La Junta de Andalucía ultima un decreto ley en materia de escuelas infantiles que, entre otras cosas, eliminará la posibilidad de subvenciones para la educación de niños de 0 a 3 años de aquellos que quieran apuntar a sus hijos en la guardería con el curso empezado. Ésta y otras medidas, como permitir que se oferte a la baja el coste de cada plaza, en lugar de la tarifa fija como hasta el momento, ha puesto en pie de guerra a los profesionales del sector y a los padres, que prevén protestas este jueves.
En este sentido, la educación infantil de primer ciclo en Andalucía se imparte en guarderías públicas y privadas con plazas concertadas, en una cifra que sólo permite cubrir la demanda de las familias con menos recursos, mientras que el resto debe pagar el coste de esta escolarización. Los convenios comenzaron a implantarse con el Plan de Apoyo a las Familias andaluzas de 2002. Mientras, el decreto que las regula en estos momentos es de 2009 y sobre el mismo se quieren imponer estos cambios.
El PP-A, por su parte, ha anunciado una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía para que el Gobierno de Susana Díaz retire la propuesta. Su portavoz, Carmen Crespo, ha expresado que “hay una enorme preocupación en el sector y entre los padres” por un decreto ley “sin negociación de ningún tipo”. En su opinión, “con este nuevo modelo de financiación, sin un aumento de presupuesto, la Junta de Andalucía sólo pretende mejorar sus estadísticas de cara a la galería con un incremento de plazas, pero sin pensar realmente que es lo más conveniente tanto para las escuelas infantiles como para las familias”.
De hecho, el decreto ley prevé que se incrementen en 2.500 plazas que la Junta de Andalucía subvenciona para guarderías, pero con el mismo dinero, y por eso, permitirá, como se ha señalado, que se oferte a la baja. Es decir, en la convocatoria del concurso público, se primará a las escuelas infantiles que ofrezcan el servicio por menos. Se suma a esto que so periódicas las protestas de las guarderías privadas con conciertos porque tardan en cobrar las plazas que tienen asignadas.
El otro punto polémico es el referido de que los padres sólo podrán solicitar las becas a principio de curso, pese a que los alumnos pueden incorporarse a las escuelas infantiles a partir de las 16 semanas del nacimiento. Pero no todos nacen a la vez, lo que deja sin opciones a los progenitores de niños que tengan esta edad con el curso empezado.
El decreto ley, que debe ser aprobado todavía por el Consejo de Gobierno, ha sido elaborado por la Consejería de Educación, de la que depende este servicio actualmente. Desde la misma han recordado que estas escuelas infantiles no pueden ponerse en huelga y dejar sin servicio a los padres, por lo que las protestas este jueves exigirían malabarismos a los convocantes.