de delitos de odio ante el incremento de los discursos basados en la intolerancia hacia diversos colectivos por razón de ideología, religión, origen, etnia, género, orientación sexual o discapacidad. La herramienta legal que permitió a los servicios jurídicos de la Junta perseguir ese tipo de delitos con la personación en esos procedimientos judiciales cumple ahora un año sin que el Gobierno andaluz se haya personado de oficio en asunto alguno.

“No hay personación todavía porque aún no se ha producido afortunadamente un caso en el que legalmente debamos personarnos”, explican fuentes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales después de que la entrada en vigor de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía cumpla ahora su primer aniversario. “Estamos pendientes de todas las denuncias que nos llegan”, defienden desde la Consejería, que apunta que se ha “interesado por varios incidentes que al final no se han abierto por parte de los juzgados como posible delito de odio”. La Consejería indica también que ha habido reuniones con el nuevo grupo de la Guardia Civil de delitos de odio “para trabajar en cooperación”.

La disposición adicional décima incluida en la referida Ley de Infancia y Adolescencia establece que la Administración de la Junta de Andalucía “deberá personarse” en los procedimientos sobre delitos de odio a los que se refiere el artículo 510 y el 510 bis del Código Penal, cometidos en Andalucía, en los que se cause la muerte a personas por razón de su pertenencia a uno de los grupos previstos en este precepto legal, o en los procedimientos de especial gravedad o con gran repercusión social, de forma debidamente justificada. Asimismo, apunta a que la administración regional “podrá personarse” en el resto de procedimientos sobre delitos de odio una vez que se formule la denuncia y los servicios jurídicos analicen y justifiquen esa actuación.

Pese a que Andalucía es una de las comunidades con menos delitos de odio de España, con 1,8 casos por cada 100.000 habitantes frente a la media nacional de 3 casos segun la última estadística con datos disgregados por comunidades autónomas, “los delitos de odio contra personas por su orientación sexual o identidad de género han escalado al segundo lugar” a nivel nacional, según dijo recientemente Javier López Gutiérrez, director de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, que hizo constar que el 89% de los delitos no se denuncian, según la última encuesta publicada por su departamento.

En 2021 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 1.802 posibles delitos de odio, frente a los 1.272 investigados en 2016. En cinco años son 530 más, lo que representa un incremento de un 41,6 por ciento. Desde 2014, primer año en que se empezaron a registrar los delitos de odio en estadística propia, 11.811 casos han sido objeto de investigación policial. Por categorías o modalidades, tres figuras ocupan, y con diferencia, los primeros lugares de la tipología de los delitos de odio: los relacionados o derivados de conductas racistas o xenófobas (678 en 2021, el 37,6 por ciento del total), los delitos de odio contra la orientación sexual e identidad de género (477 en 2021, el 26,5 por ciento) y, en tercer lugar, los derivados de discriminaciones o ataques por ideología (336 el pasado año, el 18,6 por ciento).

También a nivel nacional este año se ha puesto en marcha la mesa promotora del Pacto de Estado contra los Discursos y Delitos de Odio, promovida por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales.