PP y Ciudadanos están de acuerdo en eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones en cuanto constituyan un Gobierno conjunto en Andalucía, el primero tras 36 años del PSOE en el poder. Pero aún no han pactado dónde poner el listón de la regeneración democrática, es decir: en qué momento debe dimitir un político que ocupa un cargo público si es salpicado por un caso de corrupción.
El lunes, el portavoz de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín, anunció que las “discrepancias” sobre este bloque del acuerdo habían hecho encallar la negociación. Para la formación de Albert Rivera el listón de regeneración democrática está muy alto: si la Justicia imputa a un representante público por un delito relacionado con la corrupción, debe abandonar su puesto de inmediato. El PP, en cambio, quiere rebajar ese listón a la apertura de juicio oral, un momento procesal posterior a la imputación (cuando el juez confirma los cargos una vez ha tomado testimonio al acusado). Esta discrepancia tiene atrancada la negociación para la formación del Gobierno andaluz, y no es una cuestión menor ni gramatical.
Si Cs acepta bajar un peldaño su nivel de permisividad en materia de regeneración, estará siendo menos exigente con el PP de lo que lo fue con el PSOE en la pasada legislatura. Si el PP andaluz se somete al listón de Cs, se expone a que muchos de sus dirigentes envueltos en causas judiciales abiertas tengan que abandonar sus puestos en cuanto el juez les impute un delito de corrupción. Incluido el propio Juanma Moreno, líder del partido y virtual presidente del nuevo “Gobierno de cambio” en Andalucía, salpicado indirectamente por el caso Bárcenas.
Moreno fue señalado durante la pasada campaña electoral por el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla. Éste declaró ante el juez que en noviembre de 2005 advirtió al hoy líder del PP andaluz de que el ex tesorero del partido Luis Bárcenas le estaba presionando para que concediera contratos a Constructora Hispánica, una empresa de Alfonso García Pozuelo, a cambio de dinero. En aquella época, Moreno era responsable de Política Autonómica y Local en la Ejecutiva nacional del PP. La denuncia del Albondiguilla es extemporánea y, además no aparece en el sumario del caso Gürtel. El dirigente andaluz lo negó rotundamente y anunció “una querella criminal por falso testimonio” contra González Panero.
Según fuentes del PP andaluz, la querella fue presentada en un juzgado de Madrid en plena campaña electoral, pero aún no ha sido admitida a trámite “a falta de un poder notarial”. En todo caso, en el partido están “absolutamente tranquilos” con este asunto, convencidos de que Juanma Moreno “no será imputado en ningún caso”, y que si el juez le llama a declarar (IU lo ha solicitado) “lo hará en calidad de testigo”. En cambio el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, vertió dudas sobre el dirigente del PP andaluz en una reciente visita a Sevilla, donde apostó a las claras por Marín como número uno. “Yo quiero que el Gobierno de cambio en Andalucía lo encabece alguien limpio de corrupción. Imagínese que Moreno es presidente y luego le imputan por el caso Bárcenas y tiene que ir a declarar a los juzgados. O que su partido vuelve a ser condenado por corrupción”, subraya.
El de Moreno es el caso más improbable, pero no es el único. El listón que pacten PP y Cs para el Gobierno andaluz será extrapolable a todos los ayuntamientos en las próximas elecciones municipales, y también marcará una pauta para el resto de autonómicas y generales. Los naranjas destacan el caso del Ayuntamiento malagueño de Mijas, donde forzaron la dimisión del ex alcalde del PP, imputado por varios casos de corrupción, pero al que el partido ha vuelto a elegir como candidato para las municipales. “Si se aprueba nuestra redacción del acuerdo, tendría que renunciar a esa candidatura”, dicen desde la formación de Marín.
La “puñalada” a Chaves y a Griñán
Los de Albert Rivera, sostén del último Gobierno de Susana Díaz en Andalucía y de Cristina Cifuentes en Madrid, abanderan la causa de la regeneración democrática contra los dos grandes partidos, y no quieren visibilidar una posición menos firme con el PP que con el PSOE. La legislatura anterior no echó a andar hasta que Susana Díaz precipitó la caída de los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que el Tribunal Supremo había llamado en calidad de imputados por el caso ERE. En ese momento, el código ético del PSOE fijaba la línea roja contra la corrupción en la apertura de juicio oral, y Chaves y Griñán aún no habían declarado ante el juez. Díaz se saltó ese código ético porque Ciudadanos le dio un ultimátum y porque estaba en juego su investidura. Lo anunció públicamente ante los medios de comunicación de espaldas al secretario general de su partido, Pedro Sánchez, y sin avisar antes a los dos afectados.
