El PP andaluz ha denunciado este martes la existencia de “un nuevo caso de corrupción” en Andalucía, en relación a la supuesta creación en 2003 de una “bolsa de enchufados” en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, con Francisco Javier Guerrero al frente, cuyo personal habría sido contratado “con fondos de formación” abonados por la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (Faffe).
Así lo indicado en rueda de prensa, la secretaria general del PP-A, Dolores López, quien ha aludido a un oficio de la Guardia Civil, notificado el pasado 5 de noviembre, en el que se recoge que, según un informe elaborado por el Gabinete Jurídico de la Junta, “ha existido una supuesta concertación con terceros (la empresa UMAX Informática y Consultoría) para crear una plantilla de personal al margen de los cauces legalmente establecidos y sin sujeción a los principios de publicidad, libre concurrencia, mérito y capacidad”.
En el citado informe se hace referencia a un listado de trabajadores contratados por UMAX y que prestaban servicio en la Consejería de Empleo, concretamente en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en sus diferentes sedes de Sevilla, Almería y Málaga, destacando que ese personal “podría haber sido contratado por UMAX por indicación del señor Guerrero u otros cargos de la Consejería de Empleo sin obedecer, en ningún caso, a los principios de igualdad, mérito y capacidad exigidos”.
Sin embargo, desde la Junta de Andalucía han recordado que en 2013 fue la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo la que abrió expediente y la que presentó una denuncia ante el fiscal jefe de Sevilla sobre el caso por si era constitutivo de delito. En dicha denuncia, se remitió “toda la información relevante”, al objeto de “examinar la trascendencia penal que pudieran revestir las actuaciones desarrolladas en el seno de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, consistente en el aparente dictado de una resolución arbitraria en un asunto administrativo y en la supuesta concertación con terceros, en este caso Umax (...) para crear una plantilla de personal al margen de los cauces legalmente establecidos y sin sujeción a los principios de publicidad, libre concurrencia, mérito y capacidad que ha de presidir el ingreso como personal al servicio de la administración”.