El PP incorpora a última hora la oferta académica de dos nuevas universidades privadas para 'salvar' su aprobación

El Grupo Parlamentario Popular de Andalucía se ha autoenmendado para sacar adelante el inminente reconocimiento de dos nuevas universidades privadas en la comunidad autónoma (la CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo -UTAMED-), cuya creación definitiva será aprobada próximamente en el Pleno. A través de tres enmiendas a cada proyecto de ley, cuyos dictámenes han sido aprobados este martes en la Comisión de Universidad, los populares han incorporado como modificaciones la oferta académica de cada proyecto, cuyo informe de la ponencia ha salido adelante con los votos a favor de los doce diputados de PP-A y Vox, y el rechazo de los seis representantes de PSOE-A y Por Andalucía.

En virtud de estas enmiendas, la Universidad CEU Fernando III 'suma' tres grados y dos programas de doctorado a la oferta académica inicial que contemplaba el anexo de su proyecto de ley, mientras que la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo ha añadido “de la noche a la mañana” once grados, ocho másteres y dos programas de doctorado. Así lo consideran fuentes sindicales, que consideran que la inclusión de programas de doctorado y másteres obedece a que en el PP “son conscientes que los proyectos de universidad no cumplen con la legislación vigente”. “Han intentado en el último momento arreglar la situación”, que “tampoco se sostiene porque no se pueden crear másteres y programas de doctorado de la noche a la mañana”.

No solo lo dicen esas fuentes conocedoras de todo el proceso, que se preguntan “dónde está la infraestructura y personal que soporten esos másteres y doctorados”, sino también los partidos de la oposición y los rectores de las universidades públicas andaluzas. “Nuestra postura es clara: no se deberían tramitar porque no cumplen con los requisitos mínimos”, ha dicho tajante este mismo martes el rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva.

Régimen jurídico aplicable

Ya el pasado mes de julio los rectores de las universidades públicas pusieron de manifiesto las razones jurídicas de fondo para oponerse a la tramitación de estas dos universidades, principalmente respecto al régimen jurídico aplicable. Dijeron ya entonces que habría que aplicarles, según el dictamen del Consejo de Estado, el Real Decreto 640/2021 sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades, teniendo que cumplir los requisitos de oferta académica --diez títulos oficiales de grado, seis títulos de máster y dos programas oficiales de doctorado-- y ninguna los cumple“. Las enmiendas del PP aceptadas ahora señalan respecto a la Fernando III que ”la oferta académica inicial consta de diez grados, seis másteres y dos programas de doctorado“, y respecto a la Utamed que ”la oferta académica inicial consta de once grados, ocho másteres y dos programas de doctorado“.

Durante la comisión, la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez, que ya amenazó en el trámite parlamentario con recurrir al Tribunal Constitucional las leyes de creación de ambas universidades, expuso este martes que éstas “incumplen los requisitos legales establecidos, ni los estatales ni los de la Ley de Andalucía de Universidades”, y que “estamos ante un fraude claro de ley”. La también profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, cuyo grupo ha dado “un no rotundo” al informe definitivo de la ponencia, ha defendido que “no se trata de un problema de interpretación” de las leyes ni de un “desacuerdo político” sino que “se está abriendo la puerta a dos universidades que no cumplen los requisitos legales”. “Se está obligando al Parlamento a aprobar un fraude de ley”, ha enfatizado.

Un 5% del presupuesto dedicado a investigación

Otra de las enmiendas aceptada por la comisión parlamentaria añade en el articulado de ambos proyectos de ley, aprobados a finales del pasado mes de mayo, que “en el caso de los másteres habilitantes, la implantación se regirá por lo dispuesto en el Decreto 154/2023, de 27 de junio, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía”, en vigor desde el pasado mes de julio. La tercera enmienda aceptada señala que la memoria anual que comprenda las actividades docentes que en ambas universidades se realicen se incluirá “la inversión que se realiza en I+D+i, en relación con las titulaciones que se impartan”, lo cual tendría que ver con una de las objeciones de los rectores y de la oposición respecto a que ambos proyectos de ley tendrían que cumplir actividad investigadora y de transferencia, concretamente un 5% del presupuesto dedicado a programas de investigación. Una obligación que no estaba contemplada en los proyectos de ley antes de las enmiendas del PP.

