El caso ERE fue difuminándose del debate parlamentario después de que el PP llegara al Gobierno de Andalucía, en 2018, tras 37 años ininterrumpidos del PSOE en el poder. Pero nunca se ha ido del todo. La última iniciativa registrada en el diario de sesiones es de septiembre de 2023, una pregunta oral de Vox al consejero de Justicia relativa a su gestión para lograr el reintegro del dinero defraudado.
El largo proceso judicial del caso ERE se cerró, tras diez años de instrucción, con la sentencia del Tribunal Supremo, que condenó en 2022 a toda la cúpula de gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán por prevaricación y malversación de fondos. El PP de Juan Manuel Moreno ha reabierto el caso este jueves en el Parlamento andaluz, con un discurso durísimo que ha refrescado los capítulos más duros de la sentencia -dinero público gastado en comilonas, prostitutas, alcohol-, y cuyo objetivo indisimulado era frenar en seco el intento del PSOE por redimirse ante la ciudadanía, una vez que el Tribunal Constitucional (TC) ha empezado a anular total o parcialmente las condenas a sus exdirigentes.
“¿Usted respeta o no las sentencias del TC?”, le había preguntado por la mañana el jefe de la oposición, el socialista Juan Espadas, a Moreno. El presidente no ha hecho una sola crítica al Constitucional desde que hace unas semanas empezó a rebajar las condenas de los exconsejeros condenados, pero miembros de su Gobierno y de su partido han cuestionado la legitimidad del tribunal de garantías, llegándolo a tildar de “instrumento de Moncloa”.
El PSOE sostiene que el caso ERE fue “un montaje” del PP, que ejerció como acusación particular, y le acusa de montar “una cacería política” contra los gobiernos socialistas sin la cual, dicen, “Moreno hoy no sería presidente”. “La estrategia que están llevando a cabo es absurda y ridícula”, le ha respondido el líder popular a Espadas. “Pregunten en un sondeo qué están pensando los andaluces sobre este asunto”.
Recuperar el pasado
La sentencia del Tribunal Supremo por el caso ERE parecía haber arrebatado definitivamente al PSOE lo que más fuerte le hacía: su pasado, sus referentes, su legado como primer constructor de la autonomía andaluza. Un legado de casi 40 años de políticas públicas que le sirviera de impulso para reivindicarse ante los ciudadanos y recuperar el favor de los votantes.
Durante los últimos seis años de instrucción del caso ERE y gobierno de Moreno, los socialistas andaluces en la oposición han andado cabizbajos, taciturnos, deprimidos, indignados, avergonzados, cabreados, sumidos, a la postre, en un hoyo del que no conseguían salir. Y si lo intentaban, el PP se apresuraba a darles con la tapadera de la alcantarilla en la cabeza, recordándoles que sus pecados no habían sido condonados aún, que su travesía en el desierto no había hecho más que empezar.
De eso iba la proposición no de ley de los populares, que ha defendido su secretario general y diputado, Antonio Repullo: “Deberían estar avergonzados y no orgullosos lo que ocurrió. Asuman su responsabilidad, no celebren la corrupción, no la maticen, regenérense, respétense a ustedes mismos”, le espetó a la bancada socialista.
Pero el escenario ha cambiado en las últimas semanas. El Constitucional ha rebajado las penas y ordenado la salida de prisión de algunos de los condenados por malversación. Los magistrados consideran que la instrucción de los ERE ha vulnerado los derechos fundamentales de los condenados -entre ellos la presunción de inocencia- y ha ordenado a la Audiencia Provincial de Sevilla y al Supremo que rehagan sus sentencias.
“Defender la Justicia”
Ese terremoto judicial ha tenido una sacudida inmediata en el Parlamento andaluz, donde el caso ERE ha vuelto a ocupar el diario de sesiones con una proposición no de ley del PP sobre la “defensa de la labor de las instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción”, entiéndase, una forma indisimulada de cerrar el paso a la resurrección política del PSOE, muy crecido tras los recientes fallos del Constitucional. La intervención de Repullo, de 20 minutos, fue un monográfico sobre los socialistas y la corrupción.
El encontronazo entre el PSOE y los populares vino precedido, 24 horas antes, de la ruptura del acuerdo que habían sellado hace siete meses para reformar la ley que regula el Consejo Consultivo de Andalucía, con una cláusula para beneficiar con una especie de pensión de 83.000 euros al año a los expresidentes de la Junta mayores de 75 años que optaran a un puesto de consejero permanente en dicho órgano.
Chaves y Griñán serían beneficiarios potenciales desde el momento que el TC anule sus condenas por prevaricación, que les inhabilitó durante nueve años para ocupar un cargo público, algo que se conocerá previsiblemente el próximo martes. El PP rompió in extremis su acuerdo y votó en contra de esa cláusula. “Son capaces de votar contra su propia ley a costa de seguir la cacería política”, le ha reprochado el diputado socialista Josele Aguilar.
Querellas en los tribunales
El escenario es de guerra abierta. El PSOE ha amenazado a los de Moreno con querellarse en los tribunales contra todo aquel que siga acusándoles de robar: al partido o a dirigentes concretos con nombres y apellidos. Ya han anunciado la primera denuncia contra Elías Bendodo, con un primer acto de conciliación que está tramitando un despacho de abogados. Los populares aseguran no tener miedo a las amenazas y plantean seguir atizando a sus rivales, pero el nuevo marco legal tiene sus riesgos. El enemigo está dispuesto a no dejar pasar ni una.
A última hora de la tarde de la larga y tensa sesión plenaria del miércoles, la diputada popular Beatriz Jurado señaló a la bancada socialista y, desde la tribuna del Parlamento, exclamó: “Ustedes robaron”. La portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, apeló al artículo 77.1 del reglamento, exigiendo a Jurado que retirase sus palabras del diario de sesiones o que aclarara, “con nombres y apellidos”, a quiénes de los 30 diputados socialistas se refería. Jurado retiró sus palabras, y matizó que hablaba “de los exdirigentes socialistas condenados por los ERE”.
El Parlamento ha aprobado la iniciativa del PP sólo con sus votos, con el rechazo de las izquierdas y también de Vox, que a esas horas estaba ultimando la ruptura de sus gobiernos de coalición con los populares en cinco comunidades autónomas y un buen puñado de ayuntamientos. Mal día para hacer frente común contra el PSOE, algo que es habitual en las sesiones de control.
El discurso contra los socialistas lo ha defendido Repullo, que no es un político de cuchillo en la boca y brocha gorda. Sus palabras han sido duras, pero bajo el control del reglamento de la Cámara, han estado lejos de los dardos que otros dirigentes populares han lanzado ante la prensa estos últimos días. “Por supuesto que acatamos la sentencia, pero la criticamos. Podemos opinar. El Constitucional lo que ha accedido es a que se alivien las penas de algunos, no manipulen: ni los declaran inocentes, ni niegan los delitos. Los delitos existen, la pena existe, y algunos siguen en prisión”, ha dicho.
El número dos del PP andaluz ha vuelto a tildar los ERE como “el mayor caso de corrupción de la historia”, aunque no ha cuantificado el fraude en los 680 millones de euros que engloban el fondo del que salieron las ayudas irregulares -y las regulares-. “Los hechos son únicos para todo: los responsables del PSOE mintieron, robaron, fueron juzgados y fueron condenados, todo lo demás es delirio y una gestión de la culpa muy mal llevada”.
“Sí, hubo fraude, lo digo”
“¿Que hubo fraude? Sí, lo hubo, lo digo y lo dejo muy claro, pero desde luego no esa partida mítica de 680 millones que ustedes dicen”, ha admitido Aguilar en su intervención, aplaudida en pie por toda la bancada del PSOE. El portavoz socialista ha afeado al PP que considere que haya “sentencias que se acatan y otras que no se acatan”. “Uno puede discrepar, pero no atacar al tribunal que las ha dictado. El gobierno de Moreno está siendo irresponsable cuando ataca al Constitucional. Esta rebeldía y desacato constitucional de Moreno ha sido muy grave”, ha advertido.
Desde Vox, el diputado Benito Morillo ha defendido que tras la decisión del TC sobre los ERE “Andalucía será la burla de Europa”. El partido ultraderechista es el que más veces menciona el macrofraude en el Parlamento, pero este jueves estaba a otras cosas, ha tenido un papel secundario, y ha invertido parte de su turno en lanzar dardos al PP y criticar sus acuerdos con los socialistas, como el reciente galardón como trianera del año a la expresidenta de la Junta, Susana Díaz.
Inmaculada Nieto, de la coalición de izquierdas Por Andalucía (ligada a Sumar), también ha dejado dicho que los ERE fue “un gran caso de corrupción”, pero huyó enseguida de las reminiscencias y centró su intervención en atacar duramente al PP por su “falta de respeto a los procedimientos judiciales”, en alusión al bloqueo de cinco años en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
“El PP cuando tiene poder no hace lo que es debido. Ayer sabíamos que ustedes, gobernando España, habían puesto policías a investigar a diputados de Podemos durante dos años para ver si podían minar la credibilidad pública de su adversario político. Usaron los poderes del Estado para espiarles”, le afeó Nieto a Repullo, acusándole de “seguir tirando del hilo de los ERE con muy poco rigor”.
José Ignacio García, portavoz del grupo mixto Adelante Andalucía, disparó a ambos lados: “En Andalucía hubo un enorme caso de corrupción política en los gobiernos del PSOE, no nos pueden hacer ver lo negro blanco”, avanzó. Y acto seguido: “Pero el PP ha hecho un uso partidista del sistema judicial en este caso y en otros. Los ritmos de la jueza Mercedes Alaya [primera instructora del caso] tuvieron el objetivo de beneficiar al PP”. García dejó dicho de los de Moreno que “maneja el poder judicial, que es heredero del franquismo”.
El debate tuvo lugar muy entrada la tarde, fue el último punto del orden del día, y no despertó mucho interés entre sus señorías. Ni Moreno ni Espadas estuvieron presentes durante las intervenciones.