El PP-A ha lanzado este lunes un órdago al Gobierno de Andalucía y ha advertido de que los municipios donde gobierna “no van a ejecutar” los contratos previstos en el plan de empleo joven (Emple@joven) y en el de lucha contra la exclusión social mientras la Junta de Andalucía no les transfiera el dinero para pagar estas nóminas. La secretaria general del PP-A, Dolores López, ha recordado que los consistorios llegan a duras penas a pagar los salarios de sus trabajadores por lo que no pueden asumir este gasto para los 25.000 contratos del Emple@joven que calcula la Junta de Andalucía, por una parte, y los 40 millones de euros para contrataciones del plan contra la exclusión social, por otra.
Cabe recordar que los populares gobiernan en 265 municipios de Andalucía que de momento boicotearían estos dos planes estrella de la presidenta Susana Díaz -los dos fueron anunciados por ella como claves dentro de su lucha contra el paro- pese a que inicialmente “sí se van a adherir en los plazos establecidos”, en palabras de Dolores López. Ésta ha explicado que los consistorios “sí quieren contratar, pero no tienen tesorería para ello”. Y los que la tienen, “no van a sacrificarlo a costa de obras que puedan ser importantes en sus municipios u otros servicios sociales vitales que ya prestan”.
El decreto que regula el Emple@joven, que se basa sobre todo en prácticas para menores de 30 años, establece que las administraciones locales deberán abonar el pago de las becas a sus beneficiarios “por mensualidades vencidas (...) con independencia del momento de abono de la ayuda concedida” por la Junta de Andalucía. Con este plan, la Junta de Andalucía calcula que podrán ser contratados para prácticas de unos seis meses de duración unos 25.000 jóvenes. Las diferentes líneas de actuación que incluye este plan suman un presupuesto de 98,7 millones de euros para 2014.
En cuanto al decreto de lucha contra la exclusión social establece, por un lado, un presupuesto de 40 millones de euros para contrataciones de personas de familias que ingresen entre 1 y 1,7 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), y por otro, dos millones de euros con los que se calcula poder contratar a 800 perceptores del salario social (son más de 55.000 en Andalucía) y que puedan ser rescatados para el mercado laboral. Recoge que las cantidades se abonarán “conforme al correspondiente calendario de pagos aprobado por la Dirección General de tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública”, pero no concreta un plazo, lo que ha puesto en alerta a los populares. También para 2014 contempla 6,5 millones de euros que se abonarán a los consistorios para hacer frente al pago de suministros vitales (luz, agua y gas); 4,5 para ayudas a familias con menores a su cargo y sin otros ingresos; y 11 para la garantía alimentaria de escolares y tercera edad.
Precisamente, ya durante la aplicación del anterior decreto contra la exclusión social fueron muchos los alcaldes del PP-A que se adhirieron pero vincularon los contratos a que les llegaran los fondos. “Después de mucho tiempo presionando lo conseguimos”, ha recordado la también parlamentaria. “Esto es fiel reflejo de que la señora Díaz no es sólo una silla vacía, sino que también es las arcas vacías de los ayuntamientos. Tenemos una presidenta vacía de leyes, de reformas, de gobierno, de gestión pero lo más duro vacía de la realidad social de esta maravillosa tierra”, ha apostillado.
“Durante unos meses estos planes se van a superponer por lo que entendemos que la señora Susana Díaz ha empujado a los ayuntamientos a que dejen de pagar sus nóminas o a que no contraten a personas en riesgo de exclusión social ni a jóvenes”, ha criticado la número 2 del PP-A, quien ha insistido en la exigencia de que “la Junta de Andalucía anticipe esos fondos”. Ha recordado que ya en el Parlamento de Andalucía la pasada semana su grupo preguntó por los plazos fijados para transferir este presupuesto a las arcas municipales: “Y no nos contestaron”.
En la misma línea, tras incidir en que el PP-A gobierna en municipios que suman el 65% de la población de la comunidad autónoma “por lo que esto es muy grave”, ha acusado a la presidenta de hacer con este tipo de anuncios “política de parasitismo”, igual que cuando “va a hacerse la foto con los Astilleros de Cádiz que han conseguido carga de trabajo gracias al Gobierno de Mariano Rajoy”.