El PSOE-A, en palabras del diputado Antonio Ruiz, ha votado en contra de los cambios introducidos en las enmiendas del PP porque “aunque se mejora el proyecto inicial, el procedimiento nos parece anómalo y precipitado”. “El papel lo aguanta todo, sobre todo cuando se trata de un exiguo párrafo de una enmienda. Un programa de doctorado, por el contrario, se merece de una descripción en la memoria inicial del proyecto académico en la que se detalle profesorado, temática e infraestructuras”, ha expuesto.

“La tramitación de estos proyectos de ley son, sin duda, uno de los mayores despropósitos legislativos de estos últimos años en el Parlamento pues se tramita una ley en base a un Real Decreto extinto [420/2015] , diseñado por el exministro Wert, y que es un auténtico coladero para universidades privadas de baja calidad. Señorías, se ha querido dar luz verde a una universidad sin un solo programa de doctorado, y a otra, con tres informes negativos elaborados por especialistas”, ha añadido el socialista. “¿Propusieron las dos universidades el cambio simultáneamente? ¿Fue el consejero el que las obligó a proponer los programas de doctorado? ¿Cómo decidieron las temáticas de los programas en tan poco tiempo y sin un estudio previo? Probablemente, nunca lo sabremos”, ha concluido Ruiz.

El diputado del PP Antonio Castilla, por su parte, ha defendido que las enmiendas “las ha presentado por el PP, no la Consejería ni el consejero”, criticando la “obsesión enfermiza” de la oposición en ese sentido y defendiendo que los proyectos de ley vienen “respaldados por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía”.

Se da la circunstancia de que la Fernando III se llegó a crear formalmente en marzo de 2007 en el Parlamento de Andalucía pero nunca se puso en marcha. Por otra parte, la que podría ser la primera universidad privada online de Andalucía, la Utamed, se instalará en principio en la sede de la ex empresa del que fuera consejero de la Junta, el fallecido Javier Imbroda. Sus solicitudes fueron presentadas, respectivamente, en mayo de 2019 y en abril de 2020. A ambos proyectos, no sin sucesivas subsanaciones en el caso de la primera, solo les falta la aprobación en el Pleno del Parlamento, doce años después de que se aprobara la primera y única privada dentro del sistema universitario andaluz (la Universidad Loyola).

La nueva norma

Según explicaron ya en su momento los rectores, desde un principio la anterior Consejería competente en materia de universidades dijo que “había que aplicar el real decreto 420/2015 que no está en vigor desde el 17 de agosto del 2021” y se aplicaba, básicamente, porque en el nuevo Real Decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios “se decía que no tiene ningún tipo de disposición transitoria aplicable al caso”.

“En nuestra opinión esta interpretación es errónea porque claro que hay un régimen transitorio en el decreto 640/2021, el de la disposición transitoria primera”, es decir, “todo lo que no haya sido ni siquiera creado en el momento de entrada en vigor de este Real Decreto tendrá que someterse a la nueva norma”. Pero, destaca, “es que lo dice clarísimamente el Consejo de Estado, una vez que entre en vigor este Real Decreto, cualquier universidad que se cree o reconozca, no cuyo procedimiento se hubiera iniciado con anterioridad, se le aplica la nueva norma reglamentaria”.

Y, por otro lado, prosiguieron, “la segunda argumentación que se decía es que como no hay una norma jurídica transitoria que resuelva este problema tenemos que ir a la disposición transitoria tercera de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que dice efectivamente que se aplicaría la norma anterior”, pero, a juicio de los rectores, “no hay que recurrir a una disposición transitoria supletoria del régimen jurídico común de la administración pública cuando el problema está resuelto en la norma especial”.

El Gobierno andaluz ha explicado precisamente este martes que va a crear un Servicio de Inspección para las universidades privadas, diferenciado, por tanto, del sistema de control que rigen para las universidades públicas, aunque ha negado que “vayamos a aplicar criterios diferentes” y se ha reafirmado en que “los criterios de calidad serán los mismos”, informó Europa Press. “Las mismas reglas para todos porque estamos jugando a lo mismo”, argumentó en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, a preguntas de los periodistas sobre los recelos expresados por los rectores de las universidades públicos hacia los centros privados acerca de una exigencia menor.