“Siendo presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves González”, “siendo presidente José Antonio Griñán Martínez”. El Partido Popular de Andalucía, acusación popular en el juicio que se sigue contra 21 exaltos cargos por la rama política de la macrocausa de los ERE, ha situado en su informe final a los dos expresidentes de la Junta “al frente de todos los acusados” por su posición superior en la jerarquía de la administración autonómica y su responsabilidad “in vigilando”.
“Se ha puesto en evidencia que la cúspide de la pirámide de la que se habló al principio de la instrucción eran los presidentes de la Junta y el Consejo de Gobierno” porque “fueron los que nombraron a los acusados” y porque “respondían al programa de Gobierno” y seguían sus “directrices”, rememorando lo que la principal jueza instructora del caso, Mercedes Alaya, refería metafóricamente en sus autos antes de que, durante la toma de posesión de Susana Díaz el 10 de septiembre de 2013, llamara a la causa a los ya expresidentes.
“Estuvo en sus manos, y no lo hicieron, poner fin al dispendio arbitrario de caudales públicos”, ha señalado el abogado popular, Luis García Navarro, quien al comienzo de su intervención ha relatado los nombramientos vía decreto de los consejeros, viceconsejeros, secretarios generales y resto de altos cargos que en su momento fueron nombrados por Chaves o Griñán y que en estos meses están compartiendo con ellos banquillo de los acusados por la “instauración” y “mantenimiento” de un sistema “irregular” para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.
El PP no se ha extendido en su primera parte del informe en muchos de los aspectos técnicos de la causa al adherirse a lo ya expuesto por la Fiscalía Anticorrupción en las sesiones precedentes, según ha explicado e letrado, en cuanto a sus consideraciones generales y a la calificación jurídica de los hechos “atribuidos a los acusados”, indicando en todo caso el “uso inadecuado” de las transferencias de financiación y una “falta de control” que son “merecedoras del reproche penal” del se les viene acusando a todos los exaltos cargos andaluces.
“Dependencia jerárquica”
Todo lo cual “ha quedado acreditado” que fue “permitido desde las más altas instancias” para “conseguir rédito electoral para el partido que sustentaba al gobierno, el PSOE-A, y la paz social, instauró un sistema para otorgar subvenciones a través de un procedimiento específico, como así lo definió el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, cuya principal característica era la falta total de procedimiento”. “asegurar la paz social” pero con “ausencia de todo procedimiento administrativo”.
El abogado del PP se ha centrado principalmente en un mensaje que ha querido reforzar: que Chaves o Griñán nombraron a la mayoría de los ahora acusados, “evidenciando una dependencia jerárquica” como “órganos superiores de la administración”, según ha expuesto de acuerdo a la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En ese punto ha desgranado algunos de los contenidos de la norma con alusiones directas a que el presidente de la Junta y del Consejo de Gobierno tienen la “superior dirección” y que las personas nombradas en su seno siguen las “directrices fijadas” por el citado Consejo de Gobierno. En esa línea ha desgranado igualmente el organigrama de la Junta, destacando también “la especial confianza que fluye” para el nombramiento de puestos de libre designación para los altos cargos.
El denominado 'procedimiento específico' supuso, según el PP, “una huida del derecho administrativo” y una actuación “subjetiva contra los intereses generales sin sometimiento a la ley y al derecho”, concluyendo que con el sistema de los ERE “se institucionalizó un plan opaco a la Intervención de la Junta y prescindiéndose del procedimiento legalmente establecido”.
El abogado del PP ha achacado a Chaves y a Griñan que, además de haber quedado “probado que todos los acusados participaron en mayor o menor medida” en la instauración o mantenimiento del sistema“, tanto uno como otro ”tenían un poder jerárquico que nunca ejercieron“. Los acusados ”permitieron“, ha asegurado, la ejecución del programa presupuestario 31L con el que se concedían y pagaban las ayudas investigadas, para desarrollar las políticas de la Junta, que aprobaba el Consejo de Gobierno y fijaba el presidente autonómico.