PP, Cs, Vox y Unidas Podemos imputan a Chaves y tres ex consejeros de Empleo el “uso clientelar” de una fundación

Los cinco grupos parlamentarios han registrado este jueves sus dictámenes con las conclusiones de los tres años que ha durado la comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), órgano adscrito a la Consejería de Empleo durante los años de gobiernos del PSOE en Andalucía. Todos, excepto el PSOE, coinciden en denunciar los “gravísimos desmanes” de los responsables de la Faffe, con un dinero público que debía servir para “proteger a los trabajadores”, en lugar de “perpetuar una red clientelar”.

El objetivo de la comisión era dirimir las posibles responsabilidades políticas sobre la mala gestión en el uso de fondos públicos destinados a la formación de los parados andaluces, un asunto que también se está investigando en los tribunales. Los tres partidos de derechas que sostienen al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno -PP, Ciudadanos y Vox- denuncian que la Faffe era una “agencia de colocación y enchufismo” para familiares y amigos del PSOE, que durante años otorgó subvenciones a personas y entidades afines a los socialistas. Probablemente el asunto más llamativo es que su director, Fernando Villén, está imputado por haber gastado 32.000 euros de fondos públicos usando una tarjeta de crédito de dicha fundación en cinco prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz.

El PSOE elude cualquier responsabilidad y Unidas Podemos circunscribe las “irregularidades directas” al ámbito de la Consejería de Empleo. Pero ambos partidos de izquierdas coinciden al acusar a PP y Cs de haber usado la comisión de investigación como un arma política contra ex cargos socialistas, con la connivencia del Gobierno de Moreno y la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs). Los dos denuncian a los partidos de derechas de haber acompasado el ritmo de la investigación y las comparecencias de los responsables socialistas con las campañas electorales de 2019, y de haber dilatado los trabajos durante tres años, para que el dictamen final de la Cámara finalice a las puertas de las próximas elecciones andaluzas, previstas por el presidente para junio u octubre.

Con esta estrategia, dicen, el PP quiere recuperar la corrupción como vehículo motor de su próxima campaña electoral, como ya hiciera Javier Arenas con cierto éxito en las autonómicas de 2012 (por primera vez ganó, pero una coalición PSOE-IU le impidió gobernar).

Las conclusiones en los dictámenes de los cinco partidos son dispares, pero existe un cierto grado de coincidencia en los informes presentados por PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox: todos exigen responsabilidades políticas al ex presidente andaluz, Manuel Chaves, como principal promotor de los “desmanes” de la Faffe, pues fue bajo su mandato cuando se constituye y empieza a operar la citada fundación. También señalan como responsables a toda la cúpula de la Consejería de Empleo, encabezada por los tres consejeros que dirigieron este departamento entre 2000 y 2012: José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio.

Tanto Chaves como los tres ex consejeros de Empleo ya fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la pieza política del fraude de los ERE. El ex presidente está condenado por prevaricación, y el resto también por delitos de malversación de fondos y cohecho, penados con cárcel. Todos ellos están pendientes del recurso interpuesto ante el Supremo, que podría resolver antes de verano. No obstante, aunque el dictamen final de la comisión parlamentaria concluya que fueron responsables políticos de las irregularidades en la Faffe, lo cierto es que ninguno de ellos ostenta un cargo público, ni siquiera son ya militantes del PSOE.

Enchufismo y prostíbulos

“La Faffe representa el manual de la corrupción socialista de los gobiernos de Andalucía”, ha dicho este jueves la diputada popular, Ana Vanessa García, que ha denunciado una “red clientelar de enchufados socialistas”, “malversación de dinero público” y “corrupción política de alto voltaje”. Con idéntico énfasis, la portavoz de Cs, Teresa Pardo, ha asegurado que “la Faffe ha sido el mayor caso de corrupción, el más inmoral y el más indecente de la historia de la democracia”.