Después del anuncio, la líder del PSOE andaluz telefoneó a Chaves para explicarle su decisión de precipitar su salida del Congreso y la de Griñán del Senado, pero el ex presidente andaluz no aceptó las disculpas. “Me dejas al pie de los caballos. Tus declaraciones eran innecesarias, ahora has puesto el punto de atención sobre nosotros y esto va a ser un escándalo», le dijo por teléfono. Chaves llamó luego a Griñán para ponerle sobre aviso: ”Pepe, Susana nos ha matado. Es como si nos hubiese clavado un puñal“, le dijo, según la conversación recogida por el periodista de Canal Sur Manuel Pérez Alcázar en su libro Delfines y Tiburones, la lucha por el poder en el PSOE (editorial Almuzara).
Aforamientos y altos cargos
El lunes, tras una segunda reunión de dos horas al más alto nivel entre PP y Cs, la negociación quedó en punto muerto y los naranjas anunciaron que se apurará el diálogo hasta la fecha límite, el próximo 26 de diciembre (el 27 se constituye el Parlamento andaluz). El principal escollo está en el reparto de los siete miembros del órgano de gobierno de la Cámara. Los populares no tienen recelos a garantizarse el control de la Mesa con el apoyo de Vox, y los naranjas confían en convencer al PSOE para que se abstenga y así evitar su dependencia de los votos de extrema derecha.
Pero en el programa político del futuro Gobierno también saltan chispas. Marín habló de división con el PP respecto a cuándo y cómo eliminar los aforamientos, y resultó ser la misma disputa que enfrentó a Cs con el PSOE y precipitó la ruptura del pacto en la pasada investidura: los naranjas quieren que el Parlamento andaluz elimine los aforamientos -como se ha hecho en Canarias o en Murcia (con la connivencia del PP)-, pero los populares quieren evitar que haya comunidades con inmunidad parlamentaria y otras sin ella, y piden abordar esta reforma para toda España, subiéndose a un debate que ya ha propuesto el Gobierno de Sánchez.
Marín también mencionó las discrepancias con el PP respecto a la urgencia por reformar la ley electoral andaluza, la limitación de mandatos a ocho años, la protección de empleados públicos que testifiquen en casos de corrupción o la revisión de la designación a dedo de altos cargos de la Junta. Sin embargo, el partido de Juanma Moreno no está cerrado en banda a abordar estas reformas. Los populares, de hecho, han registrado en el Parlamento sendas propuestas de ley para limitar el mandato del presidente de la Junta y los consejeros.
En realidad, la clave de bóveda de las discrepancias entre PP y Cs en materia de regeneración democrática está en otro punto, mucho más controvertido, sobre el que Marín evitó ser explícito ante los periodistas tras su reunión de dos horas con Moreno: ¿Cuál será la línea roja del próximo Gobierno andaluz en tolerancia con la corrupción? “Hay discrepancias, porque el PP no está conforme con la terminología que usamos en el acuerdo”, dijo. Todo es una cuestión de lenguaje, es decir, de política.
El código ético del PP
Los estatutos del PP son ambiguos. No prohíben acceder a ningún cargo a personas imputadas, pero sí les piden que suscriban una serie de compromisos antes de acceder al mismo. El primero es “observar la máxima ejemplaridad, rigor y exigencia en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y el servicio a los ciudadanos, y absteniéndose de cualquier conducta que, aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen”. Deberán ser, por tanto, los órganos internos del partido los que, ante la posible imputación de uno de sus miembros, determinen si esa situación procesal es compatible con la ejemplaridad exigida a un aspirante a su máximo cargo interno.
Además, los candidatos a ocupar cualquier cargo del PP deben presentar una declaración jurada de que, “en el momento de suscribir el compromiso” con el partido, “no existe ninguna causa jurídica que le inhabilite para ser candidato, ni concurre situación alguna de conflicto de intereses con el ejercicio de su función”. No especifican si una posible imputación entraría dentro de esa causa inhabilitante, por lo que quedaría al albur del partido decidir si un miembro del PP puede o no ser presidente si finalmente es citado a declarar como investigado.