El PP andaluz ultima una norma para regularizar 1.400 hectáreas que usan agua de Doñana de manera ilegal

La eterna –y complicada– búsqueda del equilibrio entre el Parque Nacional de Doñana y los agricultores de frutos rojos que cultivan con agua del acuífero va a sufrir una nueva convulsión con la proposición de ley que ultima el PP para llevarla al Parlamento andaluz. De salir adelante, esta iniciativa permitirá regularizar 1.400 hectáreas del entorno de Doñana que a día de hoy se riegan con agua de sus acuíferos de manera ilegal de acuerdo con la normativa vigente, un problema histórico en la zona del Condado de Huelva en el que desde hace décadas se entrelazan intereses medioambientales, económicos, políticos y sociales.

La proposición de ley todavía no se ha registrado en la Cámara andaluza, lo que no ha impedido que la organización ecológica WWF ponga el grito en el cielo al considerar que estamos ante una amnistía en toda regla de más del 85% de la actual superficie ilegal. De partida, y teniendo en cuenta que la legislatura enfila su recta final, la intención del PP es que la propuesta se apruebe por el procedimiento de lectura única para así aligerar los plazos, lo que requiere el acuerdo unánime de la Junta de Portavoces del Parlamento.

Una vez que se ha filtrado lo que de manera eufemística el texto describe como “armonizar la situación actual”, desde el PP se ha declinado valorar la propuesta. También se ha puesto de perfil la Consejería de Agricultura, que concentra asimismo las competencias en materia de medio ambiente, con el argumento de que es una propuesta que impulsa el PP… pese a que la consejera del ramo es Carmen Crespo, del PP.

Una norma aprobada en 2014

La nueva norma lo que pretende es enmendar algunos aspectos del Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, aprobado en 2014 por la Junta de Andalucía que presidía Susana Díaz (PSOE) y que venía a regular las zonas de regadíos ubicadas al norte del espacio natural en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana. Este documento estableció qué suelos podían tener un uso agrícola (sobre todo para frutos rojos) y cuáles tenían que dejar de serlo para recuperar su condición de terrenos forestales. En teoría se alcanzó un consenso que nunca fue tal, porque los cultivos han seguido creciendo, se tira cada vez más de los recursos hídricos de Doñana y hasta ha habido enfrentamientos cuando se ha procedido a cerrar pozos ilegales.

El plan especial se aprobó en 2014 pero imponiendo a la situación que tenían los suelos en 2004, básicamente porque habían pasado de uso forestal a agrícola sin los consiguientes derechos de agua. Ahora el PP con su proposición de ley quiere que se mantenga la situación que había en 2014, lo que salvaría a estas 1.400 hectáreas en las que se asientan unas 650 explotaciones agrícolas que, según sus cálculos, exportan por valor de unos 100 millones de euros.

Una Ley Forestal andaluza “restrictiva”

Asimismo, la norma que el PP quiere llevar al Parlamento plantea una modificación de la Ley Forestal andaluza al considerar que estableció un marco más estricto que el estatal y que si se impone “otra interpretación más genérica” se abre la puerta a la regularización de cultivos. La clave está en considerar estos suelos como “de base agrícola que limitadamente en el tiempo soportaron un cultivo forestal de ciclo corto”, considerando como tal especies cuyo turno sea inferior a 20 años.

En esencia, aunque sin decirlo explícitamente, se hace referencia a terrenos que históricamente fueron agrícolas pero luego se destinaron a plantar eucaliptos para obtener celulosa. De esta manera, se bendecirían los casos en los que los agricultores quitaron estos árboles para volver a cultivar, de hecho el PP defiende en su texto que durante la elaboración del plan especial de 2014 estos suelos tenían la consideración de agrícolas regables que perdieron por la “aplicación restrictiva” de la Ley Forestal andaluza, provocando la “indefensión” de los afectados.

“No hace peligrar el equilibrio existente”

Para los populares, todo ello ha dado lugar a “situaciones injustas” y “agravios comparativos”, además de insistir en que su propuesta “no rompe en modo alguno ni hace peligrar el equilibrio existente”. En la práctica, lo que se haría es conferir a estos suelos la condición de agrícolas regables, lo que –se asegura– “no confiere de forma automática el derecho al uso del agua, sea superficial o subterránea”... aunque sí permite a los propietarios aspirar a beneficiarse del reparto de recursos hídricos en el marco de la planificación hidrológica.

“Sin esta modificación, el único camino que le quedaría a los agricultores sería el cese de la actividad agrícola, el levantamiento de la misma y el consecuente abandono de tierras y de población que ello conllevaría”, se argumenta. Además, se insiste en que no provocará un efecto llamada porque lo que se hace es volver a la situación de 2014, y que “no existe mejor forma de proteger la zona” que reconocer el derecho al uso de agua superficial, ya que eso frenaría la proliferación de pozos ilegales que afectan al acuífero de Doñana.

WWF alerta de un “atentado ecológico”

Estos argumentos no son ni mucho menos compartidos por WWF, para quien con esta proposición de ley “se amnistiaría más del 85% de la superficie de regadío manifiestamente ilegal que amenaza Doñana”. “Supondría no sólo una burla a la sociedad española y a los organismos internacionales, sino uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de este espacio protegido”, además de implicar un “descrédito internacional incalculable para nuestro país y especialmente para la Junta de Andalucía y sus supuestos esfuerzos para salvar Doñana de la desecación”.

La organización ecologista, que avanza que “denunciará esta grave amenaza ante todos los organismos internacionales”, lamenta también que “esta amnistía unilateral a una minoría de ilegales” supone “un duro golpe y una competencia desleal para aquellos productores en Doñana que se esfuerzan por cumplir la ley”. Por ello, anuncia que “informará inmediatamente” a las grandes cadenas de supermercados y a los consumidores europeos para reclamarles públicamente que “tomen estrictas medidas de control para garantizar que las frutas procedentes de Huelva no contienen fresas o frutos rojos ilegales procedentes de esta amnistía”.

Con todo esto sobre la mesa, Adelante Andalucía ya ha avanzado que irá a los tribunales y a los organismos internacionales para “defender Doñana con uñas y dientes”, mientras Vox aplaude el paso que va a dar el PP (que atribuye a una proposición no de ley que presentó en octubre) y carga con dureza contra WWF por hablar de atentado ecológico. Un adelanto, en definitiva, de la tormenta que va a desatar esta iniciativa si sale adelante.