El PP ha reactivado este miércoles en el Parlamento andaluz, “con carácter inmediato”, la comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que salpica al PSOE andaluz por supuestos casos de enchufismo y por el uso de fondos públicos de la Junta en varios prostíbulos de Andalucía. Es la tercera vez que los populares ponen en marcha esta comisión a las puertas de una campaña electoral.
En la lista de 20 comparecientes que el PP llamará a declarar al Parlamento vuelven a aparecer los nombres de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y número uno del PSOE por Sevilla en las generales del 23 de julio; y José Antonio Griñán, ex presidente de Andalucía, enfermo de cáncer y pendiente de un informe forense que determine si debe ingresar en prisión para cumplir una condena de seis años por malversación en el caso ERE.
Los dos ya fueron llamados a declarar en las anteriores convocatorias de la comisión, pero rehusaron hacerlo. En el caso de Montero, ésta es la tercera vez que el PP la cita a comparecer ante una comisión de investigación en Andalucía. La primera vez que rehusó acudir, amparándose en un informe del Consejo de Estado que exime a los ministros de rendir cuentas ante parlamentos autonómicos, la entonces presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (Ciudadanos), presentó una denuncia penal contra ella por incomparecencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la archivó dando por válido ese informe que Montero volvería a usar un año después, tras otra citación del PP, pero que previamente había usado también una ministra del PP, la titular de Empleo Fátima Báñez, para esquivar su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre las irregularidades en los cursos de formación, en 2016.
El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha explicado que plantean esta nueva citación en la comisión de la Faffe como “una segunda oportunidad” por si hubieran cambiado de opinión o quisieran aportar alguna novedad, pensando en Montero, Griñán, pero también el ex consejero de Empleo condenado y en prisión por el caso ERE, Antonio Fernández. Los populares argumentan a favor de la citación de Griñán, pese a su situación médica y procesal, porque la Justicia “aún no ha determinado” nada sobre su diagnóstico clínico.
En la comisión de investigación del caso ERE ya se llamó a declarar al Parlamento a acusados que estaban en prisión y salieron para comparecer, caso del ex director de Trabajo de la Junta y principal imputado de la trama, Francisco Javier Guerrero.
Tres veces en campaña
La comisión Faffe se constituyó, por primera vez, en la última legislatura con un Gobierno socialista en Andalucía, por exigencia de Ciudadanos, que entonces sustentaba al Ejecutivo de Susana Díaz. El procedimiento se dilató durante meses, coincidiendo con la campaña de las andaluzas en 2018 y luego con las generales de 2019, ya con un Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. Pero el dictamen final no llegó a aprobarse en la pasada legislatura porque el presidente Juan Manuel Moreno disolvió la Cámara y convocó elecciones una semana antes del Pleno que debía hacerlo.
Moreno abrió la precampaña de las andaluzas convocando a la prensa a las puertas de un prostíbulo abandonado en Sevilla, donde tuvieron lugar los pagos con dinero público del director de la Faffe. Su primer Gobierno, sustentado por Ciudadanos y Vox, reactivó la comisión de investigación, citando a comparecer a la ministra Montero y a los ex presidentes Manuel Chaves, Griñán y Díaz 48 horas antes de la jornada de reflexión de las elecciones generales de 2019.
El pasado febrero, ya en este mandato, el PP volvió a registrar una solicitud de reabrir la comisión de investigación, con el objetivo de “incorporar, actualizar o completar” aquel trabajo inconcluso, pero decidió aparcarla para que “no interfiriera” en la campaña de las elecciones municipales del 28 de mayo. Ahora reactivan el proceso en paralelo a la cuenta atrás para las generales de final de julio, dicen, “porque no podemos estar al albur de lo que decida Pedro Sánchez”.
La semana que viene está previsto que los miembros de la comisión de investigación parlamentaria presenten un plan de trabajo, cada grupo aportará su listado de comparecientes y estos serán citados con 15 días de antelación, para que acudan a la Cámara previsiblemente durante las dos semanas de campaña de las generales, según calculan fuentes parlamentarias. Los únicos grupos que participarán de esta comisión serán PP y Vox, ya que las tres formaciones de izquierdas han anunciado que no formarán parte de un proceso “cuyo único objetivo es desgastar electoralmente al adversario”.
La comisión de investigación en el Parlamento va en paralelo al proceso judicial, que estos días ha vuelto a la actualidad con la comparecencia ante el juez del ex director de la Faffe, Fernando Villén. Villén reconoció haber gastado en cinco prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz 32.566 euros de dinero público con cargo a la tarjeta de crédito de la agencia andaluza, entre 2004 y 2010. El fiscal le reprochó que no admitiera con quién se los gastó y si había algún otro alto cargo de la Junta con él. El PP también ha citado a Villén al Parlamento para hacerle las mismas preguntas (éste ya declinó responder a preguntas la vez anterior).
La nueva vida preelectoral de esta comisión parlamentaria no será un simple trámite para aprobar el dictamen final que quedó en el aire con el adelanto de las elecciones pasadas, como inicialmente había anunciado el PP. Los de Moreno quieren actualizar el señalamiento de altos cargos socialistas, empezando por la ministra de Hacienda, ligados a un turbio caso de clientelismo y malversación de fondos.
Aquel dictamen, aprobado en comisión con los votos del PP, Ciudadanos y Vox, señaló a los ex presidentes socialistas Manuel Chaves, Griñán y Susana Díaz como “responsables políticos” de las “irregularidades” denunciadas en torno a la Fundación Faffe, adscrita a la Consejería de Empleo, que funcionó entre 2003 y 2011 y fue disuelta años después. El documento hablaba de una “corrupción institucionalizada y vomitiva” que estuvo “diseñada para evitar controles y amañar contratos”, y se detenía especialmente en el asunto del gasto de dinero público en prostíbulos.
Moreno empezó su campaña electoral para las autonómicas de 2018 a las puertas de uno de esos puticlub, el Don Angelo de Sevilla, abandonado y medio derribado. Las conclusiones de la primera comisión de investigación se lanzaron en la precampaña de las andaluzas, y el desarrollo de las comparecencias en el Parlamento se solapó con la campaña de las segundas generales que tuvieron lugar en 2019.