La Junta de Andalucía se ha sumado a la petición de archivo de varias defensas en la macrocausa judicial por los avales y préstamos concedidos por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), iniciada por la jueza Mercedes Alaya en 2014. Su posición contrasta con la que mantiene como acusación popular el PP, uno de los partido que sustenta el actual Ejecutivo andaluz, que se opone al sobreseimiento de las actuaciones relativas a este caso, que los populares vienen utilizando como arma arrojadiza a la gestión socialista durante los años en que dirigía la administración autonómica.
Según ha adelantado este miércoles el Grupo Joly, la acusación particular que ejerce la Junta, en su condición de perjudicada por presunta prevaricación y malversación, ha enviado al juzgado que ahora dirige María Núñez Bolaños, un escrito donde respalda la solicitud de varias defensas y pide a la instructora que acuerde el archivo de las actuaciones, argumentando que no existen indicios de delito.
En el juzgado ya constan, en ese sentido, escritos presentados por el PP y por la Fiscalía donde apuestan por continuar la investigación, que se alarga ya cinco años, rechazando el sobreseimiento. La jueza debe decidir ahora qué resuelve tras la petición de archivo planteada por por tres ex altos cargos de la Junta investigados en esta macrocausa y que apoya la Junta, ahora en manos del PP y de Ciudadanos.
Entre los ex altos cargos de la Junta investigados, y que han panteado el archivo, está el exconsejero de Innovación Martín Soler y el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete. Este último destacaba en su escrito presentado hace apenas unas semanas que, “ante la constatación de inexistencia de infracción penal”, practicar más diligencias sería “improcedente” ya que cualquier otra actividad investigadora será “de manera indefectible, inquisitorial y prospectiva”.
La Junta, en todo caso, ha enviado a los medios una nota informaativa acerca de este caso en la que destaca que ha pedido que se investiguen los avales de la agencia IDEA a las empresas implicadas en los ERE, aclarando que se trata de “alegaciones” presentadas por su gabinete jurídico de la Junta de Andalucía ha presentado alegaciones contra la solicitud de sobreseimiento realizada por dos investigados y ha pedido “que se abran nuevas investigaciones de los avales a las empresas implicadas en el fraude de los ERE”.
Dichas alegaciones, ha explicado la Junta, “se han realizado partiendo de los indicios que se desprenden de las diligencias practicadas hasta el momento”, donde “se aprecian indicios de falseamiento en algunas solicitudes de avales”. “Por ello, se ha pedido a la Justicia que investigue en sede penal tales comportamientos, al objeto de depurar las responsabilidades correspondientes y sin perjuicio del riesgo que comporta para la investigación de tales hechos el tiempo transcurrido”, señala la Junta, pretendiendo “que la investigación se dirija al núcleo del presunto fraude”.
En esa línea, el portavoz parlamentario del PP andaluz, José Antonio Nieto, ha dicho en rueda de prensa al ser cuestionado por ello el apoyo al archivo obedece a “agilizar los procedimientos y que no se eternicen” y que las responsabilidades que puedan derivarse de este asunto y la devolución de los fondos “mal gestionados o que se hayan podido llevar corruptos”.
Nieto ha añadido que “lo que intentamos hacer desde la Junta y desde el PP-A es evitar que sigamos especulando y que sigamos en una tramitación eterna de expedientes que tienen que ver la luz de manera inmediata”. “En estos momentos había una serie de situaciones cruzadas en las que el mantenimiento de determinadas causas impedía la culminación de otras”, ha indicado.