En medio de un ambiente de adelanto electoral inminente, el presidente del PP andaluz y líder de la oposición, Juan Manuel Moreno, ha citado a la prensa de urgencia esta mañana ante el edificio del antiguo prostíbulo Don Ángelo, de Sevilla, escenario de uno de los casos judiciales y políticos más lesivos para el Gobierno andaluz. Un juzgado de Sevilla y una recién creada comisión parlamentaria investiga el gasto de 15.000 euros de fondos públicos en este club de alterne con cargo a una tarjeta de crédito de un ex directivo de la agenci pública de formación a parados Faffe, vinculada a la Consejería de Empleo.
Todos los miembros del Cosejo de Gobierno andaluz están este lunes diseminados por todas las provincias. Díaz se encuentra visitando los astilleros de Navantia, en Cádiz, mientras fuentes de su gabinete y del PSOE augura que la presidenta disolverá el Parlamento este martes y adelantará los comicios al 2 de diciembre. Otro sector de su entorno, en cambio, pronostica que las urnas no se abrirán hasta febrero. Este ambiente de incertidumbre y de casi histeria política y periodística lo impregna todo y ha logrado poner nerviosos tanto a los grupos de la oposición como a la prensa.
En este ambiente enrarecido, el PP andaluz ha enviado esta mañana una convocatoria extraordinaria citando a los periodistas frente a un edificio abandonado que antaño albergó el citado prostíbulo, muy cerca del estadio de fútbol Benito Villamarín, del Real Betis. El escenario elegido por Moreno es toda una declaración de intenciones. Los populares pretenden calentar la precampaña electoral denunciando un caso que la propia Junta ha tildado de “repugnante y asqueroso”, y que daña la imagen de la presidenta Susana Díaz y del PSOE, aunque los hechos ocurrieran en 2010, mucho antes de que Díaz formara parte del Ejecutivo.
El Gobierno andaluz -también el PP- está personado como acusación particular en una causa judicial que investiga, entre otras cosas, el gasto de dinero público en un prostíbulo de Sevilla con cargo a la tarjeta de crédito de un antiguo directivo de la ya extinta Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe). La investigación judicial es una pieza separada de otra macrocausa -el supuesto fraude en los cursos de formación a parados- que gira en torno a la Faffe y al que fuera uno de sus directivos en el año 2010, Fernando Villén, un socialista muy conocido en el partido y en la Junta.
El 22 de marzo de 2010, Villén usó una tarjeta MasterCard asociada a la Faffe en un prostíbulo de Sevilla -Don Angelo- para realizar 15 pagos sucesivos en menos de seis horas por valor de 14.737 euros. En los extractos que se han hecho públicos aparecen facturas de 310 euros y de 1.470 euros. Esto ocurrió el mismo día en el que estaba siendo remodelado el Gobierno andaluz y acababa de cesar el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, responsable político de la Faffe. Los pagos de aquel día no constan en la contabilidad de la tarjeta porque fueron anulados por el portador a la mañana siguiente de la fiesta en el club de alterne. Alguien se encargó de volver al local y abonar en efectivo. Pero los movimientos bancarios de esos casi 15.000 euros sí quedaron grabados.
El caso de la tarjeta de crédito de la Junta en un prostíbulo de Sevilla ha sido una de las herramientas de oposición más duras que ha usado el PP, una denuncia que le ha permitido retomar la iniciativa frente al avance de Ciudadanos. Los populares han logrado embarcar al resto de formaciones políticas a una comisión de investigación en el Parlamento, que se constituyó hace pocos días, pero que por falta de acuerdo entre los grupos de la oposicón, finalmente preside el mismo partido que está siendo investigado: el PSOE. Con este caso, el PP no sólo cuestiona el uso irregular de fondos públicos por parte de la Junta de Andalucía -con reminiscencias al fraude de los ERE o al de formación-. El lema más beligerante de los populares es el que acusa a Díaz de formar parte de un Gobierno que “ha utilizado el dinero de los andaluces en alcohol y prostitutas”.
En el sumario de la investigación aparecen las declaraciones, como testigo, del dueño del prostíbulo, que señalan directamente a Villén. La jueza que instruye el caso, María Núñez Bolaños, tomará declaración al ex directivo de la Faffe este próximo jueves. El PP hizo pública parte de su declaración judicial y empezó a denunciar -aún sin pruebas documentales- el uso irregular de la tarjeta de crédito en un prostíbulo. Acto seguido, y a petición de la jueza Núñez, la Consejería de Empleo inició una investigación interna sobre la tarjeta. Al no encontrar nada sospechoso en la contabilidad, solicitó los extractos de gasto de la tarjeta a la entidad bancaria responsable (Unicaja) y así se descubrió el desembolso de los casi 15.000 euros en un club de alterne entre las 20.57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 2.43 horas del día siguiente. La documentación se puso en conocimiento del gabinete jurídico de la Junta que, el pasado 1 de junio, la remitió a la magistrada.
Existía una segunda tarjeta de crédito asociada a la Faffe y en posesión de Villén, en este caso contratada con la Caja San Fernando (hoy La Caixa). La Consejería de Empleo también ha solicitado reiteradamente los extractos bancarios a esta entidad -el mismo día que se lo requirió a Unicaja y una vez más el pasado 24 de julio- pero su titular, el consejero Javier Carnero, asegura que el banco le niega dicha información. Carnero ha comparecido hasta en cinco ocasiones en el Parlamento para dar explicaciones sobre este caso, aunque se ha negado a aportar los datos que le reclama la oposición, argumentando que es información reservada del sumaria y, por tanto, está protegida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Carnero sí explicó en la Cámara que, más allá de esos 15.000 euros, su departamento ha detectado otro movimiento sospechoso en la contabilidad de esta segunda tarjeta: devoluciones por un importe de 23.000 euros entre los años 2004 y 2008, que la Junta entiende eran para “compensar” el gasto que hizo Villén en “temas personales” con cargo a la tarjeta de crédito que tenía a su disposición exclusivamente para gastos relacionados con su trabajo. La Junta admite que “desconoce” el uso que se hizo de esos 23.000 euros de fondos públicos, que luego fueron repuestos.