“Esta reforma fiscal justifica toda una legislatura”. El Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía tiene previsto aprobar, antes de que termine el año y en paralelo a los Presupuestos Autonómicos de 2022, una ley que transformará todo el sistema tributario andaluz. Se bajarán todos los impuestos autonómicos, aunque la memoria económica que acompaña al texto habla de una caída total de ingresos de 329 millones de euros, es decir, apenas un 2% de la recaudación fiscal de Andalucía el año pasado (15.975 euros).
No es el BMI, las siglas de la Bajada Masiva de Impuestos con las que el hoy presidente Juan Manuel Moreno Bonilla hizo campaña electoral en 2018, pero sí introduce una “cultura fiscal” distinta, con bonificaciones tanto para las clases medias como para las rentas más altas, y que apunta en la dirección opuesta a la reforma fiscal que trabaja el Gobierno de Pedro Sánchez, más partidario de subir los impuestos a los que más tienen.
La proposición de ley registrada este martes en el Parlamento a dos bandas -PP y Cs firman un texto y PP y Vox firman el mismo, pero por separado- nace de la negociación y el pacto previo de las tres formaciones de derechas que sostienen al Ejecutivo de Moreno Bonilla. Y tiene dos patas: por un lado, la bajada progresiva de los impuestos autonómicos: IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y las tasas al juego para casinos, bingos y casas de apuestas, y al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
La rebaja que afectará a más andaluces -3,7 millones de contribuyentes- será la del tramo autonómico del IRPF, que beneficiará a todos las escalas de renta, incluidas el tramo máximo, de rentas superiores a 120.000 euros. La Consejería de Hacienda, que dirige Juan Bravo, redactó un documento anexo a la ley titulado: “Ejemplos prácticos de las medidas incluidas en la nueva Ley de Tributos Cedidos”. En él aparece “una nueva escala” para “contribuyentes que en 2020 hayan tenido un rendimiento neto reducido de 333.000 euros” (un supuesto residual en Andalucía, con una renta media inferior a la nacional y un millón de parados).
Pero el ejemplo no busca identificar al contribuyente rico de Andalucía, sino “incentivar el traslado fiscal desde otras comunidades”. Según este supuesto, una persona con un rendimiento neto de 333.000 euros pagaría más IRPF por la cuota estatal (actualmente 69.398,5 euros, pero “está prevista una subida hasta los 71.035,75 euros”), mientras que la cuota autonómica bajaría de los 73.725,7 euros actuales, a los 69.398,5 euros: un ahorro de 4.327,2 euros. Fuentes de Hacienda aseguran a este periódico que este dossier con “ejemplos prácticos de la ley”, con el sello de la consejería, es “un documento de trabajo” previo a la redacción final de la norma. Y que por tanto “no es válido”.
El mismo dossier habla de una deducción en el IRPF de hasta 300 euros para las familias que matriculen a su hijo en un bachillerato privado. En Andalucía los institutos privados de bachillerato son “residuales”, según la Consejería de Educación, representan el 4,5% del total, y en ellos estudian 81.755 alumnos. El texto de la proposición de ley no menciona los beneficios fiscales para el bachillerato, pero sí recoge una deducción de hasta 150 euros por matricular a un hijo en una academia privada de idiomas o de informática.
Lo que sí recoge el borrador de la proposición de ley es que “el incremento de las bases imponibles para las deducciones de 19.000 euros en tributación individual a 25.000 y de 24.000 a 30.000 en tributación conjunta hace que, más de 400.000 contribuyentes puedan acceder de forma adiciona a esas medidas, lo que supone un incremento de un 18% con respecto a la normativa vigente”.
El mayor peso en el capítulo de bajada de impuestos autonómicos lo acapara el gravamen sobre la compraventa de un inmueble, que pasan del tipo 8, 9 y 10% al tipo único del 7%. También se reduce el tipo general para los documentos notariales (Actos Jurídicos Documentados) del 1,5% al 1,2%. Ambas medidas buscan reactivar el mercado inmobiliario y la construcción de viviendas. De los 329 millones de euros de coste fiscal que implica toda la reforma legal, sólo la reducción de este gravamen -enfocado a dinamizar el mercado inmobiliario- representan 254 millones, el 77% (275.000 beneficiarios potenciales). La rebaja del IRPF, pese a afectar a 3,7 millones de contribuyentes, apenas tienen un impacto real de caída de ingresos -31 millones de euros-, porque muchos de los supuestos beneficiarios aún no existen (se trata de captar inversión exterior y más contribuyentes).
Los portavoces de PP y Vox -Ciudadanos anuló su comparecencia a última hora- explicaron este martes que el agujero en las arcas públicas por la caída de ingresos -un 2% de la recaudación de 2020- será compensado “con creces” por la actividad económica y la inversión que generará la propia reforma fiscal, al dejar más dinero en el bolsillo de los andaluces, contribuyendo así a un mayor consumo (la llamada curva de Laffer: relación directa entre presión fiscal y recaudación). La previsión es recaudar “mil millones euros más”.
Los 31 millones restantes salen de la segunda pata de la reforma, las deducciones fiscales asociadas al Impuesto de la Renta de Personas Físicas (IRPF) que abarcan una tipología muy diversa: más deducciones por tener hijos (fomento a la natalidad en un momento de caída progresiva de los nacimientos); deducciones para jóvenes por la compra y alquiler de la vivienda habitual; para familias que matriculen a sus hijos en academias privadas de idiomas e informática; para víctimas de terrorismo y de la violencia de género -aunque Vox ha exigido cambiar este concepto en el documento por el de “violencia doméstica”-; para familias monoparentales, numerosas y con dependientes a su cargo; para quienes compren una vivienda y se muden a municipios en riesgo de despoblación (de menos de 3.000 habitantes, unos 400 pueblos en Andalucía); para quienes hagan una donación de carácter ecológico; para quienes compren una bicicleta u otros vehículos no contaminantes...
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