El pacto por Doñana suscrito el lunes entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía ha fulminado la polémica ley para ampliar cultivos de regadíos en el entorno del Parque Nacional, que desató un enorme enfrentamiento político, nacional e internacional hace dos años. En términos políticos, la ley está muerta. En términos de tramitación parlamentaria, la ley sigue en suspenso y la Junta asegura que así se quedará los tres años que restan de legislatura.
Para los grupos de la oposición es un matiz importante, porque implica confrontar al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno “con sus errores y con sus malas decisiones”. La proposición de ley culminó todos sus trámites parlamentarios preceptivos, tras la aprobación del dictamen definitivo en la comisión de Fomento, donde se incluyeron algunas enmiendas parciales de PP y Vox. El texto fue remitido a la Mesa, órgano rector de la Cámara, que sólo debe elevarlo a Pleno para su debate y aprobación definitiva.
Y ahí se quedó parada la cosa cuando la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, telefoneó a Moreno el pasado septiembre y empezaron a negociar el acuerdo que ha culminado esta semana: la retirada de la ley andaluza que había puesto en el disparadero a España ante las autoridades europeas a cambio de un plan socioeconómico del Gobierno para Huelva, con una inversión extraordinaria de 350 millones de euros.
El pacto entre Gobierno y Junta se ha sellado esta semana -15 días después de la investidura de Pedro Sánchez- y su alcance político trasciende todo el embrollo que ha rodeado el Parque Nacional de Doñana. Es el primer gran acuerdo institucional entre el nuevo Ejecutivo de Sánchez y una comunidad gobernada por el PP, mientras la dirección nacional de este partido -y el propio Moreno- mantienen vivas las protestas en las calles contra la ley de amnistía pactada por el PSOE y los partidos independentistas catalanes. “La legislatura ya ha echado a andar, no hay marcha atrás”, ha admitido este martes el presidente andaluz.
Moreno también anunció, tras rubricar el documento del acuerdo junto a la vicepresidenta Ribera, que aquello suponía “la retirada definitiva de la ley”. En puridad no ha sido así, de momento. Para retirarla, uno de los dos grupos proponentes, PP y Vox (o los dos), debe solicitar a la Mesa que incluya la ley en el orden del día del siguiente Pleno de la Cámara, donde los grupos debatirían sobre el texto original y finalmente votarían. Esto implicaría que el PP tendría que defender el pacto con el Gobierno en detrimento de la norma que ellos habían impulsado junto a Vox, para finalmente votar en contra.
El portavoz de la Junta y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, ha confirmado este martes que “se dejará morir la ley”, esto es, que la fórmula elegida para cumplir el compromiso suscrito con el Gobierno central pasa por no retirar la ley ni abrir el debate final en el Pleno ni moverla de donde está. La norma decaerá cuando el presidente Moreno decida que la legislatura ha terminado, disuelva la Cámara y convoque elecciones, previsiblemente en 2026. Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguran a este periódico que el pacto con el Gobierno “no incluye el detalle de la fórmula para acabar con la ley”, pero insisten en que “la ley está muerta”.
El jefe de la oposición, el socialista Juan Espadas, no cree que Moreno vaya a dejar hibernar la ley de regadíos en la Mesa del Parlamento para usarlo como una espada de Damocles, dispuesto a reactivarla en caso de que el PP considere que se está incumpliendo el acuerdo suscrito. Sin embargo, Espadas sí ha instado a los populares a elevar su propia ley al Pleno para reabrir el debate y “defender lo contrario de lo que ha venido defendiendo hasta ahora”. “Debe explicaciones a este Parlamento por el bodrio de ley que han hecho”, dice.
La proposición de ley para regularizar cultivos de regadío en la corona norte de Doñana tiene dos proponentes -PP y Vox-. El primero se congratula del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transición Ecológica, que movilizará 1.400 millones de euros para la comarca onubense -14 municipios beneficiados- y ofrecerá hasta 100.000 euros por hectáreas a los agricultores que dejen de cultivar frutos rojos.
El grupo ultraderechista, en cambio, tiene otra interpretación: acepta que el acuerdo es válido para los agricultores, que refrendaron el pacto en una asamblea reunida el domingo, pero advierten de que “es una venta de humo”, “una tomadura de pelo” y que “a la larga perjudicará al campo andaluz”.
Sin embargo, Vox no ha dado muestras este martes de querer dar la batalla en solitario por la defensa de su proposición de ley y reiteradamente ha eludido aclarar si solicitarán que culmine su tramitación parlamentaria. El PP tiene mayoría absoluta en el Parlamento y puede impedirlo en la Mesa, sin considera que un debate final sobre la ley puede dañarle políticamente. Vox ha asegurado que el acuerdo entre el Gobierno y la Junta es “el mal menor”, y se ha resignado a apoyarlo “si ha convencido a los agricultores afectados”. Tanto Moreno como el PP y el grupo ultraderechista se han felicitado por haber impulsado y defendido la polémica ley porque, sin ella, dicen, el Gobierno “jamás habría cedido y negociado hasta alcanzar este acuerdo”.
El presidente andaluz y la vicepresidenta del Gobierno coincidirán el próximo día 30 en la cumbre contra el Cambio Climático en Dubai, adonde acudirán con un acuerdo que preserva el mayor humedal de Europa ante los ojos de todas las instituciones internacionales que alertaron sobre la ley de regadíos junto a Doñana: la Comisión Europea, la Unesco, la ONU y gran parte de la comunidad científica internacional.
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