El PSOE es el único grupo que elude señalar a ningún responsable político y defiende que la Faffe funcionó en todo momento acorde a la ley, avalada por los interventores de la Junta y por auditores públicos y privados. Su dictamen sí cuestiona el proceder de Villén y el caso de las tarjetas de crédito en los prostíbulos, pero habla de un “acto individual, que no puede repercutir en todos los gobiernos socialistas”. “Si esto fue así, es repugnante, y quien lo haga, que lo pague. Pero son actos individuales y el reproche penal y político también lo son”, ha matizado la diputada Soledad Pérez.

Unidas Podemos se apartó de la comisión hace meses, tras “constatar que la única intencionalidad de mantener la comisión viva el mayor tiempo posible era prolongar el escarnio público del adversario político bajo foco mediático, hasta lograr su aniquilación”. “Sólo desde ese ángulo se explica los aplazamientos innecesarios de los trabajos, el orden de los comparecientes, primero técnicos y luego políticos, las retransmisiones en directo en la radio y televisión público, y hacer coincidir el final de los trabajos con la intensificación de los tambores del adelanto electoral”, advierte su portavoz Inmaculada Nieto. Unidas Podemos señala como responsables políticos a Chaves y a todo el organigrama de la Consejería de Empleo entre 2002 y 2012.

Montero y Susana Díaz

En conjunto, PP, Cs y Vox culpabilizan a los ex presidentes Chaves y José Antonio Griñán y hasta ocho ex consejeros socialistas, con especial énfasis a María Jesús Montero, hoy ministra de Hacienda, a la que la presidenta de la Cámara denunció infructuosamente ante la Fiscalía por negarse a comparecer ante la comisión. El Ministerio Público advirtió a Bosquet de que un Parlamento autonómico carecía de competencias para citar a declarar a un miembro del Gobierno central, como le había recordado Montero alegando un informe de la Abogacía del Estado. El fiscal, además, le recordó a Bosquet que ya hubo un antecedente en la Cámara andaluza, cuando la ex ministra Fátima Báñez eludió la comisión de los cursos de formación por las mismas razones que esgrimió Montero.

El bloque conservador también señala a los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo [Hacienda], Antonio Ávila [Presidencia], José Sánchez Maldonado y Javier Carnero [Empleo]. Excepto Carnero, que sigue de diputado en el Parlamento andaluz, el resto no ostenta ninguna responsabilidad política.

Las irregularidades de la Faffe están siendo investigadas por los tribunales en una pieza principal y en otra desgajada que investiga el uso de dinero público en prostíbulos. Recientemente, la Guardia Civil ha citado como investigados a 84 empleados de la fundación, incluida la pareja del líder socialista, Juan Espadas. Sin embargo, ninguno de los ex miembros del Gobierno del PSOE anteriormente mencionados ha sido aún imputado por los jueces. Sí lo está, el ex director de la fundación, al que también señalan todos los partidos en la comisión parlamentaria. Villén era quien autorizaba los contratos y los gastos de la fundación, y de él era la tarjeta de crédito que se usó en varios prostíbulos de Andalucía.

La atribución de responsabilidades políticas ha dividido a los socios de Gobierno. La coincidencia entre las conclusiones de PP y Cs se ha roto cuando los primeros han señalado como responsable a la ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, mientras los naranjas le eximen de cualquier culpa. Los populares le exigen que dimita y entregue el acta de senadora o bien que el líder actual del PSOE andaluz, Juan Espadas, fuerce su renuncia y la aparte del partido. Ciudadanos, que sostuvo el Gobierno de Díaz en la pasada legislatura, discrepan de sus actuales socios: “De Susana Díaz podemos decir que fue una pésima gestora, y que se encargó de parar los cursos de formación durante sus años de mandato. Pero no podemos achacarle responsabilidad política, porque cuando ella llegó, la Faffe ya se había integrado en el SAE”.

PP y Cs también discrepan respecto a los fondos pendientes de justificar de la fundación. Los populares cifran ese agujero en 115 millones de euros, mientras que los naranjas advierten de que “no saben de dónde sacan esa cifra”, y remiten a los tribunales para esclarecer si ese cálculo es o no acertado.

828 millones de euros

La Faffe se creó en 2003 y dispuso de un presupuesto de 828 millones de euros entre 2004 y 2010. Fue disuelta en 2011, cuando ya habían aflorado las primeras investigaciones judiciales por supuestas irregularidades, y su plantilla se integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde aún sigue. En total son 1.100 trabajadores, ahora en nómina del Gobierno de PP, que sigue calificando a muchos de ellos de “enchufados”. La justicia ha determinado que la mayoría de ellos carece de potestad administrativa, esto es, no pueden desempeñar tareas exclusivas del personal funcionario, por ejemplo autorizar las ayudas de Empleo.

La comisión de investigación de la Faffe es la tercera que se crea en el Parlamento andaluz con el mismo telón de fondo: las irregularidades en la gestión del dinero público destinado a la formación de parados, un asunto también judicializado en diversas causas. La primera fue la comisión de los ERE, hace dos legislaturas, durante el Gobierno de coalición PSOE-IU, de la que ya ha habido condenas en el TSJA; y la segunda fue la comisión de los cursos de formación, que tuvo lugar en el último mandato, a instancias de Ciudadanos. En este caso, hasta el momento todas las causas judiciales se han archivado.

La investigación sobre la Faffe, sin embargo, es la primera que crea el Parlamento por petición expresa del Ejecutivo andaluz, ya en manos de PP y Cs, y aprobada en el primer Consejo de Gobierno presidido por Moreno. Los trabajos empiezan en marzo de 2019 y se han prolongado tres años. Según la oposición de izquierdas, porque PP y Cs han dilatado la tramitación para hacerla coincidir con las campañas electorales de aquel año: Chaves y Griñán fueron llamados a declarar el día de cierre de campaña de las generales de abril de 2019. La presidenta del Parlamento remitió su escrito a Fiscalía, acusando a Montero de un delito de incomparecencia ante la comisión, en fechas próximas a las generales de noviembre de ese mismo año.

En realidad, la comisión parlamentaria de la Faffe empezó a andar en la pasada legislatura, pero fue interrumpida a finales de 2018, cuando Susana Díaz adelantó las elecciones un año. Minutos antes, Moreno había arrancado su precampaña electoral citando a la prensa a las puertas de un prostíbulo (ya cerrado) de Sevilla, donde difundió el informe de la Guardia Civil que elevaba a 32.000 euros los gastos de la tarjeta de crédito del ex director de la Faffe “en prostitutas y alcohol”.

Una vez que los grupos han registrado sus conclusiones, es el turno del presidente de la comisión, el diputado de Cs Enrique Moreno, quien tiene 20 días para redactar el dictamen final, que posteriormente será debatido en comisión parlamentaria y podrá recibir las alegaciones de cada partido. De la comisión debe salir el dictamen definitivo, que será remitido al Pleno para su debate final y posterior aprobación. Todavía es pronto para saber cuándo tendrá lugar ese debate, pero el PSOE “augura que el presidente Moreno convocará las elecciones justo después de ese Pleno”, para volver a “acompasar” el dictamen con la campaña.

Por la comisión han pasado 60 comparecientes, aunque todos los ex cargos del PSOE inmersos en otros procesos judiciales eludieron responder a las preguntas para evitar inculparse. Casi el 40% de ellos, según el PP, compareció pero no respondió a las preguntas. Los socialistas intentaron que declararan los interventores de la Junta, los auditores de la Cámara de Cuentas y los técnicos de la Faffe, pero sus citaciones fueron rechazadas por PP y Cs.

En su dictamen final, de 95 páginas, el PSOE incluye entre sus recomendaciones que el Parlamento andaluz regule las comisiones de investigación para evitar que sus trabajos se solapen con las campañas electorales, y también con otros procesos judiciales en curso. Esto último habría imposibilitado la comisión parlamentaria del caso ERE, cuya instrucción se prolongó más de siete años, o la de los cursos de formación, o la comisión de investigación en el Congreso sobre la trama Gürtel, sobre la financiación ilegal del PP, impulsada por el propio PSOE.