Según la información recopilada por Europa Press, en noviembre de ese año se vivió una situación similar a la actual en la comarca del Campo de Gibraltar, cuando Sánchez inició los trámites para cobrar esta tasa e incluso llegó a colocarse un bordillo en las inmediaciones de la frontera que ocasionó más de un episodio de tensión en la verja. Finalmente no fue posible su puesta en marcha tras ser suspendida por un juzgado de Algeciras (Cádiz) a raíz de un recurso de la Abogacía del Estado promovido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La iniciativa del alcalde linense, que encontró la oposición frontal del PSOE desde el primer momento, fue avalada incluso por el entonces vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP y presidente del PP-A, Javier Arenas, que consideraba que el regidor gaditano había tomado esta decisión en defensa de los intereses del municipio.
Además, Arenas pedía al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro de Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, que interviniese ante la situación del tráfico en La Línea y el resto del Campo de Gibraltar; insistiendo en sus críticas a Zapatero por haber realizado “muchas cesiones” al Peñón y no haber dedicado “ni un minuto” al Campo de Gibraltar. De igual modo, el dirigente 'popular' reclamaba al Gobierno central que repusiese el Estatuto Económico Especial de La Línea.
“ADUANA INTERIOR DE ORIGEN MEDIEVAL”
Pocos meses después, en septiembre de ese mismo año, un juzgado de Algeciras suspendía cautelarmente la instalación por parte del Ayuntamiento linense de dos señales de tráfico que prohibían el giro de vehículos desde el municipio hacia Gibraltar, después de que la Abogacía del Estado presentase un recurso contencioso-administrativo contra la instalación de esas dos señales de tráfico, al considerar que la preparación del peaje suponía una “aduana interior” de “origen medieval”.
Con la colocación de los discos de prohibición de giro a la izquierda en el acceso a Gibraltar se obligaba a todos los vehículos, incluidos los camiones con mercancías peligrosas, a acceder por un mismo carril y una misma cola.
Por su parte, el equipo de gobierno linense anunciaba posteriormente que se allanaba en el proceso abierto a instancias del Estado por el litigio de la señal de tráfico en suelo municipal de La Línea, aunque advertían de que seguirían adelante “decididamente” con el proceso de implementación de la tasa de congestión. Llegaron incluso a realizar un nuevo plan de movilidad de la ciudad, considerado como la base para la implantación de la futura tasa de congestión --conocida popularmente como peaje de Gibraltar--, que perseguía beneficios medioambientales y mejorar la fluidez del tráfico “garantizando el respeto a la libre circulación de personas y mercancías”.
LA ACTUAL ALCALDESA RETIRÓ EL BORDILLO
Finalmente, tras un recurso del PSOE, fue la actual alcaldesa de La Línea, Gemma Araujo (PSOE), acompañada de responsables políticos del Partido Andalucista y de Izquierda Unida, la que el 21 de junio de 2011 procedió a retirar el bordillo instalado en los aledaños del recinto de la Aduana por el anterior equipo de gobierno para el proyecto del peaje.
La alcaldesa señalaba entonces que con ese acto se acababa “con uno de los símbolos del exalcalde del PP Alejandro Sánchez y de su política de hostigamiento hacia Gibraltar” y argumentaba que se trata de una medida “querida y muy esperada por la inmensa mayoría de los linenses”. A su juicio, se eliminaba el “bordillo de la vergüenza para todos los linenses